Lo que el presidente Sebastián Piñera describía como un oasis ocultaba un fuerte rechazo popular. Se abrieron las grandes alamedas haciendo realidad las palabras de Salvador Allende y centenares de miles de personas salieron a las calles a protestar contra un sistema de privilegios y desigualdad.
1 de noviembre de 2019
Bandera. Lo que comenzó como una protesta por el aumento del boleto de subte terminó en un reclamo masivo contra la injusticia social. (EFE)
El «modelo chileno» fue, desde el fin de la dictadura pinochetista, el caballito de batalla de las derechas regionales para mostrar un ejemplo de lo que debía hacerse para desarrollar un país. Un país en apariencia pobre que gracias al orden y al respeto por las reglas de la economía neoliberal progresaba a tasas importantes y hacía bajar los índices de pobreza. Y que, además, respetaba algunas premisas básicas, como la institucionalidad, la alternancia en el poder y la ausencia de corrupción. Un oasis, como lo había definido semanas antes el presidente Sebastián Piñera, un verdadero paraíso en un entorno poco menos que bárbaro. Sin embargo, algo se rompió el viernes 18 de octubre, a raíz, según los medios masivos, del aumento de 30 pesos en el boleto de subte.
Había algo más: bajo la superficie estaba fermentando una revuelta popular, invisible a los ojos de la dirigencia e incluso de los propios protagonistas. «No son 30 pesos, son 30 años» sintetizó alguien en una de las consignas de cientos de miles de manifestantes que colmaron las calles de todo el país (ver La semana que todo cambió).
En pocas horas, el presidente Sebastián Piñera pasó a proclamar que estaban en guerra «contra un enemigo poderoso» al que no definió, pero para el que llenó las calles de militares, policías y carabineros. A esta altura, nadie dudaba de que lo que estaba en juego ciertamente no eran 30 pesos chilenos, (apenas 4 centavos de dólar) sino un modelo de exclusión, desigualdad y violencia larvada que pudo verse en la ferocidad con que los uniformados pretendían acallar los reclamos populares. Para colmo, un invento típicamente chileno como el cacerolazo, ese que las clases medias acomodadas usaron en 1973 para expresar su descontento con el gobierno constitucional de Salvador Allende, volvió a sentirse en toda su intensidad. Esta vez, para pedir que se termine el modelo económico instaurado a sangre y fuego hace 46 años y que la democracia apenas modificó desde 1990.
Guerra. El mandatario convocó a los militares para reprimir y empeoró la situación. (Presidencia Chile)
La respuesta desde el Palacio de la Moneda fue, entonces, «Nueva Agenda Social», un paquete destinado a morigerar la situación de la clase media para calmar las aguas. Pero del otro lado de los ventanales de los despachos oficiales se pedía una nueva Constitució que reemplace a la que en 1980 decretó el dictador Augusto Pinochet y que sigue vigente, más allá de las enmiendas que se le hicieron.
También corresponde formular algunas preguntas clave: ¿Es la primera vez que la población se manifiesta contra este régimen? ¿Qué tan desigual es la sociedad chilena? ¿La dirigencia es tan transparente como dicen los medios? ¿Por qué nadie vio venir lo que se gestaba? Eso habría evitado las graves consecuencias que se registraron. Al cierre de esta nota los datos oficiales daban cuenta de 20 muertos y la cifra se elevaba a 42 según organismos no gubernamentales, además de cerca más de 3.500 detenidos, cientos de heridos, mujeres violadas y hasta denuncias de desaparecidos y de torturas. A estos datos se podrían sumar los desmanes producidos en estaciones del metro y edificios de empresas privadas.
Leyes de blindaje
Una de las críticas más fuertes que se escuchan apunta al sistema de jubilación privada que se instauró en 1980. El encargado de armar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y muchas de las primeras reformas neoliberales fue el entonces ministro de Trabajo y Previsión de Pinochet, José Manuel Piñera. El actual presidente, su hermano, tenía entonces 24 años y el 11 de septiembre de 1973 estaba en Harvard completando sus estudios. El Nobel de Economía Kenneth Arrow, su profesor, le informó que en su país había un golpe de Estado.
No es la primera vez que las AFP están en el candelero, pero ni la dos veces presidenta socialdemócrata Michelle Bachelet ni Piñera hicieron mucho para reformarlas. El drama, explica José Salvador Cárcamo, economista exiliado en Argentina desde el golpe y docente en la Universidad Nacional de Moreno, es que «un jubilado cobra un 25% del salario de una persona activa, con lo que en Chile no se puede vivir».
Desigualdad. Los índices de pobreza disminuyeron, pero el criterio de medición es discutible. (Jorge Severino)
Por si esto fuera poco «los militares mantienen el sistema de reparto», añade Cárcamo. El pacto tácito entre Pinochet y la dirigencia política para la transición posdictadura incluía ese privilegio para las fuerzas armadas. Y además de la jubilación especial, se dispuso mediante una ley secreta derogada recién en septiembre pasado pero que aún regirá hasta enero próximo, que parte de los ingresos de la exportación de cobre se destine a la compra de armamento. Al mismo tiempo, muy a regañadientes se fue modificando la legislación para que el presidente pudiera designar y remover a comandantes de la Fuerza, que tenían garantía de inmunidad constitucional en un régimen de tipo cuasimonárquico destinado a proteger a los más poderosos. Y en 2015 estalló lo que se conoció como el «Milicogate», una trama para la apropiación de fondos públicos de la Ley Reservada del Cobre por los altos mandos por el que terminaron procesados un general y dos coroneles. También entre los Carabineros, una fuerza que integró la junta golpista de 1973, hay más de un centenar de miembros que están procesados por un monumental desfalco y lavado de activos.
