Las manifestaciones contra el abuso policial que dejaron 13 muertos y más de 300 heridos expusieron la política de mano dura del Gobierno de Duque. Los cortocircuitos con el progresismo y la ONU en medio de las continuas matanzas en el país.
23 de septiembre de 2020
Sin control. Efectivos reprimen a los ciudadanos durante la oleada de protestas contra los excesos policiales, en la ciudad de Cali. (Luis Robayo/AFP)
Con solo dos años de mandato, el Gobierno encabezado por Iván Duque, un delfín del expresidente Álvaro Uribe, atraviesa una nueva ola de protestas con epicentro en Bogotá, y extendidas a otras ciudades como Cali, esta vez por otro caso de abuso policial. El estallido se produjo luego de que se difundiera el video de un procedimiento en donde dos agentes de policía aplicaban reiteradas descargas de pistola Taser contra un civil inmovilizado en el piso, que a los gritos pedía que se detuvieran, y que horas más tarde apareció muerto en una clínica de Bogotá. Se trata Javier Ordóñez, estudiante de abogacía de 46 años y padre de dos hijos, cuyo asesinato desató la indignación ciudadana que se manifestó en la calles, y que en algunos barrios –debido a la sangrienta respuesta policial– derivó en caos con un trágico saldo de 12 jóvenes muertos (entre ellos una menor de edad), mas de 300 heridos y la destrucción de al menos 48 CAIs (Comandos de Atención Inmediata), como se denomina en Colombia a las garitas y puestos policiales.
La crudeza del video que registró el caso Ordóñez y las imágenes de la represión policial desplegada durante las protestas posteriores motivó la reacción de los organismos internacionales. La primera en pronunciarse fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos que catalogó los hechos como casos de «brutalidad y abuso policial». Por su parte, la titular del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció que su oficina está «verificando los casos» en que «el uso excesivo de la fuerza puede haber causado la muerte de hasta 13 personas» además de los 300 heridos, entre ellos, «77 con arma de fuego». Pero la preocupación del Alto Comisionado no es nueva, pues tiene como antecedente una controversia que se produjo en marzo de este año con el Gobierno de Duque luego de la presentación del informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia para 2019. En el texto, ya se indicaba que durante ese año hubo 36 masacres que dejaron 133 muertos, y que en siete departamentos había aumentado el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. A través de su Canciller, Claudia Blum, el Gobierno colombiano respondió que el informe «carecía de sustento» y formulaba acusaciones «inadmisibles», por lo que presentó una objeción formal ante la sede de la ONU por considerar que el documento no reflejaba «integridad ni objetividad».
Más allá de las controversias sobre la metodología y las cifras, el informe planteaba trece recomendaciones que, a la luz de los nuevos casos de violencia policial, cobran vigencia. Así, en la recomendación sobre el control civil de fuerza pública se señala que «de acuerdo con la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la policía, [la ONU] recomienda transferir la supervisión de la policía al Ministerio del Interior». En diálogo con Acción, el abogado defensor de derechos humanos y ex diputado por el Polo Democrático Alterativo, Alirio Uribe explicó que, debido al conflicto armado, «la policía colombiana es una institución adscrita al Ministerio de Defensa que ha sido involucrada con el Ejército para actuar en escuadrones especiales contra el narcotráfico y las bandas criminales», y que por lo tanto «se necesita una nueva policía civilista y democrática para el posconflicto, con reformas en sus manuales de inteligencia y de operaciones».
Violencia estructural
El caso Ordóñez profundizó aún más el escenario de polarización que desde hace años atraviesa el país y que otra vez enfrentó al presidente Iván Duque con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López (centro-izquierda) en cuanto al análisis y tratamiento de los problemas sanitarios derivados de la pandemia y a los que ahora se suman los de seguridad. En el marco de esa tensión, y como suele ocurrir frente a casos de este tipo, el Gobierno creó un «Punto Mando Unificado» conformado por autoridades del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fuerzas Militares y Ministerio del Interior, aunque esta vez le dio un fuerte respaldo a la institución policial. De hecho, en una entrevista el primer mandatario señaló que «los miembros de Policía tienen protocolos muy claros para el uso de la fuerza. Y no es que las personas disparan y no pasa nada. Si alguien no cumple esos protocolos siempre se hacen investigaciones». Los protocolos a los que alude Duque distan de aplicarse. Y la posición del Gobierno queda reflejada en el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, celebrados en 2016 en La Habana. Basta mencionar un dato: según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y en el marco de continuas matanzas contra exguerrilleros y líderes sociales, este año se registraron 57 matanzas con el saldo de 230 personas asesinadas.
En ese panorama, y dentro de una crisis en curso que descolocó a todos los actores (oficialistas y opositores), la postura de López fue la de, finalmente, condenar a la institución policial que, según ella, «desobedeció instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía». Las muertes de Ordoñez y de otros 12 jóvenes, al cabo, expusieron una vez más la violencia estructural que padece Colombia. Todo esto en medio del confinamiento, el crecimiento de contagios por la pandemia de Covid-19 y la dura crisis económica derivada de ella. Mientras tanto, nada indica que no se repitan estos episodios frente a la falta de respuestas eficaces del Gobierno para frenar la escalada de violencia, agravada por mostrarse ajeno al Proceso de Paz.
