Con una gran presencia de cooperativas, el cinturón verde más importante del país se encuentra, por falta de políticas hacia el sector, en una situación crítica. Trabajo del Instituto Movilizador junto a productores de la agricultura familiar.
26 de julio de 2017
Volver a empezar. Luego de la tormenta, los invernaderos sufrieron severos daños. (Sebastián Casalli)
El cordón de producción hortícola ubicado en las afueras de La Plata, Florencio Varela y Berazategui es el más grande del país y abastece a más del 70% de los consumidores la región. Sin embargo, la recesión económica, el aumento de tarifas, la falta de políticas para el sector y los avatares climáticos lo sumieron en una compleja situación. Hace más de un año que las cooperativas y asociaciones del cordón nucleadas en la Mesa Regional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios vienen denunciando, con cortes de ruta y movilizaciones, la crisis del sector. La tormenta del último 5 de febrero llevó la situación al límite: tres horas de ráfagas de hasta 110 km/h destrozaron las estructuras de los viveros y los hogares de casi 5.000 familias agricultoras que vivían en la zona. «No quedó ni una quinta en pie después del temporal. Sin luz y sin riego perdimos también toda la producción», dice Hipólito Madariaga, de la Cooperativa Moto Méndez de Horticultores Platenses.
Durante el último tiempo, la filial platense del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos fue un eje articulador entre la economía social del cordón y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que, ante la ausencia de políticas para el sector, asumió un rol fundamental en la promoción de estrategias para su sostenimiento. Ricardo Gil, presidente del IMFC La Plata, sostiene que, más allá de la reconstrucción de las estructuras perdidas en las sucesivas tormentas, el cordón frutihortícola necesita políticas para los múltiples problemas que hoy lo hacen peligrar: «La respuesta debe ser integral y merece que todos nos involucremos, incluso los consumidores».
Un problema histórico
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el cordón hortícola y florícola está compuesto por 7.100 hectáreas de invernaderos que abarcan La Plata, Florencio Varela y Berazategui. Se trata del primer eslabón de una cadena que se convirtió en motor de una economía informal que genera alrededor de 20.000 puestos de trabajo. El ingeniero Carlos Pineda, coordinador de Programas del INTA, explica que la agricultura familiar del cinturón verde tuvo una expansión inmensa y sostenida durante los últimos años y que en esta cadena de producción los trabajadores de la tierra fueron siempre el eslabón más débil. «En los años 50, muchos productores apostaron a instalarse en zonas deshabitadas hasta el momento como Olmos y El Peligro, y tras cosechas muy exitosas pudieron comprar las hectáreas que trabajaban, afincarse con sus familias y construir modelos de producción sustentables». Con el aporte de cientos de trabajadores agropecuarios que en la década del 80 migraron desde otras provincias argentinas o desde Bolivia y Paraguay, el modelo de producción pasó en poco tiempo de ser «al aire libre», a un sistema intensivista que generó mucha más producción. Los años transcurrieron y también sucesivos gobiernos liberales y a finales de los 90 toda la zona se vio afectada por una crisis que parecía terminal. Fue así que muchos peones, medianeros y trabajadores tomaron las riendas en medio de una situación de gran abandono. «Como no podían comprar la tierra empezaron a alquilarla y esa fue una modalidad fundante de la nueva producción en la región», explica Pineda.
Hoy, el 90% de las unidades productivas del cordón son arrendatarias. Madariaga explica que el concepto de «soberanía alimentaria» debe ir necesariamente ligado con la soberanía del agricultor. «Si los productores son capaces de pagar un alquiler a alto costo, entonces también pueden pagar un crédito a 30 años que les permita ser dueños y construir una vida saludable». Sin embargo, desde la Mesa Regional denuncian que no hay voluntad política de encarar el postergado asunto del acceso a la tierra.
Proyectos de apoyo
Uno de los mayores logros para el sector fue el de haber conseguido la implementación de un Monotributo Social Agropecuario, que garantiza aportes jubilatorios y obra social para los productores rurales. Pero ni esta ni otras figuras vigentes convierten hoy a los trabajadores de la tierra en sujetos de crédito. Después de la tormenta, muchos productores tomaron préstamos usureros en financieras privadas para poder pagar el alquiler de sus tierras.
Gil explica que en la actual coyuntura, no solo este sector se ve imposibilitado de acceso a créditos: «Tampoco los profesionales, los empresarios pyme, ni ningún tipo de trabajador porque la que vale es la especulación o la conocida “bicicleta financiera”, por eso planteamos que la soberanía de la moneda es fundamental, si no la defendemos es seguro que no hay sistema financiero ni capital que pueda ser aplicado a producción y trabajo».
Corte. Agricultores reclaman medidas. (Sebastián Casalli)
Actualmente, el IMFC tiene dos grandes proyectos para trabajar en la zona. El primero es una articulación con el Programa de la Secretaría de Políticas Universitarias de la UNLP, para brindar capacitaciones y donde participan distintas las facultades de Ciencias Agrarias y Forestales, Trabajo Social y Periodismo. El trabajo del IMFC incluirá aspectos técnicos de gestión y proyectos asociativos orientados a la cooperación y al cooperativismo. La segunda iniciativa, es un proyecto federal que busca vincular a las organizaciones de carácter social y facilitar entre otras relaciones el compre intercooperativo. El proyecto se llama MapEss y será instrumentado a través de EssApp, una aplicación que posibilitará unir a las economías sociales y solidarias del país.
Argentina es el país de la región que menor cantidad de trabajadores emplea en el campo. La ausencia del Estado también se refleja en la falta de políticas de arraigo para la vida rural. Madariaga resalta que la filosofía de la agricultura familiar pone énfasis ante todo en el valor humano: «No estamos en contra de los negocios, somos complementarios, pero la agricultura familiar se centra en el bienestar del ser humano por sobre la rentabilidad y sin políticas de fortalecimiento es imposible que las familias quieran volver al campo». Existe una ley de fomento sancionada en 2014, pero que aún espera ser reglamentada (ver recuadro).
La recuperación económica que sobrevino a la crisis de finales de los 90 provocó una expansión de la ciudad cuyo caso más emblemático es la zona de El Peligro. Allí conviven 45 granjas que todos los días generan dos millones de huevos y hay cientos de invernaderos hortícolas, rodeados por un pueblo pujante que se formó con la instalación de barrios privados y otros nacidos gracias al programa de vivienda ProCrear. Pineda explica que «estos reordenamientos generan desplazamientos para las familias productoras, pujas y conflictos por las pulverizaciones, las bandas de protección, entre otras situaciones que se suman a un nivel de conflictividad muy alto». A esta compleja situación, se agregaron sucesivos casos de inseguridad por delitos comunes y un reciente caso de violencia institucional. A finales de mayo, un productor boliviano de 42 años denunció ante la Comisión Provincial por la Memoria haber recibido una fuerte golpiza de parte de tres policías bonaerenses que intentaron robarle su camioneta y que a la vez agredieron a su esposa y a su hija menor con insultos xenófobos y otros tratos denigrantes. Al estar excluidos de la economía formal, gran parte de los productores vende directamente su mercadería a los dueños de los vehículos que se encargan de distribuirlas. Según Madariaga, en este sistema, que denominan «a culata de camión», el intermediario llega hasta a «duplicar en una sola semana el trabajo de dos o tres meses de una familia de productores».
Uno de los proyectos que se implementa articuladamente con la UNLP desde hace casi 10 años posibilita la comercialización entre productores y consumidores a través de ferias organizadas en los predios de las distintas facultades. Asímismo, la UNLP actualmente compra a los productores del cordón las verduras que se utilizan en el comedor universitario. Gil aporta otro punto de abordaje para la cuestión de la comercialización: es necesario entender que la economía del mercado interno se promueve desde la oferta y desde la demanda. «Nuestra propuesta es un gran proyecto asociativo, una gran cooperativa de producción y consumo, que elimine esa intermediación», dice, y plantea otro tema que ante la emergencia ha quedado solapado y que es la posibilidad de sumar valor agregado a la producción. «En ciertos momentos del año el cordón frutihortícola produce excedentes que, de ser procesados, evitarían grandes pérdidas». Según Gil, convertir estos excedentes en productos industrializados con alto valor agregado generará a la vez más trabajo y alimentará el consumo.