La Escuela de Chicago
El grueso del modelo neoliberal chileno fue instaurado, con Milton Friedman como asesor del ministro de Economía, Hernán Büchi, entre 1982 y 1984, tras la crisis económica de la deuda que atravesó la región. A partir de ese momento, la disciplina fue férrea para imponer reglas de juego de la Escuela de Chicago. «En cinco años de dictadura cambiaron la estructura económica y las relaciones sociales de forma tal que 30 años después Chile sigue funcionando con esos esquemas», argumenta Diego Raus, director de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Lanús.
Esas reglas contemplan el abandono por parte del Estado de funciones que hasta entonces eran básicas. Así ocurrió con la educación. «La fórmula neoliberal es que el Estado entregue a cada persona un cupo de dinero para la educación de sus hijos y que cada familia elija a qué colegio llevarlo. Obviamente las clases adineradas le suman fondos propios para que vayan a los colegios top. El resto se tiene que arreglar con escuelas que están devastadas», sostiene Raus.
Es así que en 2011 y 2012 cientos de miles de estudiantes protagonizaron la llamada Revolución de los Pingüinos, por el uniforme escolar. Pedían una educación gratuita y de calidad. «Finalmente eso se solventó con un pequeño impuesto que se instauró en el gobierno de Bachelet a los ingresos de los más ricos, que son el 1% de la población», agrega Cárcamo. Ese ínfimo porcentaje de la sociedad recibe el 30% del PBI de Chile. Una muestra del nivel de desigualdad del país modelo.
Si estos hechos no fueran suficientes como para encontrar el caldo de cultivo del estallido, hubo algunas frases de personajes ligados a ese 1% que irritaron a las mayorías. Al respecto, es ilustrativo un audio de la esposa de Piñera –a todo esto, uno de los hombres más ricos de Chile, con una de las mayores fortunas del continente– que circuló en las redes y que ella no negó. «Es como una invasión extranjera, alienígena, vamos a tener que disminuir nuestros privilegios», dijo Cecilia Morel describiendo las manifestaciones callejeras. Para peor, ante el rechazo al aumento del boleto, el ministro de Hacienda, Juan Andrés Fontaine, explicó que «alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja».
Nicolás Rojas Scherer es politólogo recibido en la Universidad Diego Portales, de Chile, y trabaja en temas territoriales en el municipio santiaguino de Peñalolén. Explica el significado de la consigna utilizada por los chicos que, desde el día del aumento, empezaron a colarse en el subte. «¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!», gritaban los estudiantes que comenzaron con una jornada de reclamo. «Hasta ahí era una forma muy del Primer Mundo de protestar, pero el viernes comenzaron a sumarse oficinistas y trabajadores. A la noche se iniciaron los incendios y desmanes en estaciones de metro».
Promesa. El sistema de jubilación privada resultó un fracaso que ahora padecen los retirados. (Jorge Severino)
La noticia del incremento, el cuarto en un año, coincidió con la novedad de que el gobierno de Piñera estudiaba eliminar el impuesto destinado a financiar la educación. Pero, además, había condonado deudas fiscales de una farmacéutica y de La Polar, una cadena de electrodomésticos. En un país donde los más ricos pagan menos impuestos, evadir es verdaderamente una forma de lucha, sostenían los manifestantes.
Esquema de dominación
Para Marco Enríquez Ominami, tres veces candidato presidencial por un desprendimiento por izquierda de la Concertación, no es que los manifestantes se inclinen por propuestas extremas y mucho menos, que tengan influencias de militantes bolivarianos o cubanos, como el bloque conservador regional e incluso la OEA se apuraron a declarar. «En el fondo son consumidores furiosos», sostiene, enojados porque el modelo chileno creó un Estado sin deuda externa pero con una sociedad altamente endeudada, al punto que para la mayoría de la población, el 80% del ingreso se va en pagar la tarjeta de crédito.
«Cuando dicen “basta de abusos”, se refieren más a abusos comerciales: no es que no quieran pagar, es que les están cobrando muy caro». De allí que el ahora documentalista niegue que el negocio de las grandes cadenas comerciales, algunas de las cuales son fuertes de este lado de la cordillera, sea vender productos. Son empresas financieras, su verdadero negocio es el crédito», relata.
El legado más importante de Pinochet, al decir de Raus, no es tanto un modelo neoliberal como «un modelo de dominación. La dictadura creó relaciones de dominación, esta burguesía nació en ese entonces y es parte de ese modelo».
Un esquema petrificado en una Constitución que tiene mecanismos que le permiten resistirse a ser modificada y que es defendida por una dirigencia muy hábil para cambiar todo sin que nada cambie, y contra la que ahora reaccionaron –de un modo si se quiere anárquico y «conducidos solo por la rabia», al decir de Manuel Antonio Garretón, sociólogo, politólogo y ensayista chileno– millones de ciudadanos.
Esta circunstancia, que puede parecer anecdótica, es uno de los puntos fundamentales para entender la cuestión. Así como los Chalecos Amarillos en Francia encabezan una protesta que parece irse diluyendo por falta de conducción, las protestas chilenas carecen de líderes. Señal de que no es solo contra Piñera, sino contra toda la dirigencia. ¿Qué pasó con los jóvenes que habían protagonizado la Revolución de los Pingüinos?
Luego de las monumentales protestas, el Gobierno apuró un proyecto que venía demorando en el Congreso para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Fue una propuesta de la diputada comunista Camila Vallejos, la más emblemática protagonista de aquellas protestas juveniles.
