Las discusiones en torno a los casos de «justicia por mano propia» suelen esquivar un factor de gran incidencia en los desenlaces fatales, tanto de hechos delictivos como de conflictos interpersonales. La demorada vuelta del Programa de Entrega Voluntaria y la creación de la ANMAC.
14 de octubre de 2016
(Horacio Paone)
De Negris, cerrajero que murió el pasado mes de marzo, cuando caminaba hacia su trabajo en el microcentro porteño, al ser alcanzado por las balas que el exmilitar y abogado Silvio Guillermo Martinero disparó en plena calle tras haber sido asaltado por dos ladrones en moto que le habían arrebatado un maletín con dinero. Meses después, los medios dedicaron amplia cobertura al caso del médico Lino Villar Cataldo, quien, para evitar el robo de su auto, mató a tiros a su asaltante, Ricardo Krabler. A mediados de setiembre trascendió el caso de un remisero del partido de San Martín, que, tras sustraer el arma a su asaltante, lo mató de dos balazos. Además del recurrente debate en torno a la «legítima defensa» (ver Acción, número 1203), los casos mencionados ponen de relieve otro aspecto menos abordado en la vorágine mediática, pero que está ligado íntimamente con el desenlace fatal de situaciones violentas: el uso de armas por parte de la población civil.
Según datos del Ministerio de Salud, solo en 2014, 2.981 personas murieron por heridas provocadas por armas de fuego en el país, unas 8 personas por día. Ese mismo año se presentó un trabajo conjunto realizado por el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Justicia y el entonces Registro Nacional de Armas (RENAR, hoy ANMAC, Agencia Nacional del Materiales Controlados), denominado Propuestas para el Desarme, que señalaba que en el país circulan 1.376.239 armas de fuego legalmente inscriptas y que hay 640.226 usuarios individuales de armas. El número puede ser mucho mayor si se suma el circulante de armas proveniente del mercado negro. Incluso, hay especialistas que señalan que del entrecruzamiento entre los datos del RENAR y del Ministerio de Salud (que hasta 2013 incluía en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo la pregunta acerca de si el encuestado tenía armas de fuego en su entorno), surge una cifra por lo menos tres veces mayor.
Un vector de violencia
«Un arma en una situación conflictiva no es más que un vector que transmite violencia, sin la presencia del arma tal vez se lamente una situación de violencia pero no la muerte. Trabajar en la prevención y entender que un arma de fuego siempre es un problema y un riesgo es fundamental», señala Aldana Romano, politóloga y directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales, INECIP, en diálogo con Acción.
La intensa cobertura mediática a los casos de muertes en hechos delictivos podría inducir a pensar que la mayoría de los homicidios dolosos ocurre en ocasión de robo o delitos contra la propiedad. Sin embargo, según el informe Homicidios dolosos 2012. Conurbano Bonaerense, del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 41% de los homicidios dolosos, es decir con intención de matar, ocurridos en ese año (el último con datos disponibles), se dio como desenlace de «discusiones, riñas o reyertas». A su vez, el informe de la Corte señala que el 68% de esos homicidios fue cometido con un arma de fuego. Un panorama similar reflejan los casos de la Ciudad de Buenos Aires (ver infografías). Esto significa que 5 de cada 10 homicidios fueron consecuencia de la forma de abordar los conflictos interpersonales y situaciones violentas entre personas del mismo entorno familiar-afectivo.
Por otra parte, hablar de armas legales e ilegales y considerar que el problema son únicamente aquellas que circulan en el mercado negro no solo brinda una visión limitada del conflicto, sino que además alimenta el argumento de los lobistas que ensalzan la figura del legítimo usuario. «Los legítimos usuarios plantean que el problema son las armas ilegales o irregulares, cuando la verdad es que todas las armas comienzan siendo legales, lo que ocurre es que muchas luego pasan al mercado ilegal de distintas formas. Por un lado, está todo lo que tiene que ver con los arsenales de las fuerzas de seguridad federales, provinciales, sistema penitenciario y también las armas de guerra de las Fuerzas Armadas. Es fundamental tener un mayor control de los mismos, algunas cosas se hicieron pero falta bastante. Otra de las fuentes de armas son las decomisadas, las secuestradas durante los delitos. Como son armas que son parte de prueba judicial, muchas veces se conservan en las comisarías o en las fiscalías pero no se registran debidamente. Otra fuente son las armas particulares que son robadas a sus propietarios. Por último, están los desvíos que pueden existir en las armas que se comercializan, en las que se importan, por ejemplo», explica María Alejandra Otamendi, investigadora del Observatorio de Jóvenes y Adolescentes, Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires.
