La mitad de los chicos argentinos tiene sus necesidades básicas insatisfechas. Mientras el poder adquisitivo de la Asignación Universal cae por la inflación, persisten problemas estructurales como la mortalidad por causas prevenibles. Políticas públicas y criminalización de la infancia.
28 de junio de 2017
Casi uno de cada dos niños en la Argentina es pobre. Tal es la conclusión, brutal, enorme e inapelable, que se puede extraer de los últimos informes sobre la situación social actual. El más reciente fue elaborado por Unicef. De acuerdo con el organismo, en nuestro país son pobres unos 5,6 millones de chicos. En la misma dirección, tanto el Indec como la Universidad Católica Argentina (UCA) coinciden en que si de ingresos se trata, el promedio es superior al 45%. De esta forma, los datos delinean un escenario más que alarmante, donde se plantean algunas preguntas iniciales, como cuál ha sido el resultado efectivo de las políticas de los últimos diez años si aún casi la mitad de la infancia en nuestro país no tiene sus necesidades básicas satisfechas y qué respuestas está dando hoy el gobierno nacional, cuyo interés hasta ahora parece girar en torno a criminalizar la infancia pobre.
Haciendo números
La medición de Unicef corresponde al último trimestre del año pasado y fue realizada en base a los datos proporcionados por el Indec. Los números son más que dramáticos. En total, 1.300.000 chicos están en una situación de indigencia y la pobreza afecta al 47,7% del universo infantil. Incluso la tasa aumenta al 85% cuando el niño reside en un hogar cuyo jefe o jefa está desocupado y al 65% cuando es un asalariado informal. «A esto se suma una población muy grande que permanece alrededor de esa línea de pobreza y que hay que tener en cuenta, dado que en una economía tan fluctuante, cualquier movimiento en el ingreso de esas familias genera personas que salen o que caen en dicha situación», sostiene Sebastián Waisgrais, especialista en monitoreo del organismo y responsable del relevamiento.
«La situación es muy delicada. La población infantil es una de las más vulnerables porque justamente los hogares con menos recursos son los que concentran la mayor cantidad de niños», señala por su parte Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, cuyo informe publicado hace tan solo dos meses ofrece cifras igual de alarmantes. Según dichos datos, la propensión a la pobreza absoluta en la niñez alcanzó el 48,8%. Es más, si se observa la evolución de los valores, en 2016 crecieron a un ritmo que casi duplica el promedio bajo el cual la pobreza venía ascendiendo desde 2011. A su vez, estas cifras coinciden con un relevamiento publicado por el propio INDEC, en cuya evaluación sobre el segundo semestre de 2016 se informa que el 45,8% de los niños de 0 a 14 años se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Pero, además de las conclusiones en base al nivel de ingresos, los estudios arrojan mas datos interesantes. Por ejemplo, en otro de sus informes, Unicef advierte que si bien el trabajo infantil cayó en comparación con las cifras experimentadas antes de 2005 y los niveles de alfabetización y escolarización llegan a un 99%, el país aún se enfrenta con grandes problemas estructurales, como la permanencia de enfermedades respiratorias entre las principales causas de mortalidad infantil a pesar de ser hoy fácilmente prevenibles con un sistema sanitario adecuado.
Verdad y consecuencia
Y es aquí donde, a pesar de que la comparación con otros años resulta difícil dado que no se cuenta con datos oficiales del período anterior, la pregunta asoma inevitablemente. ¿Debe la pobreza infantil entenderse como resultado del contexto actual o estamos ante un problema estructural de larga data en nuestro país? Y, en todo caso, ¿cuáles han sido entonces las consecuencias de las políticas sociales adoptadas durante la última década? «La situación de los niños durante estos últimos años se vio negativamente impactada. Esto se debe, sobre todo, a que los niveles elevados de inflación redujeron el poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora constituía la principal medida para combatir la pobreza, o más precisamente, la indigencia», evalúa Waisgrais, quien plantea lo que sin dudas constituye uno de los puntos centrales que se pone en debate en torno a las políticas de Estado para hacer frente a la infancia pobre.
