14 de julio de 2020
El 12 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez asumió la presidencia de facto de Bolivia, dos días después del derrocamiento de Evo Morales. Dijo que en 90 días organizaría elecciones ya que su mandato era transitorio. Pasados ocho meses, y después de haber tomado decisiones de carácter estructural que exceden sus atribuciones, Añez, quien informó que se contagió de coronavirus, enfrenta los efectos de la pandemia mientras encara su propia campaña para las elecciones del 6 de septiembre.
Desde la aparición de la pandemia, Áñez ha desplazado a dos ministros de Salud, uno de ellos envuelto en un escándalo de corrupción por la compra de respiradores al reino de España. Sin embargo, el problema que enfrenta trasciende los cambios ministeriales, ya que es muy difícil que un gobierno de facto tenga autoridad para definir acciones durante una pandemia. Más, cuando Bolivia tiene una población varias veces menor a la Argentina, pero casi la misma cantidad de muertes por el COVID-19 –y cuatro veces más muertes por millón de habitantes– según los informes que brinda a diario la Johns Hopkins University, una institución referente a la hora de tomar datos estadísticos.
Si bien es cierto que los gobiernos de derecha en América Latina con el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, rápidamente legitimaron la presidencia de Áñez, no es menos cierto que varios estudios ratificaron el resultado electoral que proclamaba vencedor en primera vuelta a Evo Morales en octubre de 2019 y cuestionaron el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno actual.
Pero el problema central de Áñez y de quienes impulsaron el derrocamiento de Evo es que el MAS, el Movimiento al Socialismo, sigue siendo la principal fuerza política en Bolivia y su candidato Luis Arce lidera las encuestas de cara a las elecciones. La pregunta es qué harán para evitar su triunfo.