Para Otamendi, «las armas siempre son un problema porque pasan de un lado al otro, incluso hubo casos de legítimos usuarios involucrados en casos de violencia. Tienen que estar los controles, pero no alcanza y hay que apuntar al mercado ilegal pero también hacia las fuerzas de seguridad, a las que hay que supervisar».
Prevenir y educar
¿Cuál sería entonces la mejor estrategia para abordar políticas públicas que frenen la circulación de armas entre la población civil y sus fatídicas consecuencias? En opinión de Romano, es una cuestión de tres aristas. La primera pasa por la prevención y por educar a la población en una cultura de resolución pacífica de conflictos. «En este sentido va el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y las campañas de difusión respecto de los riesgos, orientadas sobre todo a los chicos, porque son los niños quienes muchas veces asocian las armas a juguetes y como consecuencia de esto suceden los accidentes, que son algo cotidiano», indica.
Otamendi. «Hacen falta controles del mercado ilegal pero también del legal.»
Romano. «Hay que trabajar en campañas sobre los riesgos de tener armas.»
Otro de los pilares, considera la politóloga, es el control del mercado legal, es decir, la necesidad de fiscalizar toda la vida de un arma de fuego, desde el momento en que se fabrica, se traslada, se comercializa y se utiliza hasta el momento en que se destruye y sale de circulación. «A diferencia de otros, el mercado ilegal de armas de fuego se nutre en muchísimos casos del desvío del mercado legal, salvo pequeñas fabricaciones de armas “tumberas”, pero son las menos», advierte Romano.
Finalmente, sostiene la especialista, «el Estado tiene que garantizarle a la población que aquella persona que está en condiciones de tener un arma de fuego sea controlada y esté apta para hacerlo, porque siempre que se habilita a otro a usar un arma se está afectando la seguridad de esa persona pero también la de terceros. Hay que saber, además, qué cantidad de armas se fabrican en el país, qué cantidad de municiones, dónde, cómo y quién las traslada».
Portadores o usuarios
Hoy, en la Argentina, para tener la credencial de usuario autorizado a tener un arma de fuego hay que ser mayor de 21 años, demostrar medios lícitos de vida, no tener antecedentes penales y presentar un certificado de aptitud física y psicológica. «Hasta hace algunos años, hasta el caso de Alfredo Marcenac, el certificado de aptitud física te lo podía hacer un traumatólogo. Luego del asesinato esto fue cambiando y hoy el Estado autoriza a ser legítimo usuario, esto significa que se puede tramitar la tenencia del arma y esta se puede trasladar pero no puede llevarse lista para usar. La portación, en cambio, es cuando sí puede llevarse un arma en condiciones inmediatas de uso. Pero para ser portador se debe justificar ante el Estado cuáles son las razones de seguridad que se están invocando, nunca puede ser la inseguridad general, tiene que hablar de una amenaza concreta y real contra tu vida», subraya Romano.
Sin condena. Marcenac y Bouyssede, padres del joven asesinado en Belgrano en 1996. (Gustavo Amarelle / Télam)
Alfredo Marcenac era un joven estudiante que, en 2006, fue asesinado en el barrio porteño de Belgrano por Martín Ríos, quien abrió fuego deliberadamente en plena avenida Cabildo, hiriendo además a otras 13 personas. Recientemente, y a casi 10 años del crimen, la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso que la querella, Adrián Marcenac y Mónica Beatriz Bouyssede, padres de Alfredo, presentaron contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal 26, que en julio del 2014 absolvió al procesado, por considerarlo inimputable por esquizofrenia, en el segundo juicio oral que se hizo por el caso.
«En la Argentina, según los datos de la ANMAC, los portadores son aproximadamente 200, es decir que es muy baja la cantidad. La portación es restrictiva, pero lo legal es una cosa y por otra parte está el mercado negro, que es enorme» dice Otamendi. Y agrega otro aspecto de la problemática: la incidencia de las armas de fuego en los femicidios. «Para las mujeres, la presencia de un arma en el hogar es una amenaza constante», sostiene. De hecho, solo durante 2015, unas 57 mujeres fueron asesinadas con armas de fuego, mientras que 41 fueron apuñaladas, 39 fueron muertas a golpes y 19 fueron incineradas. Asimismo, de acuerdo con datos de la ONG La Casa del Encuentro, las armas de fuego son las más elegidas por los femicidas.
