Como consecuencia del achicamiento de la comunicación estatal, con menor producción propia de contenidos y conflictos con los trabajadores del sