El desafío que plantean las calles brasileñas

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El gobierno recibió con preocupación los reclamos. Sin embargo, el PT podría impulsar cambios políticos con respaldo de la ciudadanía.

 

Agenda amplia. Las protestas comenzaron por 20 centavos en el boleto pero había mucho más para reclamar entre los brasileños. (Almeida/AFP/Dachary)

Parece mentira pero Brasil salió campeón de la Copa de las Confederaciones y más que alegría en la hinchada hubo preocupación en la sede del gobierno federal. A 10 años de la llegada del Partido de los Trabajadores (PT) al Planalto, el 1 de enero de 2003, el instrumento político creado por Lula da Silva en los 80, parece incómodo al ver a las multitudes que salieron  a las calles con una serie importante de reclamos que no esperaban en el Gobierno.
Las primeras demandas surgieron en torno del Movimento Passe Livre (MPL) –que desde 2005 viene participando del Foro Mundial–  contra un aumento de 20 centavos en la tarifa de ómnibus urbano, pero luego se fueron sumando otros sectores descontentos de la sociedad brasileña. Es cierto que el llamado inicial partió de blogueros e internautas que atronaron las redes sociales, pero un millón o más de personas participando de movilizaciones en un país poco propenso a ese tipo de protestas no es un dato para minimizar.
Así lo entendió la cúpula del PT, que se reunió bajo la batuta del propio Lula con la presidenta Dilma Rousseff para delinear respuestas rápidas ante un reclamo que, si bien no tiene una caracterización común ni un liderazgo definido, puede socavar el poder político armado en torno del «travalhismo».
Y es aquí donde los analistas más cercanos al oficialismo brasileño, como el sociólogo Emir Sader o el escritor Eric Nepomuceno, desplegaron una serie de cuestiones que el partido gobernante nunca pudo resolver y que había estado barriendo debajo de la alfombra durante una década, ante el apuro por cambiarle el rostro a Brasil como se proponía el metalúrgico.
Uno de los puntos que salió a la luz es que si bien en estos años las cifras incontrastables de la economía revelan que unos 40 millones de personas ingresaron en la clase media y tal vez la mitad pudo salir de la indigencia con planes sociales apoyados por el gobierno, la sociedad cambió radicalmente. Y si antes estaba urgida por resolver el día a día en busca de un trabajo mejor pago o del acceso a beneficios como la salud y la educación, ahora esos mismos sectores comienzan a reclamar que la salud y la educación sean mejores. El PT los incorporó al sistema, ahora quieren profundizar sus derechos, sería la síntesis.
Desde ese punto de vista, no suena descabellado plantear que el boleto del transporte tendría que ser gratuito. Porque, dicen los jóvenes del MPL, en primer lugar es deficiente pero también es parte esencial de la maquinaria de la producción industrial. El trabajador tiene que viajar a su ocupación y eso forma parte también de una sociedad organizada de la que de alguna manera los empresarios debieran hacerse cargo, cuando no el Estado.

 

Marketing deportivo
La otra cuestión que encontró cauce en las marchas que se desarrollaron en las principales capitales del país es el costo de las obras para el Mundial de Fútbol del año que viene y las Olimpíadas de Río de Janeiro de 2016. Lula como presidente y el PT encolumnado bajo su liderazgo, vieron a estos eventos como la coronación de dos períodos de gobierno en los que Brasil pasó a ser la sexta economía del planeta y a integrar los grupos destinados a regir los destinos del mundo en el resto del siglo, como el BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica). Como estrategia de marketing resultaba inobjetable. Lo había hecho la España que crecía en los 80, lo hizo China y hasta Sudáfrica en este siglo. Pero no se tomó en cuenta el costo social que producirían las obras. Ni su costo monetario en medio de un proceso inflacionario creciente.
Es así que diversos colectivos venían protestando en forma puntual por los desalojos forzados en terrenos cercanos al Maracaná y las transformaciones que se hicieron en las favelas cariocas, sin ir más lejos.
En Río de Janeiro, por ejemplo, por esas cuestiones del mercado, la perspectiva de estar en boca de todo el mundo por la realización de dos eventos deportivos de repercusión global, elevó el precio de las propiedades y los alquileres, con lo que la residencia de millones de personas en la antigua capital brasileña es cada vez más cara. Para colmo, la visita programada del Papa para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), agrega presión política y social, porque al encuentro, programado hace más dos años,  ahora se suma que el representante de la Santa Sede será el primer papa nacido en América Latina. Y es un papa que intenta aplicar nuevos enfoques de la Iglesia Católica sobre la pobreza.