Solo un cambio de nombre
Hasta 2015, la entidad a cargo del registro y control del mercado legal de armas de fuego era el RENAR, que, por otra parte, fue cambiando su dependencia orgánica ya que originariamente funcionaba dentro del Ministerio de Defensa, luego pasó a la órbita del Ministerio del Interior para, finalmente, recaer en la cartera de Justicia. En octubre de 2015, el Congreso Nacional sancionó por unanimidad la ley 27.192 mediante la cual se creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC, que reemplazó al RENAR. Sin embargo, la ley aún no fue reglamentada.
«Que el organismo esté dotado de los recursos necesarios depende de la reglamentación de la ley. Hoy estamos especialmente preocupados por el presupuesto, porque para que la ANMAC pueda cumplir con las funciones que le fueron asignadas por ley necesita de su presupuesto y terminar con su sostenimiento a través de un ente cooperador», sostiene Romano.
La existencia de un ente cooperador (organismos privados que recaudan y administran fondos por brindar diferentes servicios que corresponderían el Estado) no es menor. Desde 1992, el organismo privado que administraba los recursos del RENAR era la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca, la misma que hasta el año 2013 realizaba, entre otras actividades, el Campeonato Promocional Nacional Juvenil de Tiro Deportivo con Carabina Calibre 22, destinado a chicos de entre 13 y 19 años. Es decir, una entidad con intereses específicos en torno a las armas de fuego. A partir de julio de 2016, el ente cooperador de la ANMAC pasó a ser la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
«Con el RENAR teníamos un problema de naturaleza del organismo, porque privilegiaba las funciones de registro por sobre las de control; además se financiaba de la venta de los formularios para el acceso a las armas de fuego y los materiales explosivos y de las tasas que se percibían, y encima esos recursos estaban en manos de un privado. Pero, sin partida presupuestaria y con un ente cooperador nuevo, tenemos los mismos problemas», subraya Romano.
Ida y vuelta. Las armas secuestradas durante los delitos muchas veces no se registran debidamente y nutren el mercado negro. (Télam)
Para la especialista, el conflicto de la persistencia de un ente cooperador radica en que se sigue con un organismo que no está bajo el control de los órganos externos, como la Auditoría General de la Nación, y además no le caben los incumplimientos de deberes de funcionario público porque quienes se desempeñan allí siguen siendo empleados del ámbito privado.
Nueve meses sin programa
En 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner creó el Programa Nacional para la Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que logró recolectar más de 170.000 armas y destruir 1.300.000 municiones. La iniciativa promovía la entrega voluntaria y anónima a cambio de un incentivo económico.
Considerado exitoso, dicho Programa recibió el premio Política del Futuro 2013 que otorga la Organización de las Naciones Unidas. No obstante, a fines de 2015 se discontinuó y tuvieron que pasar casi nueve meses para que finalmente se prorrogara, hace algunas semanas, hasta diciembre de 2017.
La prórroga fue posible tras la aprobación de un proyecto de ley presentado por la senadora nacional Sigrid Kunath en julio de 2015. «El programa nacional de desarme se encontraba suspendido desde diciembre de 2015 por falta de una ley. Es muy importante que se reactive por los resultados que ha tenido: 175.170 armas de fuego entregadas hasta diciembre último», señala la legisladora en diálogo con Acción. Kunath reconoce que la demora en su reactivación es una situación grave porque, además, el método argentino, que consistió en la inutilización, destrucción y fundición de las armas, fue pionero en la región. «Este año presenté un nuevo proyecto de ley, esta vez junto al senador Miguel Pichetto, para dotar de perdurabilidad en el tiempo al programa de entrega voluntaria, propiciando la plena vigencia del mismo hasta que el Congreso Nacional sancione una ley que ponga fin a su ejecución por el cumplimiento de sus fines. Esta iniciativa obtuvo la media sanción del Senado en abril de este año, y esperamos que avance pronto su tratamiento en Diputados».
Quien también desde hace varios años viene trabajando en la prevención en torno al uso de armas de fuego tras el asesinato de su hijo es Adrián Marcenac. «Hace 8 años empezamos a trabajar con las escuelas en la resolución de conflictos sociales. Esto, a lo largo del tiempo, se transformó en una diplomatura que se dicta en una de las subsedes de la Universidad Nacional del Centro. El programa trata de construir la paz con una mirada amplia, directa, intentando minimizar la violencia física y verbal», señala Marcenac a Acción. Sin embargo, Marcenac, quien integra además la Red Argentina para el Desarme, advierte que todavía hay mucho por hacer: «Hemos acompañado el Programa de Entrega Voluntaria porque nos sentíamos identificados con los objetivos, pero creo que no se ha avanzado en los últimos años. Se logró la creación de la nueva Agencia, pero no se reglamentó y no vemos una decisión firme en esta nueva gestión para avanzar en ello».
