El gigante sudamericano está sumergido en una profunda crisis política tras el desplazamiento de la presidenta elegida por 54 millones de ciudadanos. El gobierno de Michel Temer se encuentra a la deriva, alcanzado por múltiples denuncias de corrupción. El rol de Lula y las perspectivas del PT.
15 de junio de 2016
Movilizados. Multitudinaria marcha en San Pablo. Militantes del PT protestan en calles y plazas de las principales ciudades de Brasil. (Schincariol/AFP/Dachary)
Es tan profunda la crisis brasileña y tan errático e impredecible el rumbo de los acontecimientos que cualquier análisis sobre papel corre riesgo de desactualizarse durante el giro mismo de las rotativas. Sorpresa, desconfianza, conmoción son tres palabras que tampoco alcanzan a describir por sí solas lo que ocurre con el sistema político de Brasil en medio de la tormenta que enfrenta. La suerte de la presidenta Dilma Rousseff y del Partido de los Trabajadores (PT), que parecía sellada hace apenas dos meses, puede ahora cambiar y el proceso de juicio político acaso no resulte como lo esperaban los responsables del golpe institucional.
Es que quienes empujaron de su silla a la mandataria electa por 54 millones de votantes enfrentan un doble laberinto. Prometieron limpiar un gobierno y son ellos los que están manchados hasta el cuello, con tres ministros que duraron en sus cargos lo que un suspiro, acusados en la Justicia. Propusieron medidas económicas de ajuste y privatizadoras que benefician a una minoría acomodada y, lejos de mantenerlos en el poder, pueden causarles una rápida fuga. Pero además pretenden demoler la integración regional soñada a partir del Mercosur, otra de las posibles víctimas de una ingeniería no precisamente improvisada. Diseñaron un plan para protegerse, para burlar el veredicto de las urnas, para derrumbar conquistas sociales que favorecieron a los más desprotegidos. ¿Quiénes fueron los que patearon el tablero? Parlamentarios que representan a grupos económicos y mediáticos con apetito de venganza. El poder real, en suma, con el respaldo de sus medios de comunicación.
De no haber nuevos cambios, a mediados de agosto se sabrá el destino de Dilma. Se había abierto un plazo de 180 días para todo el procedimiento, pero ese tiempo se reducirá a casi la mitad, acorde con las pretensiones del presidente provisorio Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Quien acompañó en el binomio presidencial a Rousseff necesita que la situación se resuelva rápido, urgido por el escaso apoyo de la ciudadanía que ha cosechado hasta ahora. «Es una circunstancia bastante incierta», admite Amílcar Salas Oroño, doctor en Ciencias Sociales (UBA) y Magíster en Ciencias Políticas (Universidad de San Pablo, Brasil). Para Salas Oroño, «si bien algunos relevamientos muestran un aumento en la desconfianza hacia la gestión de Temer y una mejora en la imagen de Dilma, es muy prematuro anticipar la atmósfera social en los próximos meses, todo dependerá de cómo siga el caudal de movilizaciones contra el golpe y de cuánto resista el actual gobierno las tensiones de los inestables intereses que conjuga». Más optimista se muestra Juan Manuel Karg, politólogo y becario doctoral del conicet, quien afirma que Dilma conserva aún su capital político. «Su fortaleza es haber sido votada por la mayoría de los brasileños hace solo un año y medio, ella puede demostrar que su gobierno, aún con errores, fue legítimo, en contraposición con el acuerdo de cúpulas de la coalición que ungió a Temer». Otro analista experto en asuntos del país limítrofe, Ricardo Romero, vincula el apuro en el proceso de juicio político con una recuperación moderada pero sostenida del PT. «Hasta ahora el PT caía en picada y parecía agonizar, pero las irregularidades del impeachment que fueron advertidas por la ciudadanía y la debilidad del nuevo gobierno le hicieron recuperar parte de su caudal, por eso Temer no quiere darle a sus adversarios más oxígeno para que sigan creciendo, y el tiempo es oxígeno», opina Romero. Por otra parte, las posibilidades de un reposicionamiento del oficialismo desplazado están puestas en las elecciones municipales de octubre próximo. Si el PT retiene ciudades claves como San Pablo y logra arrebatarle al Pmdb algunos distritos, Temer pendería de un hilo.
Escuchas letales
Para destituir a la presidenta harán falta las manos alzadas de 54 de los 81 senadores del cuerpo. Cuando tuvieron que decidir sobre la apertura del proceso de juicio fueron 55 los votos que permitieron el inicio de la investigación. Desde este análisis, la primera mandataria debería mantener el número de su ajustada tropa y convencer al menos a dos de quienes la suspendieron para que modifiquen su actitud. Uno de ellos, el exfutbolista Romario, célebre por sus gambetas en la selección pentacampeona del mundo, adelantó que podría mudarse de lado. Recientes cuestiones políticas y económicas avalarían más probables cambios de voluntades.
Sonrisas. El presidente interino en una reunión con senadores, quienes tendrán que decidir la suerte de la mandataria desplazada. (Fernando Bizerra JR)
Una sucesión de escuchas telefónicas se desató al revelarse una conversación en marzo de este año entre el entonces senador Ricardo Jucá –del mismo partido de Temer– y Sergio Machado, exfuncionario «arrepentido» en la operación Lava jato (Lavado rápido), sobre corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras. El audio deja en evidencia que Jucá –principal impulsor del impeachment en la Cámara Alta– buscaba quitar a Dilma del poder para «frenar la sangría» contra dirigentes de su partido, acusados de numerosos ilícitos. Ese plan, según el senador, contaba con el visto bueno del máximo órgano judicial del país (Supremo Tribunal Federal) y tenía la aprobación de las Fuerzas Armadas.
Quedó en evidencia que la destitución de Rousseff no pretendía transparentar las instituciones democráticas, sino, lisa y llanamente, asegurar la impunidad de los que la acusaban en nombre de la honradez. Iban a desplazar no –como decían– a quién favorecía la corrupción, sino a quien, en verdad, constituía una amenaza contra los sospechosos. Otra grabación entre el mismo Machado y Renan Calheiros, presidente del Senado, confirmó la hipótesis. Allí, el arrepentido sugiere un pacto de olvido una vez que Dilma deje el palacio de Planalto, y Calheiros acepta, pero pidiendo que el nuevo gobierno quite el sistema que permite a los presos por corrupción obtener mejoras en su situación si delatan a sus cómplices. Jucá buscaba terminar con la persecución; Calheiros, eliminar directamente a los denunciantes. Temer había nombrado a Jucá Ministro de Planificación y tuvo que echarlo al divulgarse el escándalo.
La situación del hombre fuerte del Senado, donde se decidirá el futuro de Dilma, se volvió de extrema fragilidad, y sus colegas parlamentarios tampoco la pasan mejor. «Si hay cinco políticos que no estén involucrados en la corrupción, es mucho… Nos van a devorar a todos», había pronosticado Machado en uno de los audios. Y tuvo razón: por el contenido de las escuchas, el Fiscal General de la República pidió la detención de Jucá, Calheiros y Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, suspendido tras encabezar el proceso de juicio político en el Parlamento. El ministerio público solicitó además que se aprese al expresidente José Sarney (1985-1990), actual senador, también por querer frenar el caso Petrobras.
Líder. Lula es el dirigente político mejor posicionado ante un escenario electoral. (Almeida/AFP/Dachary)
Calheiros y Jucá son los nombres propios de los puntos débiles del presidente interino. «Ajuste» es el sustantivo que también socava a Temer. «Dios me puso una misión, que es salvar al país de la crisis», sostuvo al anunciar su plan económico. En la búsqueda de reducir el gasto público, se pospuso cualquier aumento de salarios, se adelantó una posible suba en la edad jubilatoria y se canceló la construcción de 11.000 casas para familias de bajos recursos, el proyecto de viviendas populares más significativo de Latinoamérica. Hay indicios de que se bajará el presupuesto del «Plan Bolsa» (de ayuda social) hasta un 30%, lo que dejaría sin beneficios a unas 36 millones de personas. Volvió al ruedo la posibilidad de arancelar estudios públicos universitarios, hasta ahora gratuitos. Y, con sinceridad brutal, el flamante Ministro de Salud de Temer, Ricardo Barros, criticó que la Constitución de su país garantice derechos para los cuales el Estado no tiene capacidad financiera para afrontar. «Por ejemplo, el acceso universal a la salud tiene que ser repensado», sugirió Barros, ya que «debemos llegar a un punto de equilibrio entre lo que el Estado puede brindar y lo que la ciudadanía tiene derecho a recibir».
Olor a petróleo
El avance contra la administración pública busca quedarse con la más valiosa de las joyas brasileñas, Petrobras. Ya hace tres años, cuando se reveló que Estados Unidos espiaba a la presidenta Rousseff en su propio despacho, se conoció que también vigilaba a la compañía emblema del país vecino, propietaria de suculentas reservas submarinas de oro negro.
Hoy, esas noticias parecen cerrar el círculo privatizador, figura que terminó de colorear Willington Franco, secretario de Programas de Sociedades e Inversiones. El funcionario, uno de los favoritos de Temer, razonó que «en la vida, quien fija el precio es el mercado, entonces este es uno de los problemas que vamos a resolver con las nuevas concesiones a privados». Se refería, en principio, a la comercialización de la mitad de los aeropuertos del país, ola que tardará poco en mojar los pies de la petrolera.
El nuevo plan económico empeoró el mal humor general, incluso en sectores sociales medios, descontentos con la gestión de Dilma. Y a los manifestantes contra el plan oficial, los esperará acaso una dura acusación: se prevé aplicar la ley antiterrorista a los que, a criterio oficial, alteren (subviertan) el orden. El gabinete interino ya había dado señales de alineamiento al establishment. El ministro de Hacienda, Henrique Merelles, viene del Banco de Boston; el presidente del Banco Central, Ilan Goldfajn, del Itaú; el Ministro de Agricultura, Blairo Maggi, posee una de las más grandes firmas dedicadas a la explotación de la soja en todo el planeta. La imagen del buen gestor con que asumió Temer se esfumó con otras de sus medidas más resistidas. Mientras pide a su gente que reduzca sus gastos, minimice el consumo y tolere la austeridad, el mandatario provisional agregó 14.000 puestos en la administración federal.
En el juego de la silla del poder brasileño, la calidad profesional y moral de los reemplazantes habla, también, de las dificultades que tuvieron los reemplazados. «El PT puede y debe hacer diversas autocríticas», opina Karg. «Una de ellas tiene que ver con la designación de Joaquim Levy, un ortodoxo de la Escuela de Chicago, al frente del Ministerio de Economía el año pasado; la otra, con la innecesaria división entre sus estructuras partidarias y los movimientos sociales y sindicales que colaboraron con el espacio», sostiene el analista. Para Salas Oroño, el propio Congreso Nacional del PT, en junio de 2015, ya marcaba cuestionamientos internos respecto a las fuerzas políticas a las que el partido se estaba asociando y sobre el rumbo económico asumido en el último tiempo. «Incluso días antes de la votación en el Senado, una resolución del PT ya rechazaba la política de alianzas conformadas recientemente», señala el politólogo.
Rodeada. Dilma Rousseff calificó al juicio político en su contra como «fraudulento». (Almeida/AFP/Dachary)
La debilidad partidaria guarda también una gran fortaleza. El expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011) sigue siendo el político mejor posicionado de cara a los próximos comicios presidenciales, incluso en encuestas realizadas después de la suspensión de Rousseff. Eso, entre otras cosas, explica la persecución judicial a la que es sometido, que incluyó una detención de horas, trasmitida en vivo y en directo por los medios opositores, que hasta trucaron una foto suya esposado. Si lo condenan por el caso Lava jato no podrá ir por la primera magistratura. Pero ese no es el único escollo, sostiene Romero. «Si lo dejan, gana la primera vuelta, pero no parece, hoy por hoy, con chance de salir victorioso en un segundo turno», especula. Más allá de las propias defecciones puertas adentro, la fragilidad parlamentaria del PT se explica en un sistema electoral diseñado por la dictadura hace medio siglo, que todavía sigue vigente, con una modalidad de representación que favorece a las posiciones políticas y económicas dominantes.
Realineamiento exterior
Otra derrota, y cara, se ofrece en el ámbito regional. Es que el nuevo canciller, José Serra, ya había adelantado que la diplomacia de su país no estaría «al servicio de conveniencias y preferencias ideológicas de un partido político y sus aliados en el exterior». En su visita a la Argentina, cuyo gobierno fue el primero que reconoció formalmente a Temer como presidente, Serra había dejado en claro los asuntos estratégicos que desarrollará, al proponer «flexibilizar el mercosur, para que cada miembro pueda negociar acuerdos de libre comercio con terceros países y bloques». El gobierno interino no ocultó sus deseos de acercarse con premura a la Alianza del Pacífico que –bajo impulso y supervisión de Estados Unidos– conforman México, Perú y Colombia. Con centro en Washington, la Unión Europea y Japón, la dirección que busca imponer Serra deja en punto muerto al grupo brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que venía trabajando –entre otras cosas– en la creación de un banco internacional.
Pese a los conflictos, parece prematuro dar por muerto al PT, la fuerza que creó 14 millones de puestos de trabajo, sacó a 40 millones de personas de la pobreza, fomentó medidas contra una desigualdad a la que, se decía, había que acostumbrarse. Tamaños logros tambalean, pero quienes los llevaron a cabo siguen de pie. Con errores propios en el proyecto original, sin duda. Pero, con chances de revertir un proceso irregular, llevado adelante por quienes no respetan la democracia.
