30 de marzo de 2016
La quita de retenciones a las exportaciones del sector minero resta recursos al Estado y los transfiere a las grandes empresas y multinacionales que dominan la producción. Expectativas en los gobiernos provinciales. El impacto ambiental y la resistencia vecinal al desarrollo de los emprendimientos.
A cielo abierto. En la mina de Bajo La Alumbrera, situada en el departamento catamarqueño de Belén, se extrae fundamentalmente oro y cobre. (SUBCOOP)
En Toronto, Canadá, todo fue optimismo. De los funcionarios nacionales, de las provincias con recursos minerales, del centenar de empresarios argentinos (muchos de ellos ejecutivos de las multinacionales que operan en el país). Y, por supuesto, de las megacompañías, para las cuales la Argentina empezó a brillar con luces verdes en sus mapas de oportunidades.
Mientras se realizaba la Annual International Convention & Trade Show Prospectors & Developers Association of Canada, conocida como pdac, el gobierno de San Juan anunciaba una multa de poco más de 145 millones de pesos a la emblemática Barrick Gold, por el derrame de solución cianurada de la mina Veladero en uno de los afluentes del río Jáchal, en setiembre pasado. «Es la sanción más alta que se ha impuesto en el país», resaltó el gobernador Sergio Uñac. Sin desmerecer el castigo –que incluyó el procesamiento de nueve directivos de la firma– no pocos analistas lo consideraron exiguo (apenas 9,3 millones de dólares), ante el daño producido y en comparación con el giro de negocios de la Barrick. Lo mismo opinan los vecinos que integran la asamblea «Jáchal no se toca». En un encuentro cuyo lema fue «nuestra vida y el agua de nuestro pueblo no valen 145 millones. Cierre, remediación y prohibición», plantearon su queja al ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, y rechazaron la propuesta del funcionario quien dijo que habrá minería pero con control de su impacto ambiental. En esa reunión los vecinos de Jáchal echaron al diputado nacional del pro, Eduardo Cáceres, a quien acusaron de representar al sector minero.
En todo caso, el contraste entre ambos escenarios expresa los claroscuros que rodean a la actividad. Y junto con otros matices tanto o más conflictivos, en especial el delicado flanco ambiental, define el contexto de la minería, hoy fuertemente favorecida por las medidas tomadas por el gobierno nacional.
La más resonante de esas modificaciones normativas fue la decisión de eliminar las retenciones a la exportación. El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, defendió el cambio y afirmó que «no es un beneficio para las empresas multinacionales, ya que hoy exportan 117 pymes». Desde luego, en su entusiasmo el funcionario prefirió no sopesar la enorme diferencia de magnitud entre las operaciones de unas compañías y otras. Los otros dos argumentos que se repiten en la Casa Rosada para sustentar el trato preferencial al sector son: que «es necesario atraer inversiones de calidad al país, para desarrollar el potencial que Argentina tiene»; y que «las inversiones mineras dan empleo».
Así, a las polémicas reavivadas sobre el adecuado, escaso o nulo control sobre el impacto en el medio ambiente, se suman las advertencias sobre el giro del modelo sectorial hacia una mayor concentración, reprimarización productiva, extranjerización y endeudamiento de la economía. En rigor, ante la rebaja de impuestos en una magnitud estimada en 230 millones de dólares anuales y la mejora en casi 60% del tipo de cambio, muchos analistas no dudan en evaluar que se consagra una drástica y regresiva distribución de ingresos.
Axiomas
El nuevo reparto de la baraja se respalda en el viejo axioma neoliberal: hay que crear un «clima de negocios» para atraer capitales, particularmente externos, y así generar riqueza en beneficio general. El secretario de Minería, Daniel Meilán, afirmó por lo pronto que «requerimos casi 400 millones de dólares anuales para ir encontrando recursos (con trabajos de exploración), que normalmente están más enterrados que en el lado chileno». Precisó además que «tenemos casi una veintena de proyectos en etapa de prefactibilidad y factibilidad, que requieren de inversiones cercanas a los 20.000 millones».
