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En defensa propia

Creadas para revertir los desequilibrios en las relaciones económicas a favor del eslabón más débil de la cadena, en la actualidad las organizaciones amplían su paradigma. Sinergia con actores sociales.

 

Foto: Guido Piotrkowski

A mediados de los años 80 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las directrices para la Protección del Consumidor en el ámbito internacional. Un conjunto de recomendaciones para que los gobiernos –particularmente en los países en vía de desarrollo– creen las condiciones para que los consumidores accedan a un nivel de protección adecuado para la satisfacción de sus necesidades, «reconociendo que los consumidores afrontan a menudo desequilibrios en cuanto a capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación». Con el retorno a los regímenes democráticos en la región latinoamericana, la temática de la defensa de los consumidores comenzó a tener un lugar destacado en la agenda de los gobiernos, la sociedad civil y los medios.
En nuestro país, tras una lucha de varios años, las organizaciones de consumidores lograron en 1993 la sanción de la ley 24.240 de «Defensa del consumidor». Y un año más tarde, con la reforma constitucional, se profundizó aquella tutela al consagrar en el artículo 42 de la nueva  Carta Magna que, «los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno», otorgándole jerarquía constitucional al principio de protección del usuario o consumidor. Así, hoy 15 países en el continente cuentan con leyes de protección al consumidor, mientras que en cerca de una docena tiene rango constitucional.
En la actualidad, las organizaciones que buscan preservar los derechos de usuarios y consumidores han adoptado un paradigma mucho más amplio que hace 30 años, donde la defensa de los consumidores es la defensa integral del ciudadano en su rol de consumidor, constituyéndose en un vehículo social de protección general, vinculado con derechos elementales de la persona  y encuadrados dentro de los derechos humanos.
Claudio Boada es dirigente de la Unión de Usuarios y Consumidores, una organización federal que viene trabajando desde hace varios años en distintas provincias y que cuenta en la actualidad con 15 filiales en todo el país. Las actividades de la Unión no se restringen solo a la atención de la defensa de los usuarios y consumidores a través de actuaciones judiciales y administrativas –individuales o colectivas–, sino que sus puntos más fuertes son la educación y capacitación al consumidor, la participación en ámbitos gubernamentales –como en consejos consultivos– y el cabildeo sobre cuestiones legislativas en el Parlamento nacional.
«¿Qué es consumo?», se pregunta Boada para comenzar a explicar los objetivos de la asociación que integra. «Para el neoliberalismo es igual a consumismo –acceso a bienes suntuarios, podría decirse–, mientras que en realidad el concepto que nosotros manejamos es el de acceso al consumo de los sectores populares, si bien para cubrir las necesidades que todos tenemos (como ropa, esparcimiento, educación), pero mucho más cerca de lo que es la satisfacción de las necesidades básicas, como provisión de  agua y cloacas, vinculado con la salud pública; alimentación saludable, pero no solamente, sino también suficiente y accesible; y energía y comunicación –telefonía, Internet, televisión por cable como servicio público».
Y como asegura el abogado especializado en consumo, y en línea con el paradigma más abarcativo de defensa del consumidor, «no solo concentrándonos en el trabajo legislativo o judicial –a través de las presentaciones– en sí, sino también en tareas de difusión. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires,  llevamos adelante trabajos de capacitación en las distintas comunas porteñas con organizaciones sociales y empresariales, como pequeñas y medianas empresas, cooperativas y empresas recuperadas. Y en ese marco, apoyando procesos que estimamos favorables a los usuarios y consumidores, donde encontramos a las grandes corporaciones de un lado y a los consumidores y usuarios del otro, pero en una alianza estratégica con otros agentes, como las pymes, las empresas recuperadas, los emprendedores y las cooperativas. En esa alianza tenemos que actuar, porque nuestra tarea es mucho más amplia que pensar solamente a un consumidor en una relación económica».
Durante los últimos años, y como consecuencia de la puja distributiva, la pelea con las corporaciones fue bastante dura, y según Boada, debido particularmente a la promulgación de «las tres leyes de fines de 2014 que involucran directamente la defensa del consumidor y le brindan nuevas herramientas y que tienen como objetivo agilizar los mecanismos de control y sanción para evitar abusos por parte de las empresas ( la de abastecimiento, la de creación del sistema de resolución de conflictos y su fuero específico y la creación del observatorio de precios), que en la Legislatura porteña, donde fui asesor, seguimos en detalle y desde donde nos propusimos involucrar en estas políticas de mayores derechos al Ejecutivo de la Ciudad».
Sin embargo, tras la asunción del nuevo gobierno el panorama se modificó notoriamente. «Estamos ante un escenario político, económico y social que cambió notoriamente, pero tenemos que pelear para no perder los derechos conquistados en estos 12 años. Creemos en una participación activa del Estado en la economía. No creemos en la mano invisible del mercado, porque esa mano es siempre la de las corporaciones. Creemos en incorporar nuevos actores en la economía, en el fortalecimiento de las cooperativas, de las pymes, de las empresas recuperadas, de los emprendedores. Creemos que hace falta un cambio en la estructura del mercado y las últimas medidas del Ejecutivo rompen el círculo virtuoso en el que se estaba trabajando. En consecuencia, estamos en una nueva etapa de articulación con todos los sectores que no defienden esta vuelta a los 90, porque sabemos que se vienen tiempos duros».