El eco de las armas

Miembro del equipo negociador en la Mesa de Diálogos de La Habana, el referente de las FARC analiza los acuerdos de paz, consignando avances, retrocesos y asignaturas pendientes. De guerrilla a partido político reconocido por el Estado colombiano.

Canciller. El dirigente está a cargo de las relaciones internacionales de la nueva fuerza. (Teresa Alonso)

Rodrigo Granda, «el canciller», es un diplomático atípico; maneja los modos y las formas, pero al estilo FARC: campechano, y como si aún estuviera «enmontado». Es que hace muy poco que estos guerrilleros dejaron las armas para convertirse en partido político. Rebautizadas como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, las FARC emprendieron un proceso de reinserción en la vida civil que recién cumplió dos años. De hecho, varios de sus exmilitantes aún usan sus nombres de guerra. «Dígame Gallopinto», es la respuesta del canciller (cuyo nombre real es Ricardo Téllez, aunque lo dejó de lado cuando adoptó el Granda como nombre de guerra) al preguntarle cómo prefiere que se lo trate. «Así me llamaban los sandinistas en la Nicaragua de los 80», explica, y eso da pie a la anécdota: «Solía llegar a las zonas de enfrentamientos con un traje de ingeniero: casco amarillo, camisa roja y pantalón verde. Los combatientes se asustaban mucho, porque con esos colores a uno lo ven a kilómetros de distancia».
Siendo muy joven, Granda ingresó al Partido Comunista Colombiano y desde allí integró la Unión Patriótica (UP), experiencia que nació en 1985 en el marco de un fallido proceso de paz que dejó un saldo de más de 3.500 militantes (entre ellos dos candidatos a presidente y varios congresistas) asesinados. Quienes sobrevivieron se exiliaron o pasaron directamente a las filas de las FARC-EP. Ese último fue el destino de Granda hasta el 13 de diciembre de 2004, cuando fue secuestrado en Caracas (Venezuela) y trasladado clandestinamente a Cúcuta (Colombia), en donde se anunció la detención del «canciller de las FARC». «Eso de “canciller” fue una invención de los medios para realzar mi imagen, pero no para hacerme un favor, sino para magnificar el golpe a las FARC», explica. Pero luego fue excarcelado en 2007 por orden del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), como parte de los gestos de distensión para liberar a un grupo de secuestrados en manos de las FARC-EP, entre ellos la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Finalmente, formó parte del equipo negociador en la Mesa de Diálogos de La Habana (Cuba) y hoy es una de las figuras internacionales más importantes del nuevo partido, donde integra el Consejo Político Nacional y es jefe del Departamento Relaciones Internacionales.
–¿Cuál es su balance de estos dos años tras la firma de los acuerdos de paz?
–Hubo avances como las garantías de seguridad individuales para comandantes y mandos medios. Esto funcionó bien en un 90%. Pero el esquema mostró falencias en el resguardo de los excombatientes, exmilicianos y de las comunidades en las regiones. De allí la cifra escalofriante de 81 exguerrilleros asesinados. Y eso en el marco de 421 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos, todos asesinados tras la firma de los acuerdos.
–¿Se trata de una inercia de la guerra o hay una sistematicidad determinada detrás de esos asesinatos?
–Nosotros ya tenemos la experiencia de la Unión Patriótica. Cuando, a mediados de los 80, comenzaron los asesinatos, nos decían que se trataba de casos aislados. Y así fueron cayendo compañeros del Partido Comunista o dirigentes agrarios y sindicales en todas las regiones del país. Por entonces había un solo centro de dirección que decidía las muertes. Hoy, en cambio, no se está repitiendo de la misma forma ni en la misma dimensión. Sin embargo, se observa que en los asesinatos de estos últimos dos años hay un hilo conductor: todos son líderes o lideresas sociales y defensores de los derechos humanos con popularidad entre la gente.
–¿Cuál es la actitud del gobierno colombiano frente a estos hechos?
