Efectos del modelo

Nuevas escaladas del dólar y reiterados aumentos de las tarifas de servicios públicos y los combustibles realimentan la inflación, mientras que la alta tasa de interés golpea a las pequeñas y medianas empresas y extiende el pronóstico recesivo. Ganadores y perdedores.


Números rojos. El Banco Central intenta controlar la cotización de las divisas. (Juan Vargas/NA)

El tablero económico y social no deja de emitir señales preocupantes. Las certezas para el corto plazo –coincidentes en los pronósticos de la casi totalidad de los analistas– preanuncian un deterioro creciente. El frenazo de la actividad económica duraría hasta fin de año, opinan los optimistas. O más probablemente hasta el otoño de 2019, discuten otros con fuertes fundamentos. La recesión es asumida por el gobierno nacional como parte del esfuerzo de «saneamiento» en los frentes financiero, fiscal y externo, y se la deja avanzar sin buscar siquiera algún instrumento que amortigüe su efecto empobrecedor sobre los sectores más vulnerables. Ni el costoso respaldo del Fondo Monetario Internacional –con sus metas incumplibles–, ni las drásticas medidas de ajuste adoptadas por el gobierno servirán para morigerar los estragos que ya causa la inflación, motorizada por la devaluación del peso, la cadena de tarifazos en servicios públicos y los aumentos en los combustibles.
De este modo, asalariados, trabajadores informales, desocupados, jubilados, pymes, una inmensa porción de las capas medias y pequeños productores agropecuarios son los elegidos por el gobierno para descargar el peso del ajuste. En tanto, se cristaliza su modelo de sociedad dual, con un esquema que acentúa la concentración empresaria y define como ganadores a un puñado de oligopolios locales y extranjeros con intereses en la gran industria, el agro, las finanzas, la energía, las telecomunicaciones y la minería.

De acá y de allá
El blindaje mediático-judicial colabora en ocultar una crisis que solo la Casa Rosada insiste en atribuir al empeoramiento de las condiciones financieras externas. Aun sin minimizar tal incidencia –haya provenido de políticas de Estados Unidos o de remezones en Turquía–, lo que quedó al desnudo en los últimos meses fue el verdadero programa de los bloques dominantes. Esto es, la decisión (ya no «gradualista», sino de apuro y con violencia), de consagrar cambios que soporten en forma permanente una estructura de distribución de la riqueza y de los ingresos mucho más regresiva que la vigente hasta 2015. Hacia ese objetivo confluye el ajuste del sector público nacional y el recorte decretado para las provincias, que incluye –más allá de 2019– una severa compresión salarial para empleados estatales y un retraso en obras de infraestructura vial, sanitaria, educativa, hospitalaria y de vivienda. En este último renglón se privilegia el avance empresario a través de los PPP (contratos de participación público-privada), aunque su propio financiamiento ahora está en duda.  
Hoy se reconoce que la gestión económica de la era Cambiemos –de Sturzenegger y Prat Gay en adelante– sumió al país en un claro retroceso, por más que se quiso presentar a su programa y a su equipo de ceo como los más aptos para iniciar un período de crecimiento prolongado. Lo cierto es que la expansión del PIB de 2,7% en 2015 se transformó en una caída de 1,8% en 2016; y el  repunte de 2,9% del año pasado continuará con una baja de no menos de 1% en 2018, al derrumbarse la estantería propia, sin que ninguna «pesada herencia» ni sequía pueda ser mencionada como factor central de la crisis. El repunte inflacionario, el nivel de déficit fiscal, los rojos en la balanza comercial y el balance de pagos, la baja inversión productiva, el deterioro del poder adquisitivo (el salario se desplomará 8% este año, según proyecta Ecolatina), el elevadísimo riesgo país, la merma del empleo formal privado, la caída del consumo, el aumento de la pobreza y otras variables, son en forma inocultable consecuencias de las políticas aplicadas en más de dos años y medio. Por ejemplo, lejos de equilibrar sus cuentas externas y de recoger los beneficios de una prometida «lluvia de dólares» a partir de 2016, el país tuvo que pagar un alto precio, que luego se reveló innecesario, a los fondos buitre. Solo para sentar a la mesa –y servir un suculento plato– a los nuevos financistas externos y especuladores.


