23 de junio de 2015
Los últimos combates y amenazas cruzadas ponen en riesgo el proceso de paz cuyas deliberaciones se desarrollan en La Habana. Entre fuego y metralla, la mesa de diálogo sigue abierta.
Acuerdos. A pesar de los últimos enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército colombiano, los negociadores siguen debatiendo los temas aún pendientes para lograr la paz. (Legaria/AFP/Dachary)
En poco más de 30 meses de diálogo directo, la guerrilla y el Estado colombiano alcanzaron inéditos acuerdos en la mesa de negociaciones que llevan adelante en La Habana, Cuba, pero en las últimas semanas se empantanaron en dos puntos cruciales, de cuya pronta resolución depende el éxito del proceso de paz. En caso de no encontrar una vía de entendimiento puede suscitarse el recrudecimiento de una espiral de violencia de proporciones impredecibles.
Tras 9 meses de contactos secretos, las negociaciones por la paz se iniciaron oficialmente en noviembre de 2012 en Oslo, Noruega, y continuaron luego en La Habana, en torno de una llamada «Hoja de Ruta» compuesta por cinco puntos (Desarrollo agrario integral; Participación política; Narcotráfico; Víctimas; y Fin del conflicto). En los tres primeros ya se firmaron los acuerdos, pero las posturas en torno de los dos últimos parecen tan irreconciliables que llevaron el proceso al borde de la cornisa donde se encuentra actualmente, con nuevos enfrentamientos armados que ocasionaron al menos un centenar de muertos.
Aferrados a sus posiciones, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército Popular (FARC-EP) acusan a la contraparte de poner en peligro las conversaciones, pero se mantienen firmes en la mesa de diálogo y hacen lo posible para mantener ese espacio con vida, como si su destino dependiera de ello.
Los dos puntos del desacuerdo, Víctimas y Fin del Conflicto, encierran una complejidad, significantes y vastedad que excede ampliamente las pocas palabras utilizadas para enunciarlos.
«El proceso de paz no es un proceso de sometimiento ni de rendición. Tampoco puede convertirse en un proceso judicial en el que el Estado actúe como juez y parte. En La Habana no se van a intercambiar impunidades, porque no es equiparable el terrorismo de Estado con el ejercicio del derecho de rebelión. Entiéndase bien: ningún guerrillero está dispuesto a pagar con la cárcel por haber ejercido ese derecho», advirtió en Cuba el comandante de las FARC, Walter Mendoza.
Mendoza explicita la postura de las FARC en torno del punto Víctimas. Si las hubo, ¿quién fue el victimario? ¿La guerrilla o el Estado que combatieron? Básicamente, los rebeldes dicen que se trata de una responsabilidad conjunta que deben asumir las partes del conflicto, que además de insurgentes y Estado debe incorporar a todos los sectores políticos y económicos, como por ejemplo los empresarios y terratenientes que crearon y financiaron a los paramilitares, responsables de masacrar a más de 100.000 personas en los últimos 30 años.
Justicia transicional
«No somos delincuentes y no aceptaremos ser tratados como tales», ratificó otro negociador de las FARC, Pastor Alape, al rechazar el proyecto de Santos para crear una «Justicia transicional», una especie de fuero especial para el posconflicto. Su proyecto fue rechazado por las FARC y por sus enemigos internos encabezados por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, quien, ya enfrentado abiertamente al proceso de paz, advirtió que ningún pacto político podrá quedar por encima del Código Penal.
La diagonal comenzó a tomar forma hace dos semanas con el acuerdo para la creación de una Comisión de la Verdad, que en un plazo máximo de tres años deberá establecer las responsabilidades de todo lo sucedido en la guerra civil durante, por lo menos, los últimos 30 años. Establecida la verdad, argumentan en las filas de las FARC, todas las partes asumirán su parte de culpabilidad y marcharán hacia una Asamblea Constituyente que diseñe la nueva legalidad para el futuro del país, con una paz definitiva.
El otro punto crítico (Fin del Conflicto) es la implementación del alto el fuego. Aunque las negociaciones se realizan en paralelo a las hostilidades, en 2014 las FARC decretaron una tregua que luego fue un alto el fuego unilateral y transitorio, a lo que Santos respondió con una suspensión temporal de los bombardeos que renovó mes a mes. Pero esas movidas parciales encubrían una pelea de fondo.
