11 de junio de 2014
Fiel a la tradición de involucrarse en la realidad nacional, en febrero de 2002 el Instituto Movilizador advertía sobre la gravedad de la situación del país y analizaba las posibles salidas.
Agosto de 2005. Más de 8.000 dirigentes asistieron a la presentación de la versión corregida de la Propuesta.
La crisis argentina que culminó en el estallido social de diciembre de 2001 expuso el fracaso del modelo económico instaurado durante la última dictadura cívico-militar y profundizado en la década de 1990. El nuevo milenio comenzó en el país con una realidad económica, social y política de extrema complejidad, signada por la falta de empleo, la inestabilidad institucional, la fuga de divisas, el «corralito» y la pesificación de los ahorros. Más de 5 millones de personas estaban desocupadas y subocupadas y el 54% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Lo que llevó a esa situación «no fueron decisiones soberanas en función de estrategias políticas de gobierno, sino medidas que se tomaron cuando se agotó la política que se venía aplicando», analizaba la Memoria y Balance del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de aquel período.
Consecuente con su tradición de no permanecer indiferente ante la realidad nacional, el IMFC elaboró y presentó públicamente en el mes de febrero de 2002, dos meses después de los acontecimientos de diciembre de 2001, un documento que, en 2003, tendría su versión actualizada bajo el nombre de Propuesta para refundar la Nación y enfrentar la emergencia. Ese documento, elaborado un mes antes de la asunción de Néstor Kirchner en mayo de ese año, establecía los principales lineamientos del Instituto para aportar a la recomposición de la situación argentina. En aquel momento, la propuesta afirmaba que era cada vez más necesario «recurrir a políticas económicas que, además de buscar ampliar la base productiva, contemplen la redistribución progresiva de los ingresos no sólo por cuestiones de equidad, sino también como una forma concreta de impulsar el crecimiento». La declaración del IMFC abordaba además la necesidad de reformar la Constitución Nacional. «El régimen imperante refundió la Nación; se trata ahora de refundarla y la reforma constitucional debe ser un punto de partida de un nuevo contrato social que permita edificar otro proyecto de país». Según el documento, las principales reformas debían orientarse a desarrollar el principio de poder popular y, en ese orden, establecer ámbitos de participación democráticos y ampliados. Además, se reafirmaba la propiedad pública como forma prioritaria de la organización económica del país, incluyendo a la propiedad cooperativa y solidaria como una de las formas de economía social.
Junto con la demanda de redistribución de los ingresos y el proceso de reforma constitucional orientado a priorizar los intereses ciudadanos, la Propuesta para refundar la Nación y enfrentar la emergencia establecía también numerosas iniciativas en distintos niveles. Es así como se proponía un seguro de empleo y formación, una asignación universal por hijo y un ingreso mínimo a los mayores de 65 años, la regulación del tipo de cambio en defensa de la moneda nacional y el rechazo a las exigencias y condicionamientos de los organismos internacionales respecto de la economía nacional. Además, se promovía la sanción de una nueva normativa que reemplazara a la Ley de Entidades Financieras, propuesta que, años más tarde, sería encauzada a través del proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, elaborado por el dirigente cooperativista y diputado nacional Carlos Heller.
Casi a la par se fundaba, en noviembre del año 2002, el Centro Cultural de la Cooperación, que hoy lleva el nombre del recordado dirigente Floreal Gorini. Así, el Instituto no sólo marcaba su postura ante la realidad del país en la Propuesta sino que realizaba, con la apertura del CCC, una verdadera apuesta al futuro en un contexto de recesión. Tal como dijo Gorini en el acto inaugural: «Desde el Centro Cultural de la Cooperación nos proponemos acompañar las necesidades y sufrimientos de nuestro pueblo».
Señales de cambio
El gobierno de Néstor Kirchner mostró señales de cambio en el rumbo económico, iniciativas que permitieron comenzar a equilibrar la situación nacional. En ese contexto, el IMFC continuó sustentando la esencia de su propuesta pública al destacar la necesidad de resolver las asignaturas pendientes –fundamentalmente, la reinserción de los sectores sociales más desprotegidos– y de avanzar en la construcción de un modelo económico igualitario y participativo. Así, con el correr de los años, el IMFC mantuvo y profundizó las ideas planteadas en 2002, al tiempo que realizó su lectura del proceso de transformación que estaba aconteciendo. En agosto de 2005, con un gran acto en Parque Norte se presentó formalmente la Propuesta con las reformas y correcciones realizadas en los años precedentes. Asistieron 8.000 dirigentes de todo el país.
En 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández, se presentó una nueva versión del documento, llamada Propuesta para construir un país con más democracia y equidad distributiva, que manifestaba: «La transformación que auspiciamos será impulsada por nuevos actores sociales como las empresas de la economía social, sean públicas o solidarias (cooperativas mutuales, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales), que no responden a objetivos de lucro, sino de servicio, para la satisfacción de las necesidades sociales. Juntamente con ellas, participarán las pymes y los trabajadores, bajo un nuevo paradigma de gestión democrática».
En 2002 era difícil establecer un pronóstico sobre la posible salida a una crisis que había dejado a millones de personas sin trabajo, con el consecuente debilitamiento del tejido social. No obstante, muchos de los puntos que el IMFC había propuesto pudieron materializarse a lo largo de los años siguientes. La Propuesta fue, en definitiva, no sólo una lectura de un momento crítico del país, sino que elaboró un mapa de acciones para la transformación social, promoviendo un país más igualitario, siempre bajo la guía de los valores del cooperativismo: democracia y solidaridad.
—Maximiliano Senkiw