En la feria pdac, la más importante del mundo en la materia, los funcionarios argentinos exhibieron la riqueza en cobre, plata, oro, aluminio y litio, mientras se trabaja con uranio y con tierras raras, entre otros recursos. Un estudio de la consultora kpmg añadió el potencial de minerales de demanda ascendente en el mundo, como el silicio y el grafito.
El secretario Meilán viajó a Canadá acompañado por empresarios y por el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y de Catamarca, Lucía Corpacci, además de otras autoridades de La Rioja, Jujuy y Mendoza. Durante su presentación en la pdac lamentó el incumplimiento de la Ley de Inversiones Mineras (sancionada en 1993 con el impulso de los entonces presidente, Carlos Menem, y ministro de Economía, Domingo Cavallo). A juicio del funcionario macrista, no haber sostenido esos lineamientos «provocó una desaceleración, al bajar casi un 75% la oferta exploratoria en territorio argentino».
Asamblea. Vecinos de Jáchal, provincia de San Juan, reclaman la prohibición de la minería tras el derrame tóxico en el yacimiento Veladero. (Nacho Yuchark/Lavaca)
Hay que recordar que Meilán ya ocupó la misma Secretaría durante el gobierno menemista, entre 1995 y 1999 (aunque era subsecretario desde 1993). Mano derecha de Meilán es Mario Capello, un profesional ligado con la canadiense Barrick Gold, y los despachos de su secretaría suman a otra decena de ejecutivos de distintos niveles, hoy a cargo de las políticas públicas. No extraña, entonces, el encomio a las nuevas facilidades para la actividad minera que, según dicen, vienen a corregir la «flagrante ilegalidad» de haber establecido un impuesto (las retenciones) tras la salida de la convertibilidad. La Ley de Inversiones Mineras había prohibido expresamente la modificación de la estructura fiscal durante el lapso de explotación y hasta el cierre de la mina. Durante la vigencia de las retenciones, con todo, el mantenimiento de importantes márgenes de ganancia disuadió a las empresas de presentar reclamos por la vía judicial.
Carnadas
El anzuelo para inversores va más allá del fin de las retenciones y del odiado «cepo». Reducida su carga tributaria, las compañías mineras ya no deben liquidar en el país la totalidad de los dólares de sus ventas al exterior, a un tipo de cambio que consideraban «atrasado». Y como frutilla sobre la crema, desaparecieron las trabas o cuasi prohibiciones temporarias de liquidación y remisión de dividendos a sus casas matrices.
Ese nuevo panorama alienta fuertes expectativas favorables a los promotores del sector. «El 90,5% de los 435 prospectos que tenemos se encuentran en etapa de exploración, fundamentalmente media, y tenemos en prefactibilidad el 5,7%, que son los 20 o 25 proyectos que requieren financiamiento definitorio para la toma de decisiones», detalló Meilán. Eso significa «unos 15.000 a 20.000 millones de dólares que el país requiere en forma constante en los próximos 5 a 10 años para poner en marcha esos proyectos».
Los emprendimientos en marcha son apenas el 4% del total, lo que ubica al país en una etapa inicial frente a países mineros maduros, como Chile, Perú, Brasil y México. Aun así, en los dos últimos decenios la Argentina tomó posiciones importantes en los rankings mundiales: el 3º lugar en litio; el 4º en boro; el 10º puesto en plata; 14º en oro; 20º en cobre; 21º en plomo; y 25º en zinc. «Todavía tenemos el 75% del territorio por descubrir», se entusiasmó Meilán.
¿Condena?
Por lo pronto, el caso de la condena a la Barrick podría estar marcando una tendencia preocupante a futuro. Un primer punto pasa por la demora en aplicar puniciones a la minera cuando el daño ocasionado era ostensible. Tanto, que el juez federal Sebastián Casanello llegó a disponer que las autoridades «provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados» en la zona sanjuanina afectada, y ordenó el análisis de sangre a los vecinos, para comprobar la presencia de metales pesados.
