23 de septiembre de 2020
La derrota de Mauricio Macri en 2019 en la Argentina significó un duro revés para las derechas latinoamericanas. Por un lado, un estandarte de haber vencido al llamado «populismo»
no lograba su reelección inmediata y, por el otro, retornaba al poder la fuerza política derrotada cuatro años atrás después de pregonar el macrismo a los cuatro vientos que «no volvía más».
En el contexto latinoamericano actual, para asegurarse de que una fuerza política progresista no se recupere, por lo menos a corto plazo, hay que perseguirla y proscribirla hasta el cansancio. Sin embargo, esto, hoy, no es tan fácil como en el siglo veinte cuando los golpes de Estado marcaban claramente un antes y un después. En el marco de la institucionalidad democrática se puede utilizar el aparato del Estado para perseguir y proscribir, como bien lo han comprobado Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil y Evo Morales en Bolivia. Desde ya que se puede agregar a la lista a Rafael Correa en Ecuador, aunque su caso es diferente porque no es perseguido por sus opositores, sino por alguien que lo acompañó durante seis años como vicepresidente.
La utilización de mil maneras de los poderes judiciales en comunión con los medios de comunicación puede impedir su retorno directo al poder; pero no han podido liquidar su representación y centralidad política. En los casos de Evo y Correa todavía no puedan regresar a sus tierras por el riesgo de ir presos, aunque sus proscripciones de cara a las elecciones de octubre en Bolivia y febrero 2021 en Ecuador ratifican el apoyo popular que tienen. No es casual: ambos produjeron cambios profundos a favor de las grandes mayorías y eso, para los que siempre han gobernado, no se lo perdonan.
