Con la renuncia del primer ministro Shinzo Abe culmina una larga gestión signada por cambios políticos y promesas incumplidas. Mientras los efectos de la pandemia no ceden, el declive demográfico y la crisis del mercado laboral encienden las alarmas.
8 de septiembre de 2020
Tokio. Después de reasumir el cargo en 2012, el líder nipón anunció su dimisión definitiva por problemas de salud, en una rueda de prensa. (Franck Robichon/Pool/AFP)
Una señal roja sobre un paisaje tradicionalmente blanco y sin matices: Japón está como su bandera. El primer ministro Shinzo Abe –quien más tiempo estuvo en el poder en el país y el de mayor duración en la era moderna– renunció por problemas de salud y otras dificultades que prefirió no incluir como argumento. La economía presenta algunos índices alarmantes, solo comparables con la situación de la posguerra. El ámbito laboral exhibe un crecimiento de la informalidad, de la mano del desafío que plantea la longevidad de población que el mandatario saliente no pudo resolver. Tampoco, pese a sus intentos, logró incorporar al mercado del trabajo a las mujeres. En el medio de la escena, el COVID-19 sigue repartiendo daños en la vida cotidiana.
«Mi salud no es la adecuada y una mala salud puede llevar a decisiones equivocadas. En estas circunstancias no soy capaz de satisfacer las exigencias del pueblo japonés», comunicó Abe. El mandatario ya había estado en ese puesto entre 2006 y 2007, cuando también debió dejar el cargo por la misma enfermedad: una colitis ulcerosa crónica. Reasumió en 2012 y desde entonces manejaba los destinos de la nación sin dificultades físicas aparentes. «Durante ocho años pude dedicarme a mis deberes como primer ministro, pero en junio los médicos me advirtieron que la dolencia había regresado, perdí fuerza y energía», explicó.
Abe perdió más. Las encuestas no lo acompañaban para las elecciones previstas en 2021, a las que tenía pensado presentarse. Algunos escándalos de corrupción (mínimos para la escala occidental, imperdonables para la ética nipona) lo ensombrecían y se había quedado sin respuestas frente al programa que había lanzado en 2016, conocido como «las tres flechas» o, más significativamente, «Abenomics»: política monetaria audaz, política fiscal flexible y reformas estructurales para estimular inversiones privadas. Los indicadores le fueron favorables en un comienzo pero la pandemia fue letal: el segundo trimestre del año en curso terminó con una caída del PIB del 7,8%, el peor registro de las últimas siete décadas.
El Gobierno japonés tenía puesta la mira en los Juegos Olímpicos que, con sede en Tokio y desde el 23 de julio, serían un motor para el dinamismo de las cuentas públicas. Pero el virus lo impidió. El año pasado se había decidido la suba del IVA, que contrajo la economía. Tampoco ayudaron las pérdidas que trajeron consigo los tifones Habigis y Faxai ni los coletazos de la violenta disputa comercial entre Estados Unidos y China. Cayeron también las exportaciones. Sin consumo doméstico y con locales y fábricas con las persianas bajas, los números arrojaron tres meses seguidos de resultados negativos. La última vez que había pasado algo así había sido en 2011, tras el tsunami que –entre otros desastres– desencadenó la crisis nuclear en Fukushima.
Cuestión de tiempo
Si bien la tasa de desempleo no preocupa (2,2% en 2019), el mercado laboral presenta dos dificultades: la creciente informalidad y el excesivo aumento en las horas de cada jornada de tareas. Uno de cada tres japoneses no tiene contrato regular de trabajo. Hoy, un empleado necesita un 11% más de tiempo para obtener el mismo salario que hace dos décadas. Las empresas lo saben, la población también. Es habitual que haya que estar 12 horas o más fuera de casa para obtener una retribución que alcance. Abe ya había tomado medidas al respecto. Tuvo que aprobar una ley que limita las horas extraordinarias a menos de 100 horas al mes y menos de 720 al año. También dispuso sanciones para aquellas empresas que violaran esas limitaciones. Sus propuestas para regularizar la situación no tuvieron impacto: la incorporación de mujeres a la fuerza laboral («Womenomics») no fue significativa, tampoco la llegada de inmigrantes para alivianar la carga de los que se encuentran ocupados.
Hay trabajo para todos pero hay que trabajar muchísimo. Es que falta gente. El declive demográfico de Japón se arrastra desde 2008. Y hace tres años se rompió la balanza con mucho ruido: hubo 394.000 más muertes que nacimientos. La tasa de natalidad es de 1,4% por pareja cuando lo necesario para mantener el equilibrio es que trepe a 2,2%; la expectativa de vida es la mayor del mundo, 81 años para los hombres, 87 años para las mujeres. De mantenerse los guarismos, se calcula que para dentro de 40 años la población será de unos 90 millones de habitantes contra los 126 millones de hoy. No sirvieron los esfuerzos de Abe para fomentar los nacimientos. En 2017 había dispuesto 2 billones de yenes (18.000 millones de dólares) para ampliar la educación preescolar gratuita para niños de 3 a 5 años y achicar así los tiempos de espera en las guarderías.
La gestión del primer ministro saliente frente al COVID-19 también recibió críticas. Le espetaron falta de liderazgo ante la catástrofe sanitaria, demoras en cerrar las fronteras y una débil campaña de concientización para instalar la cuarentena. Abe se defendió con datos aceptables (a fines de agosto, 1.240 muertes en 65.000 infectados) pero reconoció que «hay cosas que deberíamos haber hecho mejor». No será él quien las corrija.
