El gobierno anunció que implementará un plan piloto para utilizar la versión corporativa de la red social en la administración pública, lo que pondrá información sensible en manos de una empresa extranjera. La soberanía y la privacidad, en riesgo.
13 de mayo de 2016
Encuentro en Suiza. Macri se reunió con Sheryl Sandberg, segunda de Facebook, durante su visita a Davos en enero de este año. (Presidencia)
Las redes sociales quieren que nos sintamos cómodos, que no tengamos necesidad de irnos a ningún lado. Para eso construyen jardines cerrados en los que podemos distraernos, encontrar amigos, satisfacer nuestro voyeurismo, enterarnos de eventos o leer contenidos que, ellos saben, nos interesarán. El negocio de estas redes sociales es quedarse con nuestra mirada y ofrecerla a los avisadores que adornan nuestras pantallas con publicidad. Facebook es un ejemplo paradigmático de este modelo de negocios basado en captar la atención desde celulares, tabletas, computadoras, con servicios de video, noticias, streaming, chat y más. Para ellos es fundamental ampliar ese jardín hasta que no necesitemos salir de él.
Facebook (fb) sin duda ha sido exitoso en su estrategia; 1.500 millones de personas activas mensualmente, un quinto de la población mundial, pasan tiempo en su plataforma y suman los contenidos que permiten ubicar publicidad. También ha logrado que para mucha gente la red social e Internet sean una sola y la misma cosa. Pero siempre se puede ir por más. El año pasado la corporación lanzó Facebook at Work para ubicar a la red social también en el espacio laboral donde su uso era resistido o, incluso, castigado. Desde allí se puede acceder a las mismas funciones que en el fb tradicional: leer novedades, compartir archivos, enterarnos de eventos, chatear, etcétera; solo cambian el ámbito de uso, los colores y el énfasis en nuevas herramientas de trabajo online. La corporación del pulgar celeste insiste en que las plataformas mantienen las cuentas de los usuarios separadas para que no se mezcle la información personal con la laboral. Por ahora (solo por ahora, advierte la empresa), la plataforma es gratuita y no tiene publicidad. Existen otras redes para empresas como Yammer, adquirida por Microsoft por 1.200 millones de dólares en 2012, o Slack; pero Facebook cuenta con una enorme base de usuarios propios, un trampolín que facilita el salto al mercado.
Si bien hasta ahora la plataforma ha sido testeada por unas pocas empresas (Heineken es una de ellas), el presidente Mauricio Macri dio un paso más allá de lo que probablemente hasta la propia corporación pensaba posible: propuso su uso en el ámbito público, más precisamente en el Estado argentino. Así lo anunció tras su visita a Davos en enero pasado, luego de encontrarse con Sheryl Sandberg, la segunda de fb después de su fundador, Mark Zuckerberg. Casa Rosada informó: «El Presidente le transmitió que desde el Ministerio de Modernización se lanzará el plan Piloto de la plataforma de red social interna “facebook at work”» (sic). En caso de obtener resultados satisfactorios, el gobierno piensa expandir su uso a otros sectores del Estado.
La decisión, vista desde la superficie, aporta un aire de renovación y agilidad a una gestión que busca una imagen innovadora. Muchos gobiernos, incluido el anterior, usaron las redes sociales para generar un diálogo directo con la sociedad, pero usarlo dentro del Estado para comunicaciones internas es llevar las cosas a otro nivel. Por eso las críticas surgieron inmediatamente e incluso la diputada de Proyecto Sur, Alcira Argumedo, realizó un pedido de informes que aún debe ser respondido. ¿Cuáles son las objeciones? En primer lugar está la necesidad de garantizar la privacidad de los empleados. Como explica el abogado Rodrigo Iglesias, especializado en derecho informático, Facebook at Work (faw) «no respeta el artículo 12 de la ley de protección de datos». Esta ley busca «la protección integral de los datos personales […] sean éstos públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43 […] de la Constitución Nacional». El artículo 12 prohíbe la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países que «no proporcionen niveles de protección de datos adecuados». Como explica Iglesias, «los servidores deben estar en territorio nacional porque nuestra ley de protección de datos personales prevé inspecciones con petición judicial y para esto deben cumplir con la correspondiente inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos». Estados Unidos ni siquiera tiene una ley de protección de datos personales. «Hay un punto crucial: identificar la correcta ubicación de las bases de datos y ante quién, dónde y cómo podrá ejercer sus derechos el titular del dato». ¿Cómo haría un juez argentino para que se informe lo que hay en los servidores si estos se hallan en jurisdicción extranjera, para peor, incierta? «Es mucho más simple tener servidores en la Argentina que fuera de la Argentina, más cuando el Estado va a ser quien proporcione los datos personales», cierra Iglesias.
Espionaje para todos
Más allá de este derecho está la necesidad de proteger datos sensibles del Estado, como puede ser la elaboración de un llamado a licitación o un nuevo plan de salud que puede interesar a actores privados. Luego de las revelaciones del exagente de la National Security Agency (nsa), Edward Snowden, ha quedado más que claro que las grandes corporaciones de los ee.uu., desde fb a Microsoft, pasando por Yahoo! o at&t, comparten información con los servicios de inteligencia. En una de sus filtraciones se supo que la nsa espiaba puntualmente el Ministerio de Minería y Energía de Brasil y compartía esa información con Canadá. También se supo que espiaba a presidentes de países como México o el mismo Brasil, además de supuestos aliados como la canciller alemana. Tanto el espionaje puntual a políticos extranjeros como el monitoreo masivo a través de corporaciones que gestionan nuestros datos están comprobados. Facebook reveló en su informe de transparencia de 2013 los pedidos de los gobiernos para obtener datos de los usuarios: mientras la mayoría de los países oscilaban en torno a los 1.000 pedidos, en los Estados Unidos sumaron «entre 11.000 y 12.000». También se supo que la mayoría de las empresas no podían dar a conocer las presiones sufridas bajo pena de ser consideradas cómplices de terrorismo. Algunas más pequeñas debieron cerrar sus puertas por negarse a colaborar.
El otro argumento contundente es que la Argentina cuenta con una industria de software bastante desarrollada que genera importantes divisas: en 2016 se calcula que exportó por 6.000 millones de dólares. Pablo Ferrante, asesor de Alcira Argumedo y redactor del pedido de informes mencionado más arriba, decía: «Hay empresas argentinas que pueden dar el mismo tipo de servicio. ¿Por qué contratarlo en el exterior si se puede dar trabajo a argentinos que desarrollan servicios similares?». El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aún no compareció al Congreso a responder las preguntas de los legisladores sobre este tema.
No solo los políticos expresaron su preocupación: desde la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (facttic) explicaron por medio de un comunicado que faw «pone en peligro datos sensibles del Estado, no se adapta a las necesidades del mismo, no genera desarrollo local e implica una dependencia tecnológica». Más adelante sintetizaban: «Esta medida confunde innovación con un consumismo tecnológico».
Desde el Ministerio de Modernización no se respondió a los pedidos de aclaraciones por parte de Acción y las objeciones siguen sin saldarse. Al comunicado oficial solo se sumaron las posteriores declaraciones del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, a la revista infotechnology.com. Allí aseguró que se trata «solo de una prueba piloto» y que van a probar distintos servicios sin «casarse» con ninguno. Mientras desde el gobierno sigan dispuestos a «probar» el servicio, todo indica que su uso no está descartado, pese a las objeciones provenientes de distintos sectores cuya primera impresión fue clara: pulgares para abajo.