La sanción llegó seis meses después del siniestro y también desnudó la puja de jurisdicciones judiciales entre la Nación y la provincia, un diferendo que no debería descartarse en próximos episodios.
De momento es esperable que las nuevas condiciones reactiven, junto con el desarrollo minero, las protestas populares y locales. Son emblemáticos los casos de Agua Rica (de la Yamana Gold) en Andalgalá (Catamarca), donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó rehacer el informe de impacto ambiental. O del sur salteño, donde avanza la instalación de una planta que elabora explosivos para la megaminería.
Otros escenarios podrían incluirse pronto, por ejemplo en Mendoza, donde rige una ley que limitó en 2007 las operaciones de la minería metalífera. Si bien la constitucionalidad de esa norma acaba de ser confirmada por la Corte Suprema, es clara la señal del presidente Mauricio Macri de avanzar con la actividad en toda la región cordillerana.
Esa decidida orientación pronegocios activó las alarmas de las organizaciones ambientalistas, de pueblos originarios y otras, que incluso anticipan su probable ubicación como blanco del reciente protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad, en lo que respecta a piquetes y cortes de ruta.
Huellas. Una actividad de alto impacto. (SUBCOOP)
emáticas las movilizaciones en defensa del agua potable en el departamento riojano de Famatina, donde la Barrick esperaba explotar la mina La Mejicana. En Salta la comunidad aborigen Las Capillas pelea con la compañía minera Piuquén, que alambra tierras de pastoreo. Directivos de Minera La Alumbrera en Tucumán fueron citados a declarar ante la Justicia a mediados de marzo, por una causa penal por contaminación ambiental que lleva catorce años.
La eventual reactivación en el yacimiento de litio de la mina Géminis en San Luis y las protestas de la Unión de Asambleas Patagónicas contra la «megaminería hidrotóxica» y los riesgos de «ecocidio», son otros hitos de un largo listado de conflictos con miras a agudizarse en los próximos meses.
Por lo pronto, la expectativa de una mayor obtención de riquezas, y el cálculo de que una porción se traducirá en regalías para las provincias con yacimientos en explotación y extracción, aceita el visto bueno de las gobernaciones respectivas. Desde esas capitales aducen que la quita de impuestos es de estricta justicia. Hacen suyas, en ese sentido, las cuentas de la Cámara de Servicios Mineros, según las cuales los niveles finales de imposición llegaban hasta 53% (el caso de la mina Veladero, de oro y plata, en San Juan).
Según esa entidad, que agrupa a los proveedores del sector, un proyecto minero a lo largo de su vida dejaba hasta ahora más de la mitad de sus ventas en impuestos, que se distribuían en poco más del 80% para la Nación y algo menos del 20% para la provincia. Lo curioso de la explicación de la cámara es que, pese a las duras críticas a la «presión tributaria», se admite que la rentabilidad del rubro siempre rondó entre 12% y 15%. Ahora, aunque de eso no se habla, el nivel de retorno del negocio se habría incrementado a no menos de 20%.
Los actores de la actividad minera aplauden los avances recientes contra la «inseguridad jurídica», pero no por eso dejan de enumerar «trabas» aún existentes en casos como el mendocino o el de Chubut, donde se prohibió la actividad a cielo abierto. En rigor, son siete las provincias que legislaron contra las explotaciones de minerales metalíferos a gran escala con uso de cianuro (además de las mencionadas, Tucumán, La Pampa, San Luis, Córdoba y Tierra del Fuego).
De todos modos, la expectativa del gobierno y de los empresarios es que la mayor rentabilidad implique una proliferación de proyectos en desarrollo. «En San Juan serán tres o cuatro más», que se sumarán a Veladero, Pascua Lama, Gualcamayo, Casposo, Los Azules y El Pachón, anticipó el titular de la cámara provincial del sector, Jaime Bergé.
—Daniel Víctor Sosa
