Estado de alerta

El panorama que enfrentan los realizadores es cada vez más preocupante. Las críticas al INCAA se multiplican: filmaciones paradas, presupuestos subejecutados y demoras en la apertura de nuevas convocatorias. Cuando los recortes y el enfoque comercial prevalecen sobre el fomento artístico.

(Foto: Jorge Aloy)

Un clima de preocupación e incertidumbre atraviesa el mapa del cine local. Los síntomas se multiplican entre directores, productores, técnicos y actores. Uno de ellos se produjo en plena ceremonia de entrega de los premios Cóndor de Plata, otorgados por  la Asociación de Cronistas Cinematográficos el pasado mes de agosto. Gran ganadora de la noche por su película Zama, Lucrecia Martel tomó la palabra para decir que «el cine que nos sacó hace veinte años del bache económico y artístico en el que se encontraba la industria, es un cine de pequeñas y medianas empresas. Es lo que va a desaparecer si no prestamos atención».
Hace poco tiempo habría sido improbable imaginar un escenario como el que atraviesa hoy el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA): producciones paradas y presupuestos subejecutados, mientras se demora la apertura de convocatorias y la formación de comités para seleccionar proyectos. Un conflicto que se agrava con el paso del tiempo y parece no tener fin, que mantiene al sector audiovisual en estado de alerta.
El Fondo de Fomento Cinematográfico que administra el INCAA se compone del 10% de cada entrada de cine vendida (sea películas nacionales o extranjeras), el 10% del precio de venta de cada videograma grabado (ediciones en formatos digitales) y el 25% de los cánones que pagan las empresas de telecomunicaciones. Los recursos están destinados a financiar la producción cinematográfica, tal como lo marca la Ley de Cine desde 1994. En los últimos tiempos, la crítica que circuló por los medios hegemónicos fue que se invertía en películas que nadie veía.
«Eso es una falacia», afirma el periodista y crítico de cine Juan Pablo Russo, coordinador del Área de Audiovisuales del Centro Cultural de la Cooperación. «Muchas veces se habla de las películas tomando únicamente su desempeño en la Ciudad de Buenos Aires y dentro del circuito comercial. Una vez, una directora que estaba por estrenar su ópera prima, me contó que se había dedicado a contar la cantidad de personas que habían visto su película en los diversos festivales por los que había pasado y sumaban un total de 8.000 espectadores en todo el mundo. Después, las cifras oficiales dijeron que convocó a 2.000, pero si se suma el total, fue vista por 10.000. Claro que como las 8.000 restantes no cortaron entradas no se contabilizaron», sostiene.
«La presencia argentina en los festivales más importantes del mundo no es por una casualidad, sino por el nivel de las películas», destaca Russo. «Y este nivel se logró gracias a una apertura en la producción con cerca de 200 estrenos nacionales por año, un récord que muy pocos países de la región ostentan», completa.

Otra película
La primera medida que cambió rotundamente la forma de pensar el fomento al cine fue el Nuevo Régimen General de Fomento –conocido como el Nuevo Plan de Fomento–, incorporado como Anexo 1 de la Resolución INCAA Nº 1/17. «Habla de audiencias y polariza la producción entre audiencia masiva y audiencia media. Lo que está en discusión es el cine como construcción de identidad o como producto de mercado», analiza Andrea Testa, miembro del Colectivo de Cineastas, que engloba a realizadores audiovisuales independientes de documental y ficción. El nuevo plan fue impulsado por Alejandro Cacetta, un hombre de Patagonik, quien fue el primer presidente del INCAA durante el gobierno de Mauricio Macri, nombrado por consenso de las asociaciones en 2016 por pedido de Juan José Campanella.

En jaque. La diversidad de los trabajos independientes peligra en el escenario actual. (Guido Piotrkowski)

Alejandra Guzzo, directora, productora y presidenta de la asociación DOCA (Documentalistas Argentinos), dice: «Cacetta lo que trae es el sistema de puntaje con un nivel de meritocracia brutal. Para hacer una película media tenés que reunir 25 puntos, necesitás de una cantidad de películas previas, una cantidad de festivales, etcétera». También codirectora de la ganadora en BAFICI y seleccionada en Cannes La larga noche de Francisco Sanctis, Testa completa: «Este nuevo esquema deja a un montón de autores y actores por fuera del sistema: estamos hablando del cine independiente, el que tiene reconocimiento en festivales de todo el mundo y genera una diversidad de miradas».
A principios de 2017, Cacetta es denunciado por la Oficina Anticorrupción por irregularidades en el manejo de fondos y obligado a renunciar en medio de una operación mediática. El gobierno nacional y el exministro y actual secretario de Cultura, Pablo Avelluto, ratificaron la denuncia y pusieron en el cargo al vicepresidente Ralph Haiek, un hombre cercano a Mauricio Macri. Con su llegada, la crisis se profundizó. Se cortó el diálogo con las asociaciones y se frenó la producción de películas que se encontraban en diferentes etapas de desarrollo, argumentando que no había dinero y haciendo oídos sordos a los reclamos de los productores.

