El gobierno exige la realización de un nuevo referendo para determinar la permanencia en el Reino Unido, en virtud de los resultados del brexit. Las crecientes tensiones con Londres y los riesgos políticos y económicos de la iniciativa independentista.
29 de marzo de 2017
Protagonista. La ministra principal, Nicola Sturgeon, previo al inicio de una conferencia del Partido Nacionalista Escocés en Aberdeen. (Wachucik/AFP/Dachary)
Escocia dejó caer su puño sobre el mapa del Reino Unido apenas la Primera Ministra británica, con el aval de la reina Isabel, anunció formalmente el inicio de los trámites de divorcio con la Unión Europea. Desde Edimburgo vuelven a reclamar por el derecho a preguntarle a la ciudadanía si quiere quedarse o no dentro del grupo que incluye a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. «Ya lo hicieron y perdieron», contestan desde Londres a los separatistas, en referencia a la consulta de 2014. «Pero en nuestra tierra el brexit fue rechazado en las urnas», replican los independentistas y ese es el argumento de fondo que esgrime Escocia: si el anterior referendo se realizó con Gran Bretaña dentro de la UE, ahora que los ingleses modificaron el panorama geopolítico debe realizarse un nuevo referendo.
En junio del año pasado, un tsunami electoral arrasaba con todos los pronósticos: la mayoría de los británicos (Br) decidía salir (exit) del grupo de 27 países del Viejo Mundo. Pero en Escocia un 62% de los votantes eligieron quedarse en la UE. Tras aquellos comicios, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, aseguró que la salida de su país del equipo de Bruselas era «democráticamente inaceptable» por contrariar la voluntad popular. Ahora la mandataria exige que Londres le ponga fecha a la consulta y auguró que si Theresa May se muestra inflexible en su negativa, «el brexit se estrellará contra las rocas». Desde la tierra del Big Ben, se pasó de la mesura a la confrontación directa. Es que May no rechazó la consulta, pero la paraliza explicando que «no es el momento». Y acusó luego a Sturgeon de «estar jugando con la política». En Edimburgo imaginan el referendo a principios de 2019.
Hace tres años, el «sí» a quedarse en el Reino Unido se había llevado el 55% de las preferencias contra el 45% del «no». Ahora el panorama es distinto. El Partido Nacionalista Escocés (SNP) ha triplicado el número de adherentes que se entusiasman con encuestas que marcan un empate técnico si la consulta fuera hoy. El gobierno de Sturgeon estudia alternativas ante un rechazo de May o una postergación indefinida de los plazos electorales. Si la mandataria escocesa renuncia, disolvería el Parlamento y haría nuevas y fuertes olas en el ya agitado mar por el que navega Londres. Menos extremo, el recurso de un plebiscito no vinculante es visto con buenos ojos: su efecto político sería en la práctica idéntico al del referendo.
Escenarios abiertos
Escocia no solo quiere romper el mapa, también los moldes. Es que mientras muchos miran con recelo a Bruselas, el país del mejor whisky del mundo está enamorado de la UE. Y dentro del propio conglomerado continental, valoran ese sentimiento, aunque nunca faltan los detractores. España, por caso, teme que se repliquen estas iniciativas en el marco de la disputa con los movimientos separatistas de Cataluña y del País Vasco. Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores español, aseguró que «apoyamos la integridad del Reino Unido y no fomentamos divisiones en ninguno de los Estados miembro de la UE». Aun si prospera, Dastis vaticinó que Escocia «deberá ponerse a la cola del resto de los candidatos para ingresar a la UE y gestionar nuevamente su membresía». Por las dudas, en Edimburgo estudian incorporarse a la Asociación Europea de Libre Comercio, camino que ya trazaron Islandia y Noruega.
Julio Cortázar, nacido en el país que hoy alberga la sede de la UE, decía que el tiempo es una invención del hombre. La instrumentación efectiva del brexit no tardaría menos de dos años. Si Londres quiere dejar «para después» la autorización al referendo, no habría resoluciones sino hasta dentro de cuatro o cinco años. May quiere que los escoceses decidan ya efectivizada la salida de Bruselas, confiada en que los votantes teman elegir la independencia una vez excluidos del club de los grandes. Sturgeon quiere ir a las urnas pronto, con una perspectiva clara de lo que sería estar fuera de la UE, pero antes de que esa salida se concrete.
Las consignas que proponen una Escocia independiente encuentran voces que advierten dificultades presentes y futuras. La economía nacional se encuentra jaqueada por el bajo precio del petróleo, máxima fuente de recursos. Las cuentas públicas registran un déficit que creció un 20% los últimos doce meses. Este contexto no parece el más indicado para que el país no cuente con libras (fuera del Reino Unido) ni euros (sin el acceso inmediato a la UE) y desarrolle su propia moneda.
Es el Parlamento británico el que tiene la llave burocrática del referendo. El procedimiento obliga a que los representantes escoceses tramiten en Londres una cesión de poder hacia Edimburgo y allí se ponga en marcha la consulta. El SNP, con 63 de los 129 asientos de la Cámara, contó con el apoyo de los seis escaños del Partido Verde y logró el primer paso; se resolvió «autorizar al gobierno a promover conversaciones con el gobierno británico al amparo de la sección 30 de la Ley de Escocia para legislar la convocatoria a un referendo».
