26 de marzo de 2019
El Gobierno declaró la «emergencia penitenciaria» a nivel nacional por un período de tres años en los que abordará la creciente sobrepoblación y las deficientes condiciones de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, que se agravaron con la llegada de Cambiemos. La medida fue anunciada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que prevé además la creación de una comisión especial para resolver el «déficit habitacional» en las cárceles. El último informe del Servicio Penitenciario Federal incluía a mediados de febrero a 13.529 internos, unos 1.400 por encima de la capacidad de las prisiones. Además, las cifras oficiales muestran que la cantidad de población presa se ha incrementado en un 30% desde 2015. Así, las denuncias de hacinamiento llegaron a la Justicia y el pasado 8 de marzo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional decretó que les asigne un destino digno a los nuevos presos en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, esta decisión contrata el punitivismo del Gobierno, realzado en un año electoral.