Las asociaciones pusieron el grito en el cielo, denunciando lo que entienden como un vaciamiento encubierto. Lucía Puenzo, premiada directora e hija del célebre cineasta Luis Puenzo (La historia oficial), describe un panorama preocupante en diálogo con Acción. «No recuerdo otro momento del cine con tal grado de parálisis, con pymes en estado terminal, con técnicos, actores y directores preguntándonos cómo seguir. Lo que esta gestión y este gobierno parecen no comprender es que el cine es cultura, no es un negocio», advierte.
Sin embargo, no todos los sectores del medio audiovisual fueron perjudicados con estas políticas. «No se le paga casi a nadie, se paga por goteo. No hay crédito, se paró la producción. Mientras, a Patagonik, por las cinco películas que más recaudaron en 2017, le pagaron 51 millones de pesos, pero todos juntos. En la época de Liliana Mazure se pagaba como exigía la ley, un pago inicial y después por trimestre para no desagotar el fondo. Nunca todo junto. Ahora hay una cuestión ideológica, una visión de mercado», denuncia Guzzo.

Desarrollo
En 2002, el INCAA obtuvo la autarquía, es decir, adquirió la posibilidad de manejar y administrar sus propios fondos destinados a fomentar la producción cinematográfica. Jorge Coscia, presidente de la entidad en aquel entonces, promovió el desarrollo de la industria audiovisual. Continuaron su línea Jorge Álvarez, Liliana Mazure y, hasta 2015 inclusive, Lucrecia Cardozo. Por supuesto, las políticas culturales desarrolladas por estas gestiones estuvieron respaldadas por los gobiernos de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Puenzo. «No recuerdo otro momento del cine con tal grado de parálisis.»

Con la llegada de Mauricio Macri y el cambio de rumbo económico del país, las políticas culturales se modificaron drásticamente y la industria audiovisual no pudo sostener su crecimiento. Las gestiones anteriores hoy están criminalizadas, como es el caso de Liliana Mazure, actualmente procesada junto con otros funcionarios por el cuestionado juez federal Claudio Bonadío.

Testa. «El cine como construcción de identidad o como producto de mercado.»

«El INCAA es un ejemplo de la política económica que lleva adelante el gobierno a nivel nacional», sostiene Luciano Zito, realizador audiovisual a cargo del canal web Floreal TV, del Centro Cultural de la Cooperación. «Por un lado, vemos la desvalorización del concepto de cultura como un derecho humano. Por otro, se está viviendo un ajuste como a cualquier otro organismo del Estado, con la particularidad de que el Instituto cuenta con un volumen mayor de ingresos».

Guzzo. «Cacetta trajo el sistema de puntaje con un nivel de meritocracia brutal.»

Para Testa, es el resultado de «pensar el cine como producto de mercado. La lucha es porque el Estado apoye la diversidad de miradas y no a un grupo concentrado que se lleva grandes porcentajes del fondo de fomento con películas que tienen el objetivo de ser productos de mercado. La gran disputa es la batalla cultural: cuál es el cine que va a apoyar el Estado».