Implementada hace ya siete años, la AUH ha sido valorada por diversos sectores sociales por su operatividad y su impacto. Basado en una lógica que buscó hacer extensivo el régimen de asignaciones familiares a los niños y adolescentes que no estaban alcanzados porque sus padres no pertenecían al mercado de trabajo formal, y organizado sobre una práctica que apuntó a fortalecer a la familia colocando la titularidad en cabeza de las madres, el programa planteó un avance innovador y altamente superador frente a los otros planes sociales. «La AUH supone una novedad en materia de seguridad social, al extender una de sus prestaciones a una población excluida del mercado de empleo formal. Es decir que la política dual para incluidos y excluidos se unifica en una sola. Anteriormente los niños recibían distinto tipo de protección del Estado, según la situación laboral de sus padres y, paradójicamente las políticas más débiles iban a la población que necesitaba más respaldo», afirma la socióloga e investigadora del Conicet Mora Straschnoy, quien ha trabajado sobre el tema. En su opinión, la asignación además es superadora de otras políticas que la precedieron, como el Plan Jefes y Jefas o el Programa Familias, por el nivel de cobertura –actualmente cubre entre 3,8 y 4 millones de niños y niñas–, la inscripción permanentemente abierta y su actualización periódica.
Respuestas diferenciadas
Un estudio realizado en 2015 por un equipo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y de la Universidad Nacional de Tres de Febrero conducido por Bernardo Kliksberg e Irene Novacovsky demuestra, por otro lado, que no desalentó el empleo, en la medida que representa una parte importante pero no esencial de los ingresos en los hogares a los cuales va dirigida. «Hay demasiado mito. Desde Unicef venimos haciendo una investigación donde se observa que no ha generado desincentivo a trabajar», desliza Waisgrais. No obstante, considera que hoy la política se enfrenta con grandes desafíos: «Hay casi 1.600.000 chicos elegibles que no la están percibiendo por diferentes motivos, en algunos casos porque viven en poblaciones rurales dispersas, en otros porque tienen problemas con su documento. A esto se suma una reducción en el impacto frente a los niveles de inflación. En este contexto, además de aumentar considerablemente el valor, se le debería poner más inteligencia. Es decir, articularla como una respuesta diferenciada. No es lo mismo un hogar con un padre con ingresos bajos que una familia monoparental. No podemos tener una prestación plana cuando esto no se da en la realidad». Para Straschnoy, habría también que trabajar sobre el control de las obligaciones que se les pide a quienes la perciben: «Hay evidencia de que el 75% de los casos donde no se certifican estas condicionalidades es por dificultades para realizar el trámite de acreditación y no por la falta de asistencia a la escuela, por ejemplo».
No se puede negar que durante los últimos años la Argentina avanzó de manera significativa en la ampliación de los derechos del niño. Numerosas medidas adoptadas en los ámbitos de protección social, así como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), establecieron un nuevo paradigma de protección integral y reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho, cristalizado con la sanción de la Ley 26.061. La norma, aprobada en 2005, supuso el abandono del viejo modelo del patronato, que sostenía fundamentalmente la judicialización de la infancia pobre (ver Regresiva…). Es, de esta forma, como frente a esta concepción se impuso una nueva estructura legislativa que básicamente planteó limitar la intervención del Estado en las cuestiones que atañen a los niños o adolescentes.
Sin embargo, el reciente interés por parte del gobierno nacional de promover la baja en la edad de imputabilidad pone puntos suspensivos a estos avances. Si bien la inmediata respuesta que generó la iniciativa desde distintos sectores de la sociedad obligó al oficialismo a postergar el debate, la instalación del tema alimentada por el discurso de los medios masivos haciendo hincapié en la «delincuencia juvenil» claramente supone un retroceso. «Estamos cambiando el eje de la discusión. Son muy pocos los chicos de menos de 16 años que están en el sistema penal. Las últimas cifras hablan de unos 82 chicos en una situación de encierro vinculada con un delito. La asociación entre niñez e inseguridad en términos mediáticos es muy efectista, pero no está basada en datos», concluye Waisgrais.
«La confianza de los pequeños nos obliga a ser grandes. Es su futuro lo que está en juego, y nuestras decisiones deben ir más allá de cualquier diferencia», dijo Mauricio Macri, en una de las tantas frases elípticas que engrosaron su discurso en la apertura de las sesiones legislativas este año. Pese a una vocación innegable por hacer hincapié en la importancia de las estadísticas, el presidente no dio números. Mucho menos habló de estas cifras. No obstante, desconocer que se trata de un problema estructural que trasciende las políticas de ajuste de solo un año puede resultar falaz. El porcentaje de pobres así lo demuestra. Al respecto, si bien la Asignación Universal por Hijo constituyó una respuesta transformadora, hoy parece no alcanzar y exige una reorientación en el debate, con políticas e iniciativas que ante todo reconozcan la prioridad del tema.
