9 de marzo de 2016
Los comedores comunitarios atienden las necesidades de un número creciente de personas. Cómo impacta la pérdida del poder de compra de asalariados y jubilados.
(Pablo Blasberg)
Denunciado por organizaciones sociales, políticas y académicas, y corroborado en el día a día por cualquier argentino, asalariado o no, el aumento en la canasta alimentaria provocado por la devaluación del mes de diciembre sigue causando estupor y preocupación, sobre todo entre los sectores más sumergidos de la sociedad. Los precios de la carne vacuna, los fideos, la harina de trigo, el jabón en polvo, la yerba y la leche han experimentado, en el transcurso de estos primeros meses de la gestión del gobierno de Mauricio Macri, incrementos que van del 30% al 50%, según estimaciones no oficiales.
La ONG Asociación Consumidores Libres estipula que, solo en enero, el precio de los 38 productos de la llamada canasta básica de alimentos ya había experimentado un aumento acumulado del 26,48%. ¿Cómo se las arreglan los sectores marginados para continuar alimentándose a pesar de las alzas de precios que significaron la inflación de arrastre y la devaluación? El sinfín de comedores comunitarios existentes desde hace décadas volvió a cargar, sobre sus voluntariosas espaldas, la responsabilidad de ayudar a los sectores más castigados de la sociedad.
Vulnerables
Los 300 centros pertenecientes a la Red de Comedores Comunitarios del Gobierno de la Ciudad, creada con el propósito de cubrir la necesidad alimentaria de personas en situación de vulnerabilidad social, no parecen ser suficientes para cubrir los requerimientos de una porción creciente de la comunidad. Miles de comedores de otra naturaleza, como los que promueve la Red Solidaria en todo el país, que se sustentan con la ayuda de particulares más allá de la acción oficial, debieron hacerse cargo una vez más de un rol que sin duda los excede.
Daniel Mansilla, de 46 años, empleado en el área de marketing de una fábrica de cerámicos, colabora con uno en la estación de Haedo llevando los alimentos que le provee la iglesia evangélica de El Palomar. «Ante la necesidad empezamos a darle de comer a 20, a 30, a cada vez más personas; este fin de año llegamos a asistir a un centenar. En general, van los cartoneros que paran en la estación. Voy con la olla en el auto, una vez por semana, y pongo la mesa en el andén», ejemplifica Mansilla, quien también recoge ropa y alimentos para otros dos comedores, en Pontevedra y González Catán, donde unos 80 chicos toman la leche todos los días y almuerzan los sábados.
«En el último tiempo la cosa se complicó. Ropa donan un montón, pero alimentos ya no. Y la gente se va arreglando con lo que tiene», señala. «La mayoría de los comedores los llevan adelante vecinos preocupados por la situación de sus barrios. El de Catán, a principios de año, estaban por cerrarlo, pero empezaron a recibir ayuda del municipio: les llevaron un freezer y comida para todo el mes. En Pontevedra no recibieron apoyo oficial y se las rebuscan con el apoyo de los particulares».
Pasar el verano
Según Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres, la situación actual devendrá en una disminución del poder de compra de los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados, sobre todo los que perciben el haber mínimo. «Los trabajadores en relación de dependencia tienen que esperar la renovación de las próximas convenciones colectivas de trabajo, que serán no antes de mitad de año. Y los jubilados, hasta el mes de marzo, cuando se dijo que se recompondrán sus ingresos. Mientras tanto, van a tener menor capacidad de compra, y en consecuencia, se va a acentuar el proceso de recesión económica», pronosticó consultado por Acción.
«Los sectores más sumergidos van a estar aún peor debido a los aumentos de la primera quincena de diciembre del año pasado. Si a esto se le agrega la quita de subsidios a la energía eléctrica y al gas natural y el aumento en el precio de los combustibles y los medicamentos, sin duda los sectores de clase media, media baja y los sectores sumergidos van a ser los que van a sufrir las mayores consecuencias», dijo.
Frente a una realidad dura y desesperanzadora, los comedores populares se han convertido en paliativo. Polino describe el panorama: «Estamos frente a la realidad de los grandes grupos económicos concentrados, las cadenas de supermercados y las empresas formadoras de precios que son las beneficiadas con la devaluación y la quita de las retenciones», señala. «El gobierno hizo declaraciones a través de sus funcionarios para concretar un acuerdo social entre ellos, los trabajadores y los empresarios. Para ese acuerdo social es indispensable incorporar a las asociaciones de consumidores que tienen experiencia en esa materia. Consumidores somos todos, en consecuencia, en todo acuerdo social no puede faltar la voz representativa de este sector», propone.
Y señala: «La inflación es uno de los problemas clave de la Argentina y para combatirla hace falta un plan de corto, mediano y largo plazo. Lamentablemente hasta ahora nadie habla de ese plan».
—Alejandro Margulis