FMI. El italiano Roberto Cardarelli es el jefe de la misión del organismo en el país. (Daniel Vides/NA)

En ese contexto, intentan desactivar la rueda de las Lebac por tramos, mes a mes, sacrificando reservas monetarias (con la luz verde del Fondo Monetario) y ofreciendo tasas de interés prácticamente ruinosas para quienes deben tomar créditos.Puertas de salida
La semana del 13 de agosto fue reveladora. Anticipándose a la renovación de Lebacs del día siguiente, el Banco Central elevó en 500 puntos básicos la tasa de interés de referencia, hasta el 45% anual, y prometió no volver a bajarla hasta octubre. La consecuencia es directa sobre los pasivos financieros de las pymes, que ascienden a unos 490.000 millones de pesos y pagan tasas que promedian entre el 50% y 60% anual, según advierten entidades del sector. Con el argumento de «mejorar la eficacia de la política monetaria para combatir la inflación», ya que la no renovación de las Lebacs comporta una permanente emisión monetaria de similar magnitud, se habilitaron, a pedido de los inversores, distintas puertas de salida: nuevos bonos y letras del BCRA y del Tesoro, en pesos y en dólares, y hasta billetes verdes en efectivo, a través de subastas oficiales.  
El martes 14 el ministro Nicolás Dujovne anunció tres medidas para achicar en 65.000 millones de pesos la brecha fiscal. Se eliminó, en primer término, el Fondo Federal Solidario, a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de las retenciones a la exportación de la soja y sus derivados (ver página 18). El gobierno nacional redujo, además, en 66% los reintegros a la exportación, lo cual implica un ahorro fiscal (coparticipable entre Nación y provincias) de  5.000 millones de pesos en 2018 y 29.000 millones en 2019. También se decidió suspender por seis meses la baja en las retenciones a la exportación de aceites y harinas de soja, luego de que la alícuota bajara desde el 32% en 2015 hasta el 23% actual. Los ingresos adicionales para la Nación por esta medida son de 1.500 millones de pesos este año y de 12.000 millones el próximo. Hacienda aclaró que se mantiene la baja prevista en la alícuota de los porotos, que era de 35% en 2015, de 26% hoy y será de 18% en diciembre de 2019, nivel similar al previsto para harinas y aceites.
Los sectores exportadores son los principales beneficiados por la depreciación de la moneda nacional, pero la agroindustria sojera, a su vez, elevó su protesta y alertó que descargará sobre los productores el impacto de la decisión gubernamental sobre las retenciones. Las medidas, con todo, son apenas el anticipo del megaajuste de las cuentas públicas que se plasmará en el proyecto de Presupuesto 2019, y que en un tercio recaerá en forma directa sobre las arcas provinciales. El achique en el Interior se sentirá además por vía indirecta. Se esperan también recortes a través de la eliminación de regímenes jubilatorios especiales, recortes en programas sociales y nuevas pautas privatizadoras. Por eso se anticipa que la discusión en el Congreso Nacional será ardua a partir de la presentación del proyecto de Presupuesto a mediados de este mes. La expectativa oficial es que para entonces se haya tocado el pico de la corrida cambiaria y de la estampida inflacionaria.
El miércoles 15, para fijar la disparada en 30,70 pesos por dólar, el jefe del Banco Central, Luis Caputo, vendió 781 millones de dólares. Al día siguiente subió en 3 puntos porcentuales los encajes para todos los depósitos en pesos (lo que implica una absorción de liquidez de 60.000 millones de pesos) como refuerzo de anteriores medidas restrictivas dispuestas para las entidades financieras. Ese mismo jueves 16 la autoridad monetaria confirmó que avanza en un swap (acuerdo de intercambio de monedas) con China por 4.000 millones de dólares, para reforzar las reservas internacionales.
Y por si todo esto no fuera suficiente, dado que se especula con una nueva suba de tasas por parte de la Reserva Federal de EE.UU., economistas neoliberales ya sugieren que Argentina negocie una línea contingente de salvataje con el FMI (más plata, más compromisos), o bien con la propia Reserva Federal de Estados Unidos, para garantizar el cierre del programa financiero de 2019. Es decir, asegurar pagos a acreedores y aceitar la fuga de capitales.