Las explosiones en Beirut desataron fuertes protestas que obligaron a renunciar al Gobierno encabezado por Hassan Diab. Mientras la crisis económica y social se agudiza, las potencias buscan sacar rédito en un territorio clave para sus intereses.
26 de agosto de 2020
Las dramáticas explosiones que se produjeron en el puerto de Beirut no solo dejaron a buena parte de la ciudad bajo los escombros: también provocaron un estallido social potenciado por la precaria situación económica que padecen millones de libaneses. La crisis y las tensiones políticas que el país árabe ya vivía desde el año pasado se profundizaron tras la tragedia y allanaron el terreno para que las potencias occidentales –principalmente, Francia y Estados Unidos– metieran el hocico en un territorio signado históricamente por la injerencia extranjera.
La catástrofe impactó primeramente en la política interna libanesa: seis días después de las explosiones, el Gobierno del primer ministro Hassan Diab se vio obligado a renunciar y convocar elecciones anticipadas por las masivas protestas que se desataron en la ciudad. Como si fuese la Argentina de 2001, miles de personas salieron a las calles al grito de «que se vayan todos», en un contexto de hastío por los altos niveles de corrupción y la profundización de problemas estructurales que quedaron al desnudo como nunca. Ya antes de las explosiones de las 2.750 toneladas de nitrato de amonio –que dejaron a 300.000 personas sin casa–, la mitad de los 7 millones de libaneses era pobre y un tercio no tenía trabajo. La situación empeoró tras la llegada al país del coronavirus, con sus conocidos efectos económicos y sanitarios.
El clima, sin embargo, venía caldeado desde septiembre del año pasado, cuando una enorme movilización popular cuestionó los planes de ajuste del Gobierno y, en particular, su intención de implementar un cobro a las llamadas de voz a través de aplicaciones de mensajería instantánea, algo que hasta entonces era gratuito. La bautizada «Revolución de WhatsApp» –en referencia a la aplicación que millones de libaneses utilizan para comunicarse con sus familiares en el exterior– comenzó como algo pequeño para luego convertirse en un movimiento mucho más amplio, que reclamó un cambio de todo el sistema político y que se mantiene vivo incluso hasta estos días.
A través de las protestas, los manifestantes lograron que el Gobierno diera marcha atrás con la polémica iniciativa. Pero la revuelta dejó gusto a poco, ya que finalmente no hubo mucho más que un cambio de figuritas: el entonces primer ministro, Saad Hariri, presentó la renuncia y dejó su lugar a Diab, que asumió en enero de este año. La estructura política se mantuvo intacta y el general Michel Aoun, presidente del país desde 2016, avisó a los manifestantes que no habría grandes reformas. Incluso los atacó al decirles que «si no creen que haya buena gente en el país, entonces emigren». Ahora, tras las explosiones en Beirut, el presidente volvió a dar la espalda al reclamo popular, que exigió su renuncia con un mensaje claro: «Que se vayan todos, quiere decir todos». Aoun, sin embargo, aseguró que no abandonaría su cargo porque eso «conduciría a un vacío de poder».
Oportunismos
El presidente libanés también fue cuestionado al declarar que la visita a Beirut de Emanuel Macron había sido «muy positiva», a pesar de las críticas que despertó el viaje del mandatario francés (ver recuadro). Macron llegó a la devastada ciudad apenas dos días después de la tragedia. Recorrió las calles como si fuese un político local más e incluso repartió críticas para los dirigentes libaneses. También dio consejos –que sonaron más a órdenes– sobre lo que había que hacer para encarar el proceso de reconstrucción.
En ese sentido, dijo que el país –que fue colonia francesa entre 1920 y 1943– debería realizar «cambios profundos» y «reformas esenciales en sectores como la energía, la contratación pública y la lucha contra la corrupción», como condición para recibir «ayuda» por parte de Francia, la ONU, el Banco Mundial y el FMI. Macron anunció además que aportaría varios millones de euros para las escuelas de habla francesa en el Líbano con el objetivo de inculcar los valores de la «cultura» y la «libertad», en una muestra más del despliegue del soft power galo.
Estados Unidos también aprovechó la crítica situación para involucrarse en asuntos ajenos. La Casa Blanca anunció que el FBI participaría de la investigación para esclarecer lo ocurrido en Beirut y que el presidente Donald Trump trabajaría «para proporcionar ayuda al pueblo libanés». El mandatario estadounidense dijo además haber hablado con Macron sobre la «importancia de ampliar el embargo de armas de la ONU sobre Irán». Cabe recordar que la república persa es el gran apoyo exterior de Hezbollah, el partido político más importante del Líbano, a su vez considerado una organización terrorista por Estados Unidos.
Con sus declaraciones, Macron y Trump hicieron gala una vez más de la codicia que caracteriza a las potencias occidentales. Ambos vieron en la catástrofe libanesa una oportunidad para recuperar la influencia perdida en un territorio jugoso para los negocios privados. En particular, por la existencia de pozos petroleros recientemente explotados. Pero también asoman intereses geopolíticos estratégicos: el país árabe está ubicado entre Siria e Israel, dos acérrimos enemigos en una zona de Oriente Medio altamente convulsionada y donde ningún gigante quiere perder peso. Por eso no resulta extraño que, ante la crisis libanesa, tanto Francia como Estados Unidos hayan reclamado públicamente la conformación de un «Ejecutivo neutro». En otras palabras: un nuevo Gobierno a su gusto.
