En el límite

La decisión del Gobierno bolivariano de cerrar parte de su frontera desató acusaciones cruzadas y reavivó conflictos políticos. Las otras disputas territoriales en Suramérica y los desafíos de la integración.

 

Salida. Flanqueados por fuerzas de seguridad, colombianos cruzan el río Táchira con sus pertenencias para arribar a Cúcuta. (AFP/Dachary)

El proceso de integración suramericano lleva más de una década de logros, aunque existen conflictos y asignaturas pendientes que dificultan su avance. Uno de ellos es la constitución de un mecanismo que permita resolver los problemas limítrofes o relativos a fronteras que mantiene abierta la región. En América del Sur persisten actualmente 10 conflictos binacionales que en su casi totalidad se procesan en organismos extrarregionales: son nada menos que las «fronteras calientes» del subcontinente.
El caso más actual y notorio es la por estos días creciente escalada entre Venezuela y Colombia por la crisis fronteriza en la zona de Táchira y el Cauca. Se desató por un ataque armado de contrabandistas colombianos contra una patrulla venezolana, que dejó 4 soldados heridos, y creció hasta llegar a una crisis binacional ventilada con acusaciones mutuas en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Es el capítulo más reciente de un problema que lleva años de discusión pero carente de soluciones. Esta vez, detonó el 19 de agosto último, cuando una patrulla militar venezolana fue emboscada en la ciudad de Ureña, estado de Táchira, al suroeste del país, por un grupo paramilitar colombiano de protección armada al servicio de contrabandistas de la frontera. Caracas denuncia y Bogotá acepta públicamente que el contrabando de alimentos, medicinas y combustible afecta severamente la economía bolivariana por miles de millones de dólares al año, debido a que esos productos básicos están fuertemente subsidiados en Venezuela. Los contrabandistas compran a un lado de la frontera y venden del otro a precios hasta 300 veces superiores, con ganancias millonarias.
El presidente venezolano Nicolás Maduro en esta ocasión atacó el problema desde la raíz: cerró los pasos fronterizos, decretó el estado de excepción constitucional por tiempo indeterminado, militarizó la zona, comenzó un censo de extranjeros y deportó a 1.097 colombianos indocumentados en 10 días, a los que se le sumaron otros 7.000 repatriados por sus propios medios. Paralelamente, realizó allanamientos sobre depósitos clandestinos y decomisó 20.000 toneladas de artículos de primera necesidad y más de 150.000 litros de combustible, según los datos oficiales (ver recuadro).
Maduro anunció que las medidas se mantendrían y eventualmente profundizarían hasta tanto Colombia se comprometa a dialogar sobre una solución conjunta del problema.
Del lado colombiano, las posiciones oficiales fueron algo más erráticas. En un comienzo, el Gobierno del presidente conservador Juan Manuel Santos reconoció el perjuicio que la situación ocasiona a Venezuela, aceptó buscar soluciones conjuntas pero sin ningún apuro. Su parsimonia cambió abruptamente cuando se encontró con una crisis humanitaria de 8.000 personas refugiadas y sin alojamiento en la ciudad de Cúcuta, que a la vez se había quedado desabastecida al cortarse el flujo del contrabando que recibía habitualmente desde Venezuela.

 

Otros intereses
El problema se incrementó cuando los grandes grupos de comunicación exacerbaron la dimensión del conflicto al presentarlo como una afrenta a la dignidad nacional. Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe, enemigo acérrimo de Santos, aprovechó para embestir contra el diálogo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que se realiza en La Habana, y del que Venezuela es uno de los garantes. En la atropellada, Uribe exigió que Colombia abandonara la Unasur porque mostraba escasa voluntad de condenar a Venezuela.
Corrido desde la derecha por su enemigo Uribe y los medios de comunicación, Santos trató de llevar el tema a la OEA como una violación de los derechos humanos de los deportados, pero fracasó cuando el Consejo Permanente del organismo rechazó debatirlo, en una votación dividida, y se limitó a realizar un llamamiento para el diálogo, la concordia y la amistad.
«La derecha colombiana y los medios de comunicación utilizan la crisis fronteriza para sus necesidades políticas internas», dijo a Acción el politólogo colombiano Fernando Arellano Ortiz, director del portal Cronicon.net, especializado en el análisis de la realidad latinoamericana.