Las FARC reclaman al Gobierno un alto el fuego bilateral por tiempo indefinido mientras duren las negociaciones. Pero Santos exige un alto el fuego definitivo que exprese la voluntad irrevocable de los guerrilleros para abandonar las armas. Los insurgentes dicen que ello sería renunciar antes de tiempo a su condición de beligerantes armados, equivalente a una rendición que acabaría con su poder negociador.
«Óigase bien y que le quede muy claro a las FARC: no me voy a dejar presionar con hechos infames como este para tomar una decisión sobre el cese del fuego bilateral. La decisión de un cese del fuego bilateral no puede darse, ni se dará, si no es consecuencia de un acuerdo serio, definitivo y verificable de una finalización del conflicto», se plantó Santos el 15 de abril, en el poblado de Buenos Aires, al suroeste de Colombia, mientras recorría un campamento militar atacado por las FARC que dejó un saldo de 11 muertos y una veintena de heridos.
Desde entonces, la violencia fue escalando en forma acelerada. El Gobierno respondió con nuevos bombardeos que mataron a medio centenar de guerrilleros, entre ellos a Emiro Chaqueto y Jairo Martínez, ambos miembros de la comandancia de las FARC y negociadores en La Habana, que al parecer estaban en Colombia realizando lo que llaman «pedagogía de la paz», o sea explicando el proceso a los cuadros medios en el frente.
Dilema. Santos debe lidiar con la derecha y sectores militares que prefieren la guerra. (Legaria/AFP/Dachary)
La guerrilla, a su vez, respondió con atentados sobre infraestructura energética destruyendo torres de alta tensión y dos oleoductos que dejaron a un millón de personas sin electricidad pero, también, paralizaron una destilería y dos puertos durante casi una semana. Ambas partes, de esta manera, utilizan de manera explícita las balas y las bombas para acordar la forma en que deben dejar de utilizarlas, como si la salvación del proceso de paz estuviera depositada en el mismo instrumento que puede destruirlo.
Orden económico
En ese contexto se debate el destino del último proceso de paz que intentan el Estado y la guerrilla para poner fin a una guerra civil que ya lleva 50 años, pero que a la vez es hija de una violencia que se remonta a por lo menos los albores del siglo 20, cuando se definía la estructura productiva y de poderes fácticos que dominó Colombia a lo largo de la última centuria.
El periodista español Ignacio Ramonet, exdirector de la edición global del mensuario Le Monde Diplomatique, entiende que es justamente la ruptura del férreo orden económico, y en consecuencia político, de la Colombia moderna lo que abre las condiciones sociales, políticas, económicas y hasta internacionales que permitirían el éxito del proceso de paz.
Básicamente, Ramonet explica que en los últimos años se produjo un desplazamiento del poder económico real de Colombia, cuyo eje ya no pasa por un puñado de terratenientes (asimilables a la Sociedad Rural en la Argentina) dueños de las riquezas de la tierra, sino que comienza a centrarse en una nueva burguesía urbana ligada con el proceso globalizador, con las multinacionales, y atento a que los mercados mundiales requieren materias primas (metales, hidrocarburos) que su país posee en abundancia pero cuya explotación se dificulta con la guerra civil.
Aunque posee intereses agropecuarios, a ese bloque emergente no le preocupa demasiado que la retrógrada oligarquía vernácula se desprenda de algunas decenas de miles de hectáreas para la reforma agraria, o que exguerrilleros se conviertan en una suerte de Policía Rural, si eso les permite que los oleoductos lleguen a los puertos para embarcarse hacia China, lo mismo que los minerales que Beijing espera con ansiedad.
Facciones enfrentadas
Ese conflicto entre facciones en el interior de la burguesía colombiana también determina representaciones políticas que actúan directa o indirectamente en el proceso de paz con las FARC y, en el corto plazo, con las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De esta forma, mientras el presidente Juan Manuel Santos puede representar hoy los intereses estratégicos de los nuevos poderes económicos emergentes, el expresidente Álvaro Uribe es la cara visible del bloque de poder económico del siglo XX, y a la vez el mayor enemigo declarado de las negociaciones realizadas en La Habana.
También, entiende Ramonet, existen condiciones internacionales favorables, como el respaldo del presidente estadounidense Barack Obama al proceso de paz. Un apoyo que puede cesar en breve con el comienzo de las campañas para las presidenciales de 2016. Así lo hizo saber el nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hasta ahora embajador en Washington. «La paciencia tiene un fin y el tiempo es un elemento fundamental en las negociaciones. Pero el tiempo es finito, tiene límites. Aquí (en EE.UU.) hay una campaña en marcha, larga y muy dura, y que afectará necesariamente los espacios en los que la administración se puede mover».
—Alejandro Pairone