 

La cuestión política
En el marco de las protestas también se destapó una olla que el PT buscaba mantener cerrada. No encontró la forma mientras fue oposición y, ya en el poder, al decir de algunos analistas, se convirtió en un partido de gobierno que dejó de lado algunas cuestiones que están en el la base de sus postulados políticos. El sistema electoral brasileño fue elaborado por los militares poco antes de dejar el poder, en 1985. La principal premisa era que nada ni nadie pudiera reformar el paquete que ellos dejaban bien cerrado y con moño. Por eso, es muy poco lo que se pudo avanzar en la investigación de los crímenes de lesa humanidad, entre otras dificultades.
Cómo estará de bien clausurada la posibilidad de cambios reales para la ciudadanía que el PT sólo llegó al Planalto después de tejer alianzas con otros partidos, incluso de la derecha menos conveniente. El hacedor de estas coaliciones, José Dirceu, sería luego condenado por corrupción en una causa conocida como el «mensalao», por la financiación a los partidos aliados, en un proceso que puede llevar al estrado judicial al propio Lula.
Por eso Dilma se apuró a convocar a un plebiscito para llamar a una Asamblea Constituyente que promoviera los cambios que le reclaman desde la calle. Es así que elevó al Congreso un proyecto con cinco temas que deberían ser sometidos a la aprobación popular. Entre los ítems figura el fin de las votaciones secretas en la legislatura sobre temas como el juicio político a sus integrantes; el cambio del sistema para las elecciones parlamentarias –con la adopción del voto distrital–, el fin de las coaliciones de partidos para los comicios y el financiamiento público de las campañas políticas.
En la actualidad los fondos para las campañas se obtienen en parte con dinero público pero también mediante contribuciones privadas. El sistema electoral es por voto proporcional y fomenta la creación de alianzas porque es la única forma de lograr gobernabilidad. Hay una suerte de lista sábana por la cual un candidato que obtenga muchos votos puede arrastrar a compañeros de la misma lista a ser elegidos aunque no tengan suficientes votos por sí mismos. El voto secreto, finalmente, es un mecanismo que se convirtió en una trampa porque impide saber qué legislador votó qué cosa. Con la reforma se busca que todos los votos sean conocidos y que cada legislador se haga cargo de lo que apoya.
Como era de esperarse, la oposición también demoró en tomar partido ante el reclamo de las calles. Si hay un sector que abomina de las multitudes es justamente la derecha. Pero no tardaron en montarse en los reclamos, tanto con nutridas columnas de pedidos puntuales en las marchas como desde el Congreso, con argumentos proclives a dejar todo como está sin que lo parezca.  El probable candidato de ese sector para las presidenciales de 2014, el senador Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), lo expresó sin tapujos. Para él, la propuesta de reforma política «demuestra la incapacidad del gobierno a dar respuesta a los reclamos y es una medida populista». Una expresión que choca con los viejos militantes del PT y agrupaciones de la izquierda, que recuerdan la cantidad de proyectos similares que duermen en los cajones legislativos desde hace 17 años.
Para colmo, si la idea es que las presidenciales de 2014 se realicen con un nuevo sistema, la reforma tendría que salir en no más de 90 días, y ya el Tribunal Superior Electoral (TSE) anunció que sólo para hacer un plebiscito se necesita un mínimo de 70 días.

Rousseff. Su imagen sufrió la erosión
de las protestas. (AFP/Dachary)

En cuanto a las demandas por los casos de corrupción, que hace algo más de dos décadas fueron el caballito de batalla del PT en su oposición al presidente Fernando Collor de Melo, los diputados tomaron nota de que deben dar señales de que pueden ser menos corporativos. Según un informe del portal Congreso en Foco, 160 de los 513 diputados y 31 de los 81 senadores enfrentan algún proceso judicial. El personaje más controvertido es Natan Donadon, del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centroderecha aliado con el PT), quien venía esquivando la cárcel con apelaciones judiciales y tuvo que entregarse a pedido de sus colegas.
En esa misma sesión en el Congreso fue desechada una reforma que dejaba el poder investigativo a la policía en detrimento de los fiscales. Esa iniciativa fue cuestionada porque se decía que beneficiaba a acusados de corrupción, pero también le daba un poder peligroso a las fuerzas de seguridad que, como se vio en la represión de las protestas, muy poco cambiaron desde el retorno de la democracia a Brasil.

 

Imagen presidencial
En este contexto, la imagen del gobierno de Dilma, que venía creciendo desde que asumió en 2009 y parecía imbatible, comenzó a sufrir la erosión que emana de las protestas. Y si bien una encuesta de la consultora Datafolha anunciaba una caída en picada de 27 puntos en dos semanas, también reflejaba un apoyo de más del 60% a su proyecto de reforma política. Montados en esta cifra al menos contradictoria, ya aparecen reclamos que directamente pueden inscribirse como una toma de posición política cuando no un intento «destituyente». Fue así que una asociación de propietarios de camiones, el MUBC, anunció el bloqueo de rutas por 72 horas, a partir del 1 de julio. Pedían rebajas en el costo del combustible y de los peajes.
El jefe del Gabinete Civil, Gleisi Hoffmann, consideró que los camioneros buscaban «causar inestabilidad y desabastecimiento para nuestro país en razón de demandas que no pueden ser atendidas», y recordó que los precios del gasoil usado por los camiones ya reciben abundantes subsidios del Estado.
El lock out al gobierno popular de Salvador Allende en Chile hace 40 años volvió a la memoria de muchos de los dirigentes del PT, algunos de ellos conocedores de primera mano de esa realidad porque en el exilio de la dictadura brasileña vivieron en ese país. El desafío de Dilma Rousseff es canalizar la energía que se volcó a la protesta para hacer los cambios que el PT buscó desde sus orígenes.

Alberto López Girondo