20 de marzo de 2013
Hace dos años, Marina y Ailén Jara hirieron con un arma blanca a un vecino que intentó violarlas. Desde entonces están presas, pese a sus problemas de salud y al estado depresivo que atraviesan.
Lucha. La ciudad de Mercedes fue escenario de reiterados reclamos de familiares, vecinos y organizaciones políticas y del movimiento de mujeres por la libertad de las hermanas. (El Nuevo Cronista de Mercedes)
Ser mujer, ser joven, ser pobre, ser linda, ser acosada. Así, en medio de estas condiciones transcurren los días para muchas chicas del conurbano bonaerense, en medio de una cotidianeidad que se construye al calor de la falta de oportunidades educativas, laborales y también de justicia.
Ailén y Marina Jara, hoy de 21 y 19 años, alternaban sus días entre el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, cortando el pelo a domicilio, gracias al curso de peluquería que su mamá les pudo pagar con esfuerzo, y trabajando en la parrilla de la esquina de su casa. Nunca en sus vidas habían pisado una cárcel, y por eso estas dos hermanas del partido de Moreno aún no entienden cómo, si ellas sólo se defendieron del hombre que intentó violar a Ailén cuando volvían de bailar, hoy están presas. Nadie en Moreno lo entiende.
La realidad es que desde hace un año y 11 meses y las chicas están privadas de su libertad acusadas de la tentativa de homicidio del vecino Juan Antonio Leguizamón, a quien hirieron con un cuchillo de cocina al querer defenderse de un intento de violación. Leguizamón estuvo internado por el breve lapso de 24 horas, y de la historia clínica se desprende que nunca corrió riesgo su vida.
«Las chicas fueron detenidas rápidamente, nunca obstaculizaron a la Justicia y hasta entregaron el cuchillo. Leguizamón fue considerado en todo momento la víctima, nunca se trató el caso como violencia de género. En la Comisaría 5º de Paso del Rey les armaron la causa y transformaron algo que debió ser lesiones leves, como mucho lesiones graves, en intento de homicidio», asegura Gabriela López, asistente social e impulsora de la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Según relata López, las adolescentes eran acosadas permanentemente por Leguizamón, hasta que una mañana al volver del boliche El Monumental, pasadas las 7, el hombre las aborda con la intención de abusar de Ailén, por entonces de 19 años, incluso les dispara, el primer tiro sale y luego sigue gatillando sin éxito. Las jóvenes intentan defenderse con un cuchillo de cocina que hiere a Leguizamón y le quitan el arma, que nunca fue hallada.
«Leguizamón vende drogas, esto fue incorporado en la causa, tiene antecedentes, estuvo 8 años detenido por robo. Es un personaje conocido en el barrio, incluso, hay testigos que se incorporaron hace unos meses, que sostienen que sufrieron el mismo acoso por parte de este sujeto», señala López.
Rápidamente las chicas fueron acusadas de tentativa de homicidio y detenidas en la Unidad 8 de Los Hornos, y pese a los pedidos de cambio de carátula, tanto el Juzgado de Garantías Nº 4 de Moreno como la fiscal de instrucción Luisa Pontecorvo los negaron, como así también la excarcelación.
Pero la ignominia no termina allí. Hacia fines de diciembre de 2012, las hermanas son trasladadas a la Unidad 5 de Mercedes por una audiencia y alojadas en los denominados «buzones» utilizados como celdas de castigo pero también para los detenidos de otras unidades penales que concurren por cuestiones judiciales. Las dimensiones reducidas hacen de esos lugares verdaderos sinónimos del espanto. Ailén pidió que le dieran elementos para limpiar la celda y evitar de esa manera el agravamiento de una infección ginecológica que estaba padeciendo. Durante su entrevista con un funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia denunció las malas condiciones de alojamiento. Al otro día recibió una fuerte golpiza por parte del personal penitenciario de esa unidad, según contó su madre, Elena Salinas. «Por este hecho hay una denuncia del Comité Contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires», indica López.
Injusticia: parte 2
Hacia fines de enero, el Tribunal Oral Criminal (TOC) número 2 de Mercedes les denegó la prisión domiciliaria a las hermanas Jara pese a los informes psicológicos y psiquiátricos elaborados por la psicóloga Marcela Finocchi, del penal donde están alojadas, en el cual se advierte sobre el riesgo de vida que corren las jóvenes no sólo por el estado depresivo de ambas sino también por el agravamiento de las condiciones de salud de Ailén, quien presentó un hábeas corpus para resolver esta situación.
