El achique ecuatoriano

Mientras el sistema sanitario colapsó por la pandemia y crece la pobreza, el Gobierno impulsa recortes en el gasto público, cierre de empresas estatales y flexibilización laboral para enfrentar la crisis. Medidas que ratifican su alineamiento con el FMI.

Quito. Discurso de Moreno desde la sede presidencial, en medio del pico de contagios. (AFP Photo/Ecuador’s Presidency)

La crisis generada por el coronavirus le vino como anillo al dedo al presidente Lenín Moreno: su durísimo plan de ajuste, que provocó un estallido social a fines del año pasado, entrará en su fase más intensa con la pandemia como excusa. A contramano de lo que ocurre en buena parte del mundo, el Gobierno ecuatoriano anunció una serie de medidas que propician el achicamiento del Estado y golpean directamente al bolsillo de los trabajadores.
El plan de Moreno se escuda en los estragos provocados por el coronavirus en términos económicos. «Debemos evitar el derrumbe de la economía nacional», dijo el presidente, en cadena nacional, para justificar un recorte de más de 4.000 millones de dólares en el presupuesto de este año. Del total, casi 1.000 millones corresponden a sueldos de empleados públicos, que verán reducidos sus ingresos a partir de una disminución de dos horas de la jornada laboral. El ajuste también comprende a los docentes, que trabajarán una hora menos por día, con la correspondiente baja salarial.
En el ámbito privado, Moreno impulsó la llamada Ley de Apoyo Humanitario, que legaliza la reducción de la jornada con bajas salariales y la posibilidad de que las empresas modifiquen los contratos laborales, convirtiendo un vínculo de relación de dependencia en una contratación por horas o servicios. El presidente sostuvo que la ley habilita el establecimiento de acuerdos entre trabajadores y empresarios para mantener puestos de trabajo. Desde la vereda de enfrente, los sindicatos denunciaron que la norma elimina derechos adquiridos por los trabajadores y recordaron que, desde que el coronavirus llegó al país, 150.000 personas perdieron sus empleos.
Moreno anunció también el cierre de siete empresas estatales, que incluyen a TAME (la aerolínea de bandera), ferrocarriles, correo y medios públicos. Eliminó, además, 10 ministerios y secretarías, que se suman a los 43 ya dados de baja desde el inicio de su gobierno, en mayo de 2017. Asimismo, ordenó la clausura de cinco embajadas y oficinas diplomáticas, entre las que se encuentran las de Irán y Nicaragua. Todo, según dijo, con el objetivo de generar un ahorro que permita fortalecer el sistema de salud y ayudar a los sectores más vulnerables de la población en este crítico contexto.
Sin embargo, la asistencia fue escueta hasta el momento. El presidente apenas se limitó a lanzar un bono de 60 dólares mensuales para 950.000 ecuatorianos con ingresos bajos, en una población de 17 millones de habitantes, con un 38% de pobres y un 65% trabajando en la informalidad. También impulsó créditos para pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis, y bajó 10 centavos de dólar el precio de la nafta. Eso fue todo.
Donde sí destinó recursos el Gobierno fue al pago de la deuda externa. Solo en marzo puso 341 millones de dólares, con el objetivo de mantener la aceitada relación con el FMI, que exige la implementación de sus recetas neoliberales para seguir desembolsando créditos. De ese modo, Moreno logró un nuevo financiamiento por 1.400 millones de dólares que consideró fundamental para hacer frente a la pandemia, ya que Ecuador no tiene moneda propia –el dólar es el billete de uso corriente– y por ese motivo no puede emitir dinero, lo que representa una enorme limitación a la hora de inyectar recursos a la economía y a los sectores más vulnerables, si ese fuera su objetivo.

Libreto conocido
La decisión de continuar pagando deuda mientras millones de familias atraviesan un durísimo momento provocó el rechazo de la población. Con tapabocas en los rostros, y a pesar de las medidas de aislamiento dispuestas por el Gobierno, miles de personas salieron a las calles en varias oportunidades para cuestionar las medidas de Moreno. «La banca y los empresarios no aportan un centavo», decían algunas pancartas.
Pero el momento no solo es delicado en términos económicos, sino también sanitarios. De acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins, Ecuador es el país latinoamericano con mayor cantidad de muertes por coronavirus sobre el total de la población: al cierre de esta edición, 22 personas por cada 100.000 habitantes habían perdido la vida a causa del COVID-19. La pandemia causó estragos sobre todo en Guayaquil, donde el sistema sanitario colapsó y muchas familias tuvieron que dejar los cadáveres de sus seres queridos en las calles debido a que el Gobierno local demoró entre tres y cuatro días en retirarlos de sus casas.
La crítica situación del país provocó que la imagen positiva del presidente baje de un 77% en 2017 al 19% en la actualidad. El libreto para justificar los problemas de gestión siempre fue el mismo: la «pesada herencia» que recibió de su antecesor, Rafael Correa. Curioso: Moreno formó parte de ese Gobierno, siendo su vicepresidente entre 2007 y 2013, y llegó a la presidencia con el indispensable apoyo del propio Correa.