Círculo vicioso
El INCAA es un gobierno tripartito, compuesto por el ejecutivo, la asamblea federal y el consejo asesor, integrado por once miembros, de los cuales cinco fueron propuestos por la asamblea federal (que selecciona una personalidad relevante de la cultura por cada región) y los restantes fueron postulados por las entidades que representan a los distintos sectores de la industria cinematográfica: dos directores, dos productores, un técnico y un actor.
«Ahora el consejo asesor se transformó en el único medio legal para discutir políticas», sostiene Guzzo, titular de Documentalistas Argentinos. La directora Puenzo cuenta a su turno que «en una reunión del consejo asesor, finalmente el INCAA reconoció una brutal subejecución de los fondos para el fomento cinematográfico: 401 millones de pesos en 2017, que se suman a los 420 millones de 2016. A su vez, la gestión también reconoció que tiene 756 millones del fomento cinematográfico en un plazo fijo. Para que quede claro, el dinero que por ley debe ser utilizado para producir cine, ha sido desviado hacia inversiones bancarias, mientras la producción sufre el recorte de subsidios y créditos, se nombran comités a cuentagotas paralizando la industria, y no se abren nuevas convocatorias ni se actualiza el costo medio».
Para paliar la situación, desde el INCAA se abrieron convocatorias a «subsidios extraordinarios». Se trata de un adelanto que se cobra por ley una vez estrenada la película, con la finalidad de que se pueda completar la realización. Muchas producciones pequeñas y medianas recurrieron a este recurso como la última esperanza para terminar el rodaje. Para Guzzo, lo anterior lejos está de ser una solución: «El adelanto de subsidios no ofrece ninguna solución al sistema virtuoso que teníamos. Al contrario, agrega problemas, obliga al productor y al director a modificar el esquema que habían hecho. Y la peor desventaja que tiene es que es extorsivo».
Ante este panorama, las repercusiones empezaron a escucharse cada vez más, transformando a cualquier evento que reúna a la industria audiovisual con autoridades del INCAA en una caja de resonancia de la situación. Uno de ellos fue la mencionada ceremonia de los premios Cóndor de Plata. Además de Martel, también tomó la palabra Fernando Pino Solanas, homenajeado por los 50 años de La hora de los hornos: «No puedo dejar de expresar mi honda preocupación y mi serio reclamo a la conducción del Instituto. No puede dejar de cumplir con la Ley de Cine, no puede tomar fondos del Instituto y colocarlos en plazo fijo cuando hay películas paradas y productores que están esperando recibir lo que les corresponde».

Fundido a negro. Las producciones sufren el recorte de subsidios y créditos. (Guido Piotrkowski)

El otro gran encuentro que trajo cola fue el 33° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el único clase A de la región, que este año recortó tres días a su edición (se anunció del 8 al 18 de noviembre y terminó siendo del 10 al 17) debido a la reducción en su presupuesto. El acto de apertura se hizo eco del malestar del medio frente a las palabras del secretario de Cultura, Pablo Avelluto, que aludía a récords de rodajes y de público. Los silbidos y los gritos de «mentiroso» durante su discurso no paraban de escucharse.
Mientras Avelluto tildaba de «violentos» a quienes lo abuchearon, los directores autoconvocados difundieron un comunicado en medio del festival. «Venimos a responder al exministro por la forma en la que se expresó hablando de récords en el cine nacional. Esas declaraciones nos parecen una provocación reiterada, ya que son datos que faltan a la verdad», afirmó Benjamín Naishstat, quien ya se había expresado en San Sebastián al recibir el premio a mejor director por Rojo.
Por su parte, en una columna de opinión para el diario Perfil, el actor y dramaturgo Rafael Spregelburd escribió: «No era conveniente que el exministro de Cultura, Pablo Avelluto, ensayara ningún discurso frente a la comunidad del festival, tan golpeada por la entrega de fondos públicos al FMI. Pero el estilo del PRO es impermeable a la crítica y suele avanzar entre el escarnio con el fin íntimo de lograr invertir el peso del delito y acusar a la propia comunidad, víctima de todo atropello, de no permitir el diálogo».
El hecho protagonizado por Avelluto provocó que en la ceremonia de clausura se quitaran los micrófonos, para evitar que los cineastas y los miembros del jurado se expresaran públicamente, en un evidente acto de censura, para completar una velada decepcionante, no hubo anuncio de la nueva fecha del festival para el año venidero, como es costumbre.
Ralph Haiek deslizó en una entrevista a Página/12 que el dinero del fondo de fomento entregado a la producción se destinó a financiar el Mes del Cine Argentino, con entradas a la mitad de su valor. La mesa de directores reunidos en Mar del Plata también fijó su postura: «Hablan de récord de público en el Mes del Cine Argentino, pero olvidan decir que han destinado 150 millones de pesos a subsidiar a las grandes empresas exhibidoras para llevarlo a cabo mientras que esas mismas empresas son las que no cumplen con una cuota de pantalla para exhibir las películas argentinas».
El comunicado publicado por los realizadores en respuesta a los dichos de Avelluto cierra: «Mienten cuando dicen que les preocupa el cine porque lo están dejando morir. Manipulan las cifras y crean una maraña de resoluciones absurdas para distorsionar la realidad. Por eso, sostenemos nuestra lucha en defensa del cine: por más cine y por más miradas».
Como portavoz del Colectivo de Cineastas, Testa dice que «lo más importante es cuidar a los más vulnerables de la industria, que somos los que deseamos fervientemente hacer cine, los que estamos más desprotegidos financieramente, los debutantes, los estudiantes y recientes egresados de carreras afines, a quienes nos cuesta mucho pensar el futuro sin este trabajo que es una de las principales actividades culturales del país».