«Esperábamos que resolvieran la prisión domiciliaria, ya sea dándola o negándola, dilataron la resolución porque consideraron que el informe de la perito era “subjetivo”. Lo que dice Finocchi es que las chicas corren riesgo de vida estando detenidas. Ailén tiene que ser operada pero en el hospital de San Martín de La Plata no tienen cupo y por este motivo volvió al penal», advierte el actual abogado de las hermanas, Isidro Encina, quien anticipó a Acción que buscará resolver esta situación a través de la presentación de un hábeas corpus.
Según reflexionó el letrado, todo este proceso, en el cual los sinsabores y la impotencia son cotidianos, es resultado de un sistema en el cual «los juzgados están abarrotados de causas, donde no se hace diferencia entre un delito común y otro más grave y se pone todo en la misma bolsa. No se analiza la verdad, esto se hace recién en el juicio oral. El hecho de que las hermanas Jara no hayan podido desarrollar la hipótesis defensista, es decir el intento de violación, no les permitió defenderse en el proceso».
Juntas. Ailén y Marina tienen 21 y 19 años y están acusadas de tentativa de homicidio. (El Nuevo Cronista de Mercedes)
Ahora, el TOC solicitó una nueva pericia psicológica al departamento judicial de Mercedes, aunque la defensa presentará también una suerte de informe psicológico paralelo para dejar en claro el riesgo de vida que corren las chicas si siguen detenidas.
«La última respuesta de la Justicia las desanimó mucho, están deprimidas, además tienen miedo de que las cambien de penitenciaría con la excusa de la cercanía familiar. De producirse esto, sería al penal de mujeres de San Martín, de máxima seguridad y denunciado por Juan Manuel Casolati, (secretario de Ejecución Penal de San Martín) por hechos de violencia», comenta López.
Según la asistente social, al pedir un nuevo informe psicológico el TOC desconfía de sus propios profesionales. «Desde el Tribunal argumentan que la pericia de la psicóloga del penal es “subjetiva”, aun cuando Marina no se atendía con esa profesional. Otro de los argumentos es que al no estar medicadas su estado no sería “tan grave”», indica.
A diferencia de lo que cualquier mortal con sentido común podría pensar, cuando las hermanas Jara fueron abordadas por Leguizamón con intenciones de abuso, nadie reparó en que el primer delito partió de este personaje, quien, según señalan desde la defensa, tendría aceitadas relaciones con la policía local. «Un transa de buenos contactos con la Policía Bonaerense», así lo definía López en una entrevista concedida al matutino Página/12 en enero de este año.
Cuestión de clase
Según Encina, fue la propia defensora oficial quien aconsejó a Ailén que no mencionara el hecho, porque en ese momento no estaba tan claro. «Mi intervención es reciente, cuando tomo contacto con ellas, me explicaron que en varias oportunidades Leguizamón intentó abordarlas, ese día volvió a suceder y se defendieron. En tanto, Leguizamón cuando va al hospital dice que “tuvo un problema pasional” aunque no tenía ninguna relación con las chicas, esta situación sólo pasaba por su cabeza. Por otra parte, lo que creo es que tal vez el intento de abuso señalado en el relato de las chicas para la defensora no era un elemento a utilizar».
Para López, «si el hecho hubiera sido protagonizado por hombres se lo hubiese caratulado como riña callejera, no habría llegado ni a la comisaría, lo mismo si las chicas hubieran sido de clase media o alta, tampoco habrían llegado a la cárcel».
El juicio de las hermanas Jara será llevado a cabo por el Tribunal integrado por Fernando Bustos Berrondo, Marco Barski y Graciela Larroque. «Este delito no puede pasar de lesiones graves, que es excarcelable. Además, no corrió riesgo la vida de Leguizamón, dato que surge de la propia historia clínica; le dieron el alta al día siguiente», afirma Encina.
«Estas chicas siempre trabajaron y estudiaron. Marina hacía peluquería a domicilio, estudiaban con el plan FINES; aun cuando salgan de la cárcel van a quedar estigmatizadas, con imposibilidad de conseguir trabajo. El acoso de Leguizamón hacia Ailén venía de años pero ellas no pudieron dimensionarlo. La ley contra la violencia de género es muy buena, pero hay que ponerla en práctica desde las instituciones. Ailén estuvo nuevamente internada en el Hospital San Martín por una infección vaginal, padece problemas ginecológicos desde hace muchos años y ahora se están agravando por la falta de atención. La madre y la abuela tuvieron cáncer de útero, con lo cual está predispuesta a sufrir esta enfermedad. Estas chicas están muy deprimidas, viven la injusticia de la peor manera», concluye López.
—María Carolina Stegman
