Sindicatos del transporte paralizaron la capital gala contra el proyecto del presidente Macron que pretende modificar el sistema previsional perjudicando a trabajadores de regímenes especiales e incorporar un modelo de aporte individual.
25 de septiembre de 2019
Ciudad Luz. Hubo un paro masivo y movilizaciones en París. No hubo subtes y solo circuló un tercio de los ómnibus y de los trenes de cercanía. (AFP/Dachary)
Doce millones de franceses quedaron a pie por un paro en rechazo de una reforma previsional que podría dejar a muchos millones más sin derecho a una jubilación digna. Fue la huelga más contundente y masiva desde 2007. La reacción de los trabajadores organizados contra el proyecto de reforma previsional que encara el presidente Emmanuel Macron es, acaso, la última oportunidad que tienen los sindicatos de torcerle el brazo al Gobierno. Vienen de dos derrotas, dos avances contra los derechos laborales: la reforma laboral y la reforma parcialmente privatizadora de los ferrocarriles. La conflictividad social regresa a París, cuando ya parecía que se había sosegado el intenso resplandor de los chalecos amarillos.
Más de la mitad de los subtes de la ciudad capital, dos de cada tres colectivos, gran parte del servicio ferroviario interurbano: casi nada se movió, con la intención de bloquear la iniciativa de modificar el régimen de pensiones, una de las promesas electorales de Macron que le permitió llegar al Elíseo en mayo de 2017. Afiliados a la Compañía Autónoma de Transportes Parisinos (RATP) protagonizaron una medida de fuerza que contó con el apoyo de la Confederación General de los Trabajadores. «Tocar a nuestras pensiones es romper un contrato social, un contrato moral», aseguró Jean Christophe Delprat, del sindicato Sud. Las autoridades nacionales evitan hablar de «reforma» y ensayan una pirueta semántica para congraciarse con los afectados por la medida. «Se trata de una refundación del sistema, y una refundación no se hace de manera precipitada ni de manera vertical», declaró el primer ministro Édouard Philippe.
La propuesta contempla eliminar una decena de regímenes especiales de retiro, beneficio que involucra a unas 800.000 personas del sector público. Entre ellas se encuentran enfermeras, policías y empleados ferroviarios, de la compañía eléctrica EDF y del citado RAPT. El gremio de transporte goza, además, de la posibilidad de jubilarse –según ciertos requisitos y condiciones– a partir de los 51 años. Desde que el presidente Nicolas Sarkozy lo modificó en 2010, el sistema legal general establece el cobro de pensión a partir de los 62 años (antes, era a los 60).
Puntos de equilibrio
Se habla ahora de una «edad de jubilación de equilibrio» que se establecerá en 64 años a partir de 2025. En la práctica, el sistema previsional funcionaría como una caja de ahorro individual: a través de un sistema de puntos, por cada 100 euros cotizados durante la vida activa se recibirán 5,5 cada año de jubilación. Para el caso de aquellos que pasaron largo tiempo desempleados o que tienen períodos activos entrecortados, se asegura un beneficio del 85% del salario mínimo (hoy representan unos 1.000 euros).
Macron sabe que su tiempo es ahora. Salió sin demasiadas heridas de las masivas y violentas concentraciones de los «chalecos amarillos» del año pasado. La imagen del Arco del Triunfo borroso detrás del fuego y el humo fue una noticia que recorrió el mundo y, puertas adentro, hizo que la popularidad del presidente se desmoronara. El mandatario lanzó un paquete de medidas que lo puso de nuevo en el centro del ring. Primero incrementó en 100 euros el salario mínimo. Redujo impuestos sobre la renta a unos 12 millones de contribuyentes. Permitió a medianas y grandes empresas que abonen a sus empleados un monto extra voluntario, libre de cargas sociales.
La contundencia en el paro del transporte es una señal de los sindicatos al argumento que Macron lanzó con la primera de sus modificaciones estructurales, la reforma laboral. «Creo en la democracia, pero la democracia no es la calle; respeto a los manifestantes, pero también a los electores que votaron por un cambio», expresó el presidente al rubricar lo que llamó una decisión «inédita, indispensable para nuestra economía». Se dispuso un tope a las indemnizaciones, que serán permitidas si las empresas justifican pérdidas económicas. Quedó limitada la acción sindical al permitir la negociación individual entre el trabajador y el empleador. Un símbolo de una normativa de avanzada, la jornada de 35 horas semanales, quedó debilitada de hecho al permitirse modificaciones horarias en situaciones excepcionales.
Grandes huelgas habían precedido también la reforma del sistema estatal de ferrocarriles, la SNCF. Por peso específico gremial y por el significado de la compañía en la idiosincrasia francesa se comparó incluso con aquella pulseada que había librado Margaret Thatcher contra los sindicatos mineros británicos en los 80. Macron espera emular a la líder neoliberal cuatro décadas más tarde.
