Con un Congreso dividido, el presidente Vizcarra salió fortalecido de las elecciones aunque existen interrogantes sobre si podrá dar respuesta a la corrupción endémica y la crisis política. El desplome del fujimorismo y el retroceso de la izquierda.
12 de febrero de 2020
Moquegua. El mandatario, quien no tiene partido, vota en un colegio electoral al sur del país. (AFP Photo/Peruvian Presidency)
Los resultados de los comicios legislativos en Perú arrojaron un Congreso fragmentado en minibloques y sin mayoría de ningún partido, además de novedades, como la ruidosa derrota del fujimurismo y la desaparición de un aliado, el centenario partido APRA. Todas noticias muy buenas, al menos para el presidente Martín Vizcarra quien, sin fuerza política propia (no estuvo representado en los comicios), dice encarar una agenda de lucha contra la corrupción endémica en el país. En 2019, debido a duros choques con los bloques mayoritarios, decretó la suspensión constitucional de todos los congresistas y llamó a elecciones para reemplazarlos. Sin embargo, el panorama dista de ser promisorio para el mandatario y los otros partidos: la combinación del voto en blanco y el voto anulado (2,35% y 15,95% respectivamente) fue la opción más votada y no se vislumbran alternativas que sean capaces de dar respuesta a los serios problemas económicos y políticos que sufre el país.
En ese plano, el nuevo escenario político no tendrá actores dominantes, aunque los que votaron en las legislativas se inclinaron, mayoritariamente, por opciones de derecha y centroderecha. Por caso, y según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Acción Popular, el conservador partido fundado por el expresidente Fernando Belaunde Terry, quedó primero con el 10,31% de los votos válidos, asegurándose 24 escaños de los 130 que componen el Congreso unicameral del Perú. Le sigue una constelación de pequeños partidos de los que solo ocho lograron superar la valla electoral, un piso mínimo del 5% de votos. Entre ellos, el partido teocrático FREPAP, con el 8,27%; Podemos Perú (centroizquierda) y Alianza Por el Progreso (centroderecha), con 8,06%, y el Partido Morado (centrismo), con el 7,39%. Más atrás, con el 6,21%, aparece relegado el Frente Amplio. A causa de no haber acordado una alianza, las fuerzas progresistas y de izquierda retrocedieron: Juntos por Perú, que llevaba en sus filas a Verónica Mendoza, no obtuvo bancas.
Los comicios dejaron como dato relevante la derrota de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que pasó de tener 73 congresistas en 2016 a solo 12 en estas elecciones. Hija del expresidente Alberto Fujimori –actualmente en prisión por delitos de lesa humanidad–, Keiko pagó caro su situación judicial (ver recuadro) y el bloqueo parlamentario a las medidas que impulsaba el presidente Vizcarra. Según el especialista peruano en estudios latinoamericanos Aldo Olano, la ciudadanía castigó a todos los partidos, pero en especial al fujimorismo. «En los últimos años el fujimorismo mostró su peor cara en lo que respecta a su relación con la Justicia», evaluó en diálogo con Acción. Olano señala que la fragmentación del electorado peruano «es un proceso que arrancó a finales de los años 80 y se agravó en las últimas décadas con, por ejemplo, 24 candidatos a la presidencia en 2011». Sin embargo, advirtió que tal fenómeno va de la mano con otros: «Identidades políticas muy débiles» y una gran «volatilidad del voto». Esa combinación hace que, al no haber mayorías claras, los presidentes se elijan en segunda vuelta y que la gente se acostumbre a «votar por el mal menor, como ocurrió en los balotajes de 2001, 2006, 2011, y 2016», explicó.
Conflicto de poderes
«La fragmentación del nuevo Congreso, con pocos diputados fujimoristas y sin representantes del APRA, es un triunfo para el presidente Martín Vizcarra», señala a la vez el politólogo peruano José Alejandro Godoy en diálogo con Acción. «Recordemos que Vizcarra no cuenta con partido propio; fue invitado por Pedro Pablo Kuczynski para integrar la fórmula presidencial y terminó como titular del Ejecutivo, y en ese marco el discurso anticorrupción le ha dado buenos réditos», amplía.
De hecho, el 30 de septiembre de 2019, Vizcarra decretó el cierre del Congreso debido a que ejercía un constante boicot contra su gestión, especialmente en lo que él califica como la lucha anticorrupción. Según la Constitución peruana, el presidente tiene la facultad de emprender esa medida extrema si la Cámara les niega el mecanismo constitucional de cuestión de confianza a dos gabinetes presidenciales. La norma además ordena convocar a una elección parlamentaria para completar el período. Por ello es que los nuevos legisladores tendrán un mandato acotado hasta el 27 de julio de 2021, fecha en la que asumirá el nuevo presidente y los nuevos legisladores que surjan de las elecciones generales de ese año.
Los sondeos de opinión favorecen al gobierno de Vizcarra, quien a fines de 2018 convocó un referendo anticorrupción, cuyas 4 preguntas obtuvieron entre el 78% y el 80% de aprobación de la ciudadanía. Pero el apoyo al mandato de Vizcarra no tuvo su correlato en las últimas elecciones, que mostraron una ciudadanía apática. Salvo el proselitismo de los partidos políticos en las plazas del centro histórico, en el resto de Lima no hubo clima de elecciones. La fragmentación del nuevo Congreso es un alivio para el actual mandatario, pero también habla del fuerte descrédito que sufre la clase política peruana, Vizcarra incluido. Se abre un panorama incierto para las presidenciales de 2021, con la izquierda dispersa y alternativas políticas de derecha que, pese a la falta de apoyo y algunas diferencias, coinciden en no querer apartarse de las recetas neoliberales de las últimas décadas.
