Masivas movilizaciones contra el gobierno de Jovenel Moïse agravaron la situación social de un país devastado por continuos desastres naturales y penurias económicas. El intervencionismo estadounidense bajo el pretexto de la «ayuda humanitaria».
27 de febrero de 2019
Mientras los ojos del mundo se encandilan con Venezuela, a poco más de 1.000 kilómetros de distancia tiene lugar una crisis humanitaria que pasa prácticamente desapercibida. Haití, el país más pobre de América Latina, es escenario de huelgas, saqueos y masivas manifestaciones de los que pocos hablan. Devastada por repetidas catástrofes, la pequeña nación caribeña no solo sufre por los avatares de la naturaleza, sino también por la inestabilidad política, las penurias económicas y el intervencionismo extranjero.
La última de las crisis que tuvo el país comenzó en febrero y fue una de las peores en lo que va del siglo. Miles de personas salieron a las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades para pedir la renuncia del presidente –y empresario bananero– Jovenel Moïse, justo cuando se cumplían apenas dos años de mandato. Las protestas, convocadas por un conglomerado de partidos opositores, paralizaron el país y alcanzaron un nivel de violencia tal que obligó a la evacuación del personal diplomático de varias embajadas. El gobierno respondió con una brutal represión, que al cierre de esta edición había producido al menos nueve muertos.
El empeoramiento de las ya durísimas condiciones de vida de los haitianos motivaron las manifestaciones que incluyeron ataques contra comisarías y edificios gubernamentales. Bajo la gestión de Moïse se dispararon los precios de los alimentos, en un contexto de carencias que no admite improvisaciones: según datos del Banco Mundial, casi el 60% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, con apenas 2,41 dólares diarios en el bolsillo. La popularidad de Moïse –que llegó al poder tras unos comicios en los que participó solo el 18% del padrón electoral– venía en picada ya desde julio del año pasado, cuando tomó la decisión de aumentar un 50% el precio del combustible, como parte de un plan de ajuste exigido por el FMI para «solucionar» la crisis económica.
Detrás del estallido
Consultado por Acción, el docente universitario Henry Boisrolin, coordinador del Centro Democrático Haitiano en Argentina, sostuvo que el nuevo estallido de violencia se originó por la falta de legitimidad del presidente y la preocupante situación social. «Hablamos de un pueblo que sobrevive en condiciones infrahumanas. El 70% de la población activa no tiene trabajo y la esperanza de vida no supera los 60 años. En las zonas rurales, más del 60% de la población no sabe leer ni escribir. En las ciudades, esa cifra llega al 50%», sostuvo.
Moïse también quedó bajo la lupa por un caso de corrupción que estalló pocos días antes de que comenzaran las protestas. El Tribunal de Cuentas publicó un informe en el que denunció el desvío de más de 2.000 millones de dólares de Petrocaribe, una plataforma de cooperación energética creada por el fallecido Hugo Chávez y que sirvió para financiar importantes proyectos. El manejo irregular de fondos habría ocurrido entre 2008 y 2018 e involucra a funcionarios de cuatro gestiones distintas, entre ellos el propio Moïse y su padre político, el expresidente Michel Martelly. Desde Puerto Príncipe, Jean Buteau, dirigente del partido Alternativa Socialista, aseguró que el alto nivel de corrupción es otra de las razones de la ira popular. «La gente considera que el país perdió muchísimas oportunidades de desarrollo a causa del robo de fondos públicos. A eso se suma el enorme contraste que hay entre la pobreza extrema de la mayoría de la población y la opulencia en la cual viven los funcionarios de jerarquía».
Como apunta Buteau, la correcta utilización de los fondos disponibles resultaba imprescindible para la tarea de reconstrucción del país, devastado por diversas catástrofes naturales. La más grave de ellas ocurrió en 2010: un terremoto provocó 300.000 muertes, igual cantidad de heridos, 1,5 millones de damnificados y derrumbó edificios públicos, hospitales, escuelas y casas. Nueve años después, miles de haitianos siguen viviendo en campos de refugiados.
Luego del desastre llegó la «ayuda humanitaria», tan mentada por estos tiempos. Al «rescate» del FMI se sumó la llamada Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), para apaciguar conflictos desatados tras el terremoto (ver recuadro). Sin embargo, muchos consideran que la catástrofe solo fue una excusa para profundizar la intervención extranjera a través de la ocupación –con tropas militares incluidas– de un país en el que Estados Unidos siempre mantuvo un férreo dominio. Sin ir más lejos, Moïse fue uno de los mandatarios de la región que, presionado por EE.UU., no reconoció la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Ocurre que, tal como sostiene el docente Boisrolin, tanto la economía como la política haitiana están dominadas por la Casa Blanca. «Los principales recursos estratégicos –explicó– están en manos de EE.UU. Todas las elecciones son manipuladas por ellos, que sacan y ponen presidentes. También controlan la Justicia. El embajador de EE.UU. en Haití es el mandamás del país».
Lo paradójico es que Haití fue el primer país de América Latina que logró su independencia, en 1804, tras liberarse del yugo francés. Más de 200 años después, el imperio es otro, pero la tarea es la misma. Porque, como decía don Arturo Jauretche, «no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro».