–Generalmente actúan sujetos en moto: sicarios. Típicos de la extrema derecha, narcotraficantes, mafias o paramilitares. Utilizan asesinos pagos para que ejecuten este tipo de acciones, mientras que ellos se quedan en la retaguardia estratégica. Es un karma que cargó tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como ahora el de Iván Duque. Ninguno logra controlar los territorios ni a los grupos paramilitares que allí operan. Se trata de negocios mafiosos, como la minería ilegal, que se han hecho muy fuertes y que están en connivencia con las autoridades civiles y militares de las regiones. Hay un compadrazgo en ello y el Estado no ha podido llegar allí. Es que las áreas que antes controlábamos nosotros, y de las que nos retiramos en virtud de los Acuerdos de Paz, no fueron ocupadas por el Estado –con sus planes de salud, educación, carreteras o vivienda–, sino que fueron tomadas por actores ilegales. El Estado allí ha fallado incluso en cuestiones básicas como hacer presencia a través de un juez o una autoridad civil. Apenas han desplegado fuerzas militares. Y allí donde operan estas economías ilegales existe un terreno fértil para la connivencia de delitos.
–Las FARC-EP cumplían funciones de Estado paralelo en los territorios que ocupaban. ¿Cómo se combinaban esas funciones con la guerra de guerrillas?
–Durante la guerra nosotros decíamos que había que construir poder desde abajo. Y en cierta medida, en las aéreas de influencia nuestra quienes ejercíamos el poder real éramos nosotros. Y en esas áreas resolvíamos asuntos de linderos, parejas conyugales y cuidado del medio ambiente a través de reglas y legislaciones propias. También hicimos carreteras, puentes y escuelas.
–¿Cómo procesaron a nivel interno el impacto de pasar de ejército guerrillero a movimiento político legal enmarcado ahora dentro del Estado colombiano?
–El impacto ha sido bastante fuerte y, muchas veces, hasta traumático. Basta con decirle que hay compañeros que jamás antes habían comprendido el valor del dinero. Muchos otros no conocían los centros urbanos. Son casos minoritarios pero reales. Por otro lado, la mayoría de los exguerrilleros tenían cubiertas sus necesidades básicas por la organización. Me refiero a botas, uniformes, trajes de civil, útiles de aseo, o el «vicio», como le decimos a los cigarrillos o los festejos y bailes para distender el trajín de la guerra. De modo que pasar de un mundo de cooperación a un mundo de individualismo fue muy complejo para la tropa.
–¿Cuáles son los factores que explican los casos de deserción al proceso de paz por parte de militantes que decidieron volver a las armas?
–No hay una causa única. A nivel de los mecanismos internos de las FARC-EP, hubo reuniones en el Estado Mayor Central, en las Asambleas de los Bloques y en los distintos frentes. Luego celebramos la Décima Conferencia Nacional Guerrillera en donde determinamos por unanimidad que la confrontación armada con el Estado colombiano iba a concluir. Y también decidimos que nos íbamos a relanzar como partido político para generar cambios a través de medios pacíficos y electorales. Pero usted seguro se refiere a los casos más sonados en la prensa como el del desertor «Gentil Duarte». Él estuvo en la Décima Conferencia, y también estuvo en las negociaciones de La Habana (Cuba). Ahora, ¿cuál es la motivación para salirse del proceso de paz? En algunos casos está el temor a que el Estado incumpla su palabra, a lo que también se añade el temor a ser extraditado a los Estados Unidos.
–Con respecto a la extradición, ¿cómo impactó la detención en abril de este año del excomandante Jesús Santrich por una causa de narcotráfico ocurrida luego de la firma de los acuerdos de paz?
–El impacto fue muy fuerte. Una puñalada al corazón del acuerdo de paz. Eso fue una provocación enorme de la DEA de los Estados Unidos, montada conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación aquí en Colombia. Fue calculado para causar el mayor daño posible al proceso de paz. Y fue precisamente desde que se produjo la detención de Santrich que las cosas han venido retrocediendo.
–¿Y hoy cómo son los vínculos del partido FARC con la comunidad internacional?
–Están en su máximo nivel, aunque se nos coartan las posibilidades de movilización internacional, pues todavía penden sobre nosotros órdenes internacionales de captura y circulares rojas.