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Escudo de protección

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El gobierno reforzó la administración del comercio para evitar los efectos del sobrestock  mundial. Esto también derivó en la necesidad de discutir la renta de las empresas. El caso de las mineras.

Los resultados de la estrategia oficial de administración del comercio continuarán siendo objeto de tratamiento mediático durante los próximos meses. Esa política, consistente en la aplicación de Licencias No Automáticas (LNA), procedimientos antidumping, valores criterio aduaneros y Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), fue profundizándose desde 2009. Ese año, las barreras paraarancelarias alcanzaron al 7,9% de los productos importados desde la Argentina. Dos años atrás, las trabas aduaneras apenas obstaculizaban el ingreso del 2,3% de las compras externas.
A comienzos de 2011, el Ministerio de Industria incrementó en un 50% los productos sujetos a LNA, alcanzando al 14% de las importaciones.
En ese sentido, la reciente implementación de las declaraciones sobre operaciones de importación ante la AFIP profundizó la intervención estatal en el comercio exterior. Estas medidas deben enmarcarse en un complicado escenario mundial dominado por la presencia de elevados sobrestocks de producción generados a raíz del achicamiento de la demanda de los países centrales.

Las reacciones
La política de protección a la producción doméstica cosechó algunas reacciones. En abril de 2010, el gobierno chino contrarrestó imponiendo trabas sanitarias al aceite de soja exportado desde la Argentina. El conflicto, que se extendió durante un semestre, fue superado luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner suscribiera un acuerdo con el ministro de Comercio chino, Chen Deming.
Recientemente, los reclamos fueron realizados por un conjunto de países encabezados por el gobierno norteamericano. En efecto, Estados Unidos, la Unión Europea y otros doce países (Israel, Japón, Corea, México, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Suiza, China Taipei, Tailandia, Australia, Turquía) presentaron una queja informal ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). La protesta se centró en la profusa utilización de barreras paraarancelarias (LNA, DJAI) y en las presiones oficiales para que las firmas radicadas en la Argentina mantengan compensada su balanza comercial. Esa presentación ante la OMC, a diferencia de lo ocurrido en el solucionado diferendo con China, no tiene por ahora efectos prácticos.
La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Nahón, defendió la postura de nuestro país argumentando que las importaciones argentinas durante el año pasado registraron la mayor tasa de crecimiento entre los países del G-20.

«Las compras a África crecieron un 94,3%; a Asia, un 34%; a América, un 29,4%; a Europa, un 28,7%; y a Oceanía, un 25,7%», precisó la funcionaria.
Nahón sostuvo además que las herramientas utilizadas por el gobierno argentino se encuentran dentro del marco regulatorio de la OMC.
En el plano interno, la política oficial recoge sonoros apoyos de los sectores más vulnerables a la competencia externa (textiles, calzados, juguetes y siderurgia, entre otros) y es resistida por aquellos núcleos empresariales que acusan al Gobierno de promover una economía cerrada.
Los datos duros están muy lejos de avalar esa acusación ya que la economía argentina registra un grado de apertura superior al vigente durante la década del 90. El coeficiente de apertura (importaciones más exportaciones sobre PIB) alcanzó el 36% durante el año pasado. En 1998, ese coeficiente no llegaba al 20%. Lo cierto es que la administración
del comercio es una herramienta que todos los países utilizan, en mayor o en menor medida, en defensa de sus intereses. En todo caso, la cuestión central por determinar es si las herramientas elegidas permiten alcanzar los objetivos perseguidos.