Maduro. Ordenó cerrar fronteras y militarizó la zona para combatir el contrabando. (HO/Presidencia/AFP)

Según la mirada de Arellano Ortiz, hay varias jugadas simultáneas en ambos países. En Venezuela, Maduro enfrenta con dureza el conflicto, enmarcado en un delicado proceso político con vistas a las elecciones legislativas de fin de año. En Colombia, «Uribe se opone a las conversaciones de paz en La Habana y aprovecha esta crisis para debilitar el proceso, justamente al tratar a Venezuela como un enemigo y exigir que se la expulse como uno de los garantes de las conversaciones, junto con Cuba y Suecia», explica.
Pero aunque es el más caliente, este no es el único conflicto que enfrentan ambos países. Mantienen una fricción más sorda pero no menos tensa unos 1.000 kilómetros al norte en el golfo de Venezuela (golfo de Coquibacoa para Colombia), al norte del lago Maracaibo, cuya demarcación de límites no resuelven desde su último tratado fronterizo, en 1939, y que ya acumuló 6 situaciones tensas con intervención militar. Allí están en juego grandes reservas de gas y petróleo. No solo con Venezuela arrastra Colombia problemas fronterizos. En su límite sur, con Ecuador, y al norte, con Nicaragua, también los tiene, muchos y severos. El Gobierno de Quito demandó a Bogotá en 2008 ante la Corte Internacional de La Haya por las fumigaciones indiscriminadas con glifosato, el potente agrotóxico, realizadas sobre cultivos de coca en ambos lados de la frontera. Ecuador denuncia que esas fumigaciones afectan el medio ambiente y los poblados cercanos.
Ecuador también reclama pero no obtiene colaboración de Colombia para contener a los desplazados y refugiados, estimados en un millón por el Gobierno, que cruzan desde hace varios años las fronteras para escapar de la guerra civil colombiana, y que presionan permanentemente como un flujo poblacional que se hace incontenible para Quito y los organismos internacionales que lo acompañan.

 

De Norte a Sur
Con Nicaragua, la situación resulta impredecible luego de que el presidente Juan Manual Santos se negara a aplicar el fallo de la Corte de La Haya que en 2012 resultó favorable a los reclamos de Managua sobre el archipiélago de San Andrés y sus aguas circundantes en el mar Caribe. Tras un conflicto de décadas, la Corte internacional entregó las islas a Colombia pero adjudicó a Nicaragua soberanía sobre 90.000 kilómetros cuadrados de aguas cuyo control hasta ahora detenta Colombia. Bogotá rechaza el fallo y exige a Managua que haga lo mismo, para mantener las cosas como están.
En la otra punta del norte suramericano persiste un conflicto limítrofe centenario, esta vez entre Venezuela y Guyana, por un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados conocido como Esequibo, y pródigo en petróleo, gas, uranio, oro, magnesio y diamantes, entre otras riquezas. La crisis se remonta al siglo XVIII, cuando Holanda ocupó los territorios de la actual Guyana, que en 1814 vendió a Gran Bretaña. Londres los ocupó con colonos en 1822 y, pese a las protestas venezolanas, amplió esas ocupaciones en 1840 y 1850.
Por su propia cuenta, y sin intervención de Caracas, el Reino Unido y Estados Unidos acordaron en 1986 en Washington los límites entre Guyana y Venezuela, validados 3 años más tarde con un laudo en París que logró consolidar las fronteras aún vigentes. En 1966 Londres concedió la independencia de Guyana, cuyo nuevo Gobierno asumió el territorio como propio por herencia colonial. La situación mantiene una cuota de analogía con lo que ocurre en el extremo austral del continente, con la persistencia de la ocupación colonial del Imperio británico sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Allí también Londres implantó colonos en la primera mitad del siglo XIX, aunque con la diferencia de que expulsó por la fuerza a los habitantes argentinos antes de imponer, en 1833, a los ocupantes británicos cuyos descendientes aún permanecen en el archipiélago.
Otro de los conflictos limítrofes suramericanos que carecen de un marco político e institucional para ser procesado en la región tiene como protagonistas a Chile y Bolivia. El país trasandino viene desoyendo el reclamo boliviano por una salida al océano Pacífico. Bolivia perdió ese territorio durante la guerra de 1878, posteriormente se firmó un tratado que selló la rendición, en 1904. En esa ocasión, Bolivia entregó a Chile su franja costera de 400 kilómetros sobre el Pacífico y la proyección continental que ahora es la provincia de Antofagasta.
La defensa chilena de ese tratado produjo la ruptura de relaciones en 1978. Aunque comenzó a distenderse en 2006 con la asunción de Evo Morales, volvió a crisparse por la intransigencia del mandatario chileno, Sebastián Piñera. En 2012 Bolivia denunció el tema en La Haya y en 2015 lo planteó en la OEA, debido a la imposibilidad de encontrar respuestas en la Unasur, donde debería estar el marco natural del que el continente aún carece.

Alejandro Pairone