14 de mayo de 2014
Casi 30 millones de personas en el mundo son víctimas de algún tipo de explotación. La trata de seres humanos, el trabajo clandestino y la reducción a servidumbre son algunas de sus modalidades.
Dato. Según la OIT, son 5,5 millones las víctimas de trabajo forzoso infantil. Un niño carga ladrillos en Herat, Afganistán. (Karimi/AFP/Dachary)
Pese a la progresiva ampliación de los derechos humanos en todo el mundo, desde mediados del siglo XX a hoy, todavía existen formas de explotación que, en algunos casos, son comparables a la esclavitud. Aunque no se la nombre como tal, la esclavitud moderna está poderosamente presente en la vida cotidiana de todos los países: cuando las noticias hablan sobre la trata de mujeres para explotación sexual, cuando se descubre un taller textil clandestino con familias enteras trabajando de sol a sol por la comida y un techo precario, cuando se desarticula el accionar de terratenientes que utilizan niños para levantar una cosecha o cuando se denuncia que millones de personas en la India son reducidas a servidumbre sólo por pertenecer a una «casta» inferior, se está hablando de esclavos.
En las últimas semanas la cuestión ha vuelto a cobrar actualidad por tres razones. El 25 de marzo se evocó una vez más el Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos (Resolución 62/122 de la Organización de las Naciones Unidas. Ver recuadro). Por otro lado, la demanda de la Comunidad del Caribe (CARICOM), en reclamo de compensaciones por la esclavitud durante la época colonial contra países como Gran Bretaña, Países Bajos, España, Francia y Portugal. Los 15 países caribeños exigen disculpas formales y la condonación de las deudas existentes, así como la repatriación al continente africano de aquellos que lo deseen.
El tema también estuvo vigente a raíz del acuerdo que firmó la Iglesia Católica con miembros del Islam y de la Iglesia Anglicana en el Vaticano. El acuerdo fue suscrito por el argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de Ciencias y de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales; por el anglicano David John Maxon, en representación del arzobispo de Canterbury; por Mahmoud Azab, como delegado del Gran Imán de al-Azhar; y por el presidente de la fundación Walk Free, Andrew Forrest, una ONG que se define como «un movimiento de gente de todo el mundo que lucha para terminar con la esclavitud moderna». En la declaración conjunta se destaca que «la esclavitud moderna y la trata de personas son un crimen contra la humanidad» y que «la explotación física, económica y sexual de hombres, mujeres y niños condena a 30 millones de personas a condiciones inhumanas y a la degradación».
Datos abrumadores
Esta cifra no es aleatoria. En el Índice Global de Esclavitud 2013 –publicado en diciembre y que puede descargarse de la web de Walk Free– se estima que más de 29,8 millones de seres humanos sufren algún tipo de esclavitud, aunque no se los encadene ni se los golpee con un látigo. Estas estadísticas vienen a aumentar las presentadas por la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en junio de 2012 en su Estimación Mundial sobre el Trabajo Forzoso. Dice el organismo internacional: «Según las estimaciones obtenidas con una nueva metodología estadística mejorada, la OIT calcula que 20,9 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, situación en la que se ven atrapadas como resultado de coerción o engaño y de la cual no pueden liberarse. Se trata, al igual que la cifra avanzada en 2005, de una estimación conservadora, dado el rigor de la metodología empleada para medir este delito, en gran medida encubierto. La trata de personas también puede calificarse como trabajo forzoso; por lo tanto, esta estimación refleja el alcance de la trata de seres humanos, o lo que algunos denominan “esclavitud moderna”». Para la ONG Walk Free, esta denominación encuadra: trata de personas (reclutamiento, transporte o recepción de personas por medio de amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción con la intención de explotación); esclavitud (estado o condición de un individuo sobre quien se ejercen los atributos del derecho de propiedad) y trabajo forzoso (trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de algún castigo).
De acuerdo con la OIT, aproximadamente 3 de cada 1.000 personas en todo el mundo estarían sometidas a una situación de trabajo forzoso en algún momento de su vida, siendo las mujeres y las niñas la mayor proporción en ese total: 11,4 millones (55%) en comparación con los 9,5 millones (45%) de varones y niños. Asimismo, los adultos se ven más afectados por este fenómeno que los niños: 74% (15,4 millones) de víctimas pertenecen al grupo de edad de 18 años en adelante, mientras que los chicos de hasta 17 años conforman un 26% del total (5,5 millones de niños son víctimas del trabajo forzoso).
Continúa el informe de la OIT: «Del total de 20,9 millones de trabajadores forzosos, 18,7 millones (90%) son explotados en la economía privada por individuos o empresas. De estos últimos, 4,5 millones (22%) son víctimas de explotación sexual forzada, y 14,2 millones (68%) son víctimas de explotación laboral forzada en actividades económicas como la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico o la manufactura. Los 2,2 millones restantes (10%) están sujetos a modalidades de trabajo forzoso impuestas por el Estado, por ejemplo en las prisiones, o en trabajos impuestos por el ejército de un país o por fuerzas armadas rebeldes».
En la Argentina –además de la intervención de la Justicia en casos de trata de mujeres para explotación sexual–, el Ministerio de Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), son los encargados de detectar el trabajo infantil y casos de reducción a servidumbre –tanto en emprendimientos agropecuarios como en las grandes ciudades– que atentan contra la Ley N° 26.390,de prohibición del trabajo infantil, promulgada en 2008. Hoy existen ya 71 procesamientos por estos delitos (ver Acción N° 1.143).
Problema institucional
Son muchas las organizaciones gubernamentales e internacionales que luchan contra el trabajo forzoso y cada año se firman convenios y cartas de intención para acabar con este flagelo mundial.
El pasado 2 de diciembre, en su mensaje sobre el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró: «Este día se celebra en un momento en que la comunidad internacional está intensificando sus esfuerzos por erradicar la pobreza y elaborar una agenda para el desarrollo después de 2015. Es importante que, al tratar de alcanzar estos objetivos, nos ocupemos en especial de poner fin a las formas modernas de esclavitud y servidumbre que afectan a los grupos más pobres y excluidos de la sociedad: migrantes, mujeres, grupos étnicos discriminados, minorías y pueblos indígenas».
Bangladesh. Uno de los diez países más afectados por este flagelo. (Uz Zaman/AFP/Dachary)
El funcionario también destacó los importantes avances del último año y que varios países han adoptado medidas por una legislación interna más estricta. «Insto a todos los Estados miembros a que ratifiquen la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, elaboren legislación interna sólida y eficaz e impulsen su aplicación sobre el terreno. La colaboración del sector privado en la puesta en práctica de estas medidas es esencial», concluyó Ban Ki-moon.
Ya desde 1926 existe un tratado internacional firmado en la Sociedad de las Naciones (precursora de la ONU) que declaraba ilegal la esclavitud y formulaba un mecanismo internacional para perseguir a quienes la fomentasen o la llevasen a la práctica. En 1953 se firmó un protocolo para transferir a la ONU las funciones de la Convención y tres años después se firmó en Ginebra la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, de la que hablaba el secretario.
Tanto el informe de la OIT como el índice de Walk Free coinciden en que India es el país con más personas consideradas esclavas: más de 14 millones. Le sigue China con 3 millones; Pakistán con 2,2 millones; Nigeria con casi 750.000; Etiopía con 680.000; Rusia con 540.000; y Congo, Birmania y Bangladesh con poco menos de medio millón cada uno. Otros países, aunque no tengan tal cantidad de personas en condiciones de esclavitud, poseen sí verdaderos récords en la medida ponderada, una combinación de la prevalencia estimada de esclavitud moderna por población, nivel de matrimonio infantil y nivel de trata de personas hacia dentro y fuera del país. Los tres primeros son Mauritania, con una medida de 97,90; Haití, 52,26 y Pakistán, 32,11. En tanto que Argentina ocupa el lejano puesto 122, con una media de 4,35.
Para Beate Andrees, directora del Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso de la OIT, hay que ser preciso en las definiciones de este tipo de sometimiento. «La existencia de definiciones jurídicas diferentes, aunque tengan mucho en común, a veces ha creado confusión, y existe el riesgo de que a partir de ahora cualquier forma de explotación sea llamada “esclavitud” o “trata”. Este tipo de “distorsión de la esclavitud”, como lo explica la jurista Janie A. Chuang, asocia ciertas prácticas con una etiqueta que es más extrema de lo jurídicamente correcto». Según la funcionaria, «no todos los niños expuestos a trabajo peligroso son “esclavos”, y no todos los trabajadores que no reciben un salario justo son víctimas de trabajo forzoso». Así, el término «esclavitud» ayudaría a llamar la atención e impulsar acciones en contra de este flagelo pero no serviría a «los pobres y necesitados del mundo a salir de la miseria. La erradicación de la esclavitud o del trabajo forzoso requiere de acciones específicas para cambiar las leyes, llevar a los culpables ante la Justicia, proteger a las víctimas y a los que están en peligro».
Pero a veces no alcanza sólo con las leyes. La urgencia por satisfacer las necesidades básicas lleva a millones de personas a situaciones de esclavitud o semiesclavitud. Según la propia OIT, cerca del 60% de las personas que fueron rescatadas en situación de trabajo esclavo son reencontradas después en las mismas condiciones. El promedio mundial de reincidencia es de cerca del 70%. Así, por debajo de la mala o nula aplicación de las leyes y de la lucha individual por salir de la pobreza y la marginación, subyacen, sin duda, las inequidades de un sistema económico mundial donde el lucro es puesto por encima de cualquier derecho o de la dignidad de las personas.
—Marcelo Torres