Lógica de acumulación

La ministra de Industria, Débora Giorgi, convocó a las empresas mineras a participar de una Mesa de Integración Nacional sectorial para avanzar en la sustitución de importaciones metalúrgicas. A esa Mesa también fueron convocadas las provincias que integran la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi) –Salta, San Juan, Jujuy, La Rioja, Santa Cruz, Río Negro, Mendoza, Neuquén, Chubut y Catamarca– y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina (Adimra).
La iniciativa sigue sin avanzar sobre una cuestión central: la apropiación de la renta minera. Para ello resulta preciso desentrañar de qué manera se pueden sortear las limitaciones emergentes de la ley de Inversiones Mineras, sancionada durante el menemismo. Entre otros privilegios, esa legislación prevé estabilidad fiscal por 30 años, exención de impuestos municipales y provinciales, reducidas regalías, amplias deducciones en el Impuesto a las Ganancias y reintegros por las exportaciones realizadas desde los puertos sureños.
Esas franquicias no son menores en un país en el que los megaproyectos mineros (predominantemente conducidos por empresas trasnacionales) pasaron de 18 en 2002, a más de 600 en 2011. Los principales emprendimientos, por orden de aparición, son: Minera Alumbrera (en 1997); Cerro Vanguardia (1998); Minera Argentina Gold S.A. (2006) –subsidiaria de la canadiense Barrick Gold–; Minera Santa Cruz (2007); Minas Argentinas (2009); Minera Triton Argentina (2009) y Minera Pirquitas (2010).
En un reciente trabajo, titulado Desempeño de la actividad minera metalífera en la Argentina. Renta minera y distribución de los beneficios, el investigador de FLACSO Federico Basualdo calcula el monto de la renta minera generada por dos compañías paradigmáticas: Minera Alumbrera y Minera Argentina Gold. La primera desarrolla sus actividades en los yacimientos de cobre de la provincia de Catamarca y la segunda explota las reservas auríferas de San Juan.
Basualdo explica que la renta minera se desprende de «la diferencia entre la facturación anual, los costos de producción (excepto los impositivos y las regalías) y la ganancia media del capital (calculada tomando como referencia la rentabilidad promedio alcanzada por la elite empresaria de la economía argentina). Sobre este resultado se calcula la participación de las regalías y de los impuestos (apropiación pública de la renta)».

El investigador comienza examinando los números de Minera Alumbrera durante el período 2005-2009. De ese análisis se desprende que esa compañía se apropió del 55,2% de la renta obtenida durante el lustro considerado. La apropiación pública nacional alcanzó el 41,2% y las regalías provinciales alcanzaron un escaso 3,5%.
En el caso de la Minera Argentina Gold S.A., los números son aún más favorables a los intereses privados. En el quinquenio 2006-2010, los ingresos impositivos nacionales representaron el 10,3%, las regalías el 7,3% y la apropiación privada el 82,3% de la renta producida. Basualdo explica que «planteando un escenario hipotético en el cual el Estado
absorbiera el 100% de la renta del yacimiento, las utilidades de la empresa (se refiere a Minera Alumbrera) en 2005, alcanzarían los 90 millones de dólares. Como consecuencia, la tasa de ganancia sería un 10,6%, situación en la cual los resultados obtenidos por la minera trasnacional se ajustarían a la media obtenida por las principales empresas de la economía argentina».
Con algunas variaciones, los resultados se repiten para los años subsiguientes en las dos firmas relevadas. Incluso, en varios períodos, los beneficios empresarios (imaginando que el Estado se apropiara del 100% de la renta minera) alcanzarían niveles muy superiores a los de las principales empresas que operan en la Argentina. Esos números dan cuenta de la pesada herencia dejada por el marco regulatorio de los 90.
«La reforma del marco normativo se presenta como un elemento central de las tareas pendientes en la materia. Desafío que no se diluye con la profundización del esquema vigente a partir de una mayor participación, a través de empresas públicas, de los estados provinciales en los proyectos mineros liderados por el capital extranjero. A su vez, la incorporación de la actividad minera a la dinámica económica local aparece como otro de los desafíos ineludibles, el cual difícilmente se pueda concretar en sociedad con las empresas mineras trasnacionales, las cuales presentan una lógica de acumulación que trasciende las fronteras nacionales», concluye Basualdo.

Riqueza compartida

El Congreso australiano aprobó, luego de un intenso enfrentamiento entre el gobierno laborista y las compañías mineras, un tributo sobre la renta minera. La historia comenzó en 2010, cuando el premier laborista Kevin Rudd planteó que los beneficios derivados del alza de las cotizaciones de los minerales debían extenderse a toda la comunidad australiana.
Entonces, Rudd propuso la implementación de un impuesto extraordinario con una tasa de imposición del 40%.
Las presiones de las compañías mineras, y la falta de apoyo de su propio partido, provocaron la renuncia del premier australiano. A pesar de eso, el nuevo gobierno (encabezado por la laborista Julia Gillard) defendió el proyecto impositivo, aunque reduciendo la alícuota originalmente propuesta al 30%. La oposición conservadora rechazó terminantemente la iniciativa.
El 21 de agosto de 2011, los australianos fueron a las urnas. El reñido resultado electoral alentó las esperanzas de la corporación minera. Las acciones de las empresas involucradas (BHP Billiton, Río Tinto, Xstrata) comenzaron a subir apenas cerrados los comicios. Sin embargo, el laborismo obtuvo los apoyos parlamentarios suficientes para continuar ocupando la sede gubernamental y remitió al Congreso el proyecto de ley aprobado en estos días.
El nuevo tributo le permitirá al fisco australiano recaudar unos 11.213 millones de dólares durante los primeros tres años.

Diego Rubinzal

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