9 de abril de 2014

El 25 de mayo se eligen nuevos legisladores comunitarios en el marco del avance de la derecha antiinmigrante y el descontento de grandes capas de la población por la crisis económica.

 

Comienza otra etapa para la institucionalización en la Europa comunitaria, y muchos temen que no sea un inicio demasiado auspicioso. El 25 de mayo, los ciudadanos de los 28 países de la Unión Europea votan en elecciones parlamentarias. La futura Eurocámara será el colectivo legislativo con las mayoras atribuciones desde que en el Viejo Continente se decidió dirimir las cuestiones entre las naciones por vías civilizadas. Pero entre los ultraderechistas que abrirán las sesiones en el edificio Louise Weiss, en Estrasburgo, habrá un conglomerado tan disperso como rebelde, conformado por ultraderechistas, independentistas y descontentos que genéricamente pueden ser catalogados como «euroescépticos». El crecimiento del Frente Nacional de Marine Le Pen en las municipales francesas y de grupos xenófobos en Holanda o en Gran Bretaña terminó de levantar las alertas. Pero la cosa no es nueva.
El Tratado de Lisboa, que prevé entre sus fundamentos darle más atribuciones al Parlamento Europeo, nació como un desesperado plan B luego del fracaso en el intento de aprobar una Constitución Europea una década atrás. El proyecto original consistía en que la Carta Magna continental se votara en referendo en cada uno de los estados miembros y que la aceptación fuera unánime. Todo iba bien hasta que franceses y holandeses rechazaron masivamente la Constitución (69 y 63% en contra respectivamente) entre mayo y junio de 2005. De nada valió el voto en el resto de las naciones.
Fue entonces que los líderes comunitarios decidieron encarar otro camino, menos democrático pero más efectivo: imponer las mismas normativas de una ley fundamental para regir los destinos de los 500 millones de habitantes de la Unión Europea, pero aprobada sólo por los gobiernos, cosa de garantizar que no hubiera incómodas fisuras ciudadanas.
Así fue que en el impresionante Monasterio de los Jerónimos de Belem, en la capital lusitana, en diciembre de 2007 se firmó el Tratado que, en cierto modo, ahora se ve sometido a escrutinio parlamentario. Porque el actual Congreso Europeo, elegido en 2009, tenía la mitad de las responsabilidades legislativas que tendrá el que se vote en algunas semanas. Además, la crisis económica y social que atraviesa a la región no hizo más que profundizar las desconfianzas y el rechazo en grandes capas de la población hacia un organismo que en teoría nació para sumar voluntades detrás de un objetivo común desde fines del siglo XX.
La futura Eurocámara tendrá más prerrogativas para cuestiones legales y aspectos de la vida común de las personas, pero hay un dato que es clave: también se pondrá en vigencia por primera vez la elección del presidente de la Comisión Europea –una suerte de gabinete de ministros que detenta el poder ejecutivo continental–, facultad hasta ahora reservada a los estamentos palaciegos. Esta asamblea elegirá al jefe de Gobierno como se suele hacer en los estados parlamentarios, por acuerdos políticos en la legislatura.  De allí que las encuestadoras vengan trabajando a full desde hace meses en cada uno de los actuales 28 países integrantes de la UE para detectar el mínimo cambio de tendencia que oriente o tranquilice espíritus, y que muchos analistas digan este es el «el adiós a la peor generación de directivos europeos, y el primer paso inequívoco hacia la Europa parlamentaria», como sostiene el «europeísta» e investigador en la Universidad de Londres Dídac Gutiérrez.
Conviene decir, también, que los partidos políticos que participan de esta puja son conglomerados a nivel regional que nuclean a las principales líneas políticas. Así es que hay un Partido Popular Europeo (PPE) que, a la manera del conservadurismo español, representa a la derecha institucional; y un Partido Socialista Europeo (PSE), de tendencia socialdemócrata, más partidos de izquierda más radicalizada y agrupaciones «verdes». Actualmente hay una mayoría «popular» en el congreso continental, aunque el presidente de la Comisión Europea es el socialista alemán Martin Schultz.
Los sondeos de las principales agencias encuestadoras –es el caso de PollWatch– dan un empate técnico entre el PPE y el PSE, con 212 escaños para cada uno en el futuro congreso, que contará con 751 miembros. Los partidos «escépticos» serían la tercera fuerza, si es que deciden juntar posiciones, y podrían sumar cerca de 150 bancas; un peso no desdeñable y suficiente para dificultar la aprobación de cuestiones clave en medio de una crisis que no parece tener fin. No obstante, no es nada que una alianza razonable de europeístas de los diferentes pelajes no pueda enfrentar.

 

Xenófobos
Cuando los análisis van a la sintonía fina aparecen algunos datos que preocupan hacia adentro de cada país y al conjunto en cuanto a la presión que los grupos menos integracionistas puedan ejercer hacia cada ciudadanía. Por ejemplo, en Francia, donde el socialismo recibió una dura derrota en las municipales, crece el movimiento xenófobo encarnado por Le Pen, que puertas adentro sumó cerca de un 7%, pero de cara a las europeas tiene un porcentaje de adhesión del 22%, apenas un punto y medio menos que el derechista UMP, del ex presidente Nicolas Sarkozy y tres más que el PS, por lo que ya es la segunda fuerza electoral del país galo.
En Gran Bretaña pasa algo similar. El laborismo, enrolado  en el PSE, obtendría 30% de los votos, pero el UKIP, Partido por la Independencia del Reino Unido, sumaría 25 puntos, lo mismo que los «tories». Su líder, Nigel Farage, es un furibundo antieuropeo que reclama alejarse definitivamente de la UE en pos de «independizarse» de utopías que sólo perjudican a Gran Bretaña. Propone, sin ambages, un plebiscito que obviamente ningún gobierno a esta altura desea implementar.  «La UE es un viejo sombrero raído; una solución de 1970 para un problema de 1940 que ha sobrepasado su fecha de caducidad», dice Farage.
El Partido por la Libertad de Holanda, el otro país díscolo en los referendos de 2005, marcha primero en las encuestas en ese país, con 17%, y muy cerca está el centroizquierdista Demócratas 66, con el  16% de las simpatías. El mentor del PL (PVV, su siglas en neerlandés) es Geert Wilders, un  xenófobo que propone prohibir el Corán y el uso del burka, cerrar las escuelas islámicas y, de ser posible, deportar a islamistas «peligrosos».
La situación en Alemania, que aparece en el centro de las protestas tanto de los grupos de izquierda como del nacionalismo más rancio en virtud de su rol en la crisis económica que afecta a los países del sur, ofrece aristas para el análisis. Lo más probable, de acuerdo con los sondeos previos, es que la mayoría de los 96 curules que tiene asignada la «locomotora de Europa» se repartan entre el PPE y el PSE (40 y 26% respectivamente), pero viene en crecimiento un grupo menos propenso a la integración, Alternativa para Alemania, que no concitó más del 4,7% de los sufragios en los últimos comicios internos –que no le permitieron lograr una banca en el Bundestag por muy poco–, pero podría llegar al 7% en las continentales.

La APA (AfD en alemán), fundada por Bernd Lucke, profesor de macroeconomía de la Universidad de Hamburgo, representa a todos aquellos quejosos de los millonarios rescates a los países en quiebra. Consideran que Alemania es un país ordenado y eficiente que finalmente se tiene que hacer cargo de salvar la ropa de los menos competitivos. Por eso, directamente propone expulsar a las naciones en crisis de la eurozona para que no «contaminen» al resto, y, de paso, volver al marco y enterrar al euro, acusado de los males que preocupan a los germanos.
El Partido de la Libertad de Austria (FPO en el original) es otro de los euroescépticos, desde la extrema derecha xenófoba y al borde varias veces de que algunos de sus miembros fueran acusados de pronazis. Ahora está en tercer lugar, con 21% de los votos, pero muy cerca de populares y socialistas.

 

Decisiones apuradas
En Grecia, seguramente el país más devastado por una crisis a la que no son ajenos bancos y organismos alemanes, marcha primera en las pesquisas la coalición de izquierda Syriza, que tiene a la cabeza a Alexis Tsipras. Fuerte crítico de la política de socialistas y conservadores, Tsipras fue moderando su discurso y, de una posición proclive a abandonar el euro como única forma de resolver el problema de la deuda pública, ahora propone anular el memorando firmado con la troika y negociar en mejores condiciones de pagos, como hizo Argentina desde 2004.
En tercer lugar marcha en España la alianza Izquierda Unida, que también proponía una salida del euro, aunque ahora reclama negociar la pertenencia en condiciones menos onerosas para la población española.  IU tiene un 14% de votos, por debajo de populares y socialistas. El problema con España viene de sus propias entrañas: los catalanes plantearon un plebiscito independentista para el 9 de noviembre que, por lo pronto, la UE ya dijo que será considerado ilegal; esto es, que no reconocerá como miembro a Cataluña si el resultado es positivo. Escocia también tiene agendada una consulta independentista para el 18 de setiembre, pero esa cuestión también deberá dirimirse puertas adentro, porque ni catalanes ni escoceses  pretenden salirse del paraguas paneuropeo.
Como sea, en vista del clima inestable que avizoran los estrategas políticos de la UE, las actuales autoridades ejecutivas y parlamentarias aceleran decisiones consideradas clave para el futuro de la integración regional, pero que podrían resultar trabadas ante una asamblea hostil. Así es que la dirigencia apuró la firma de un acuerdo para acelerar el mecanismo de resolución bancaria que disponga los recursos nacionales en un fondo único. Al mismo tiempo, urge al Mercosur para la firma de un tratado de libre comercio que se viene demorando por la reticencia argentina a aceptar que Europa mantenga subsidios a la producción agrícola
Representantes de la UE recorrieron los países sudamericanos para concretar ese convenio fundamental, como dijeron sin tapujos, para sentarse en otras condiciones frente a Estados Unidos por el denominado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) que, según se entusiasman en Washington, significará unir los centros económicos y comerciales más poderosos del mundo en un solo mercado. Organizaciones sociales y políticas europeas vienen denunciando los riesgos para la UE de aceptar las condiciones que fija la Casa Blanca. Se parece mucho a los cuestionamientos que recibió en su momento el ALCA en esta parte del mundo.

—Alberto López Girondo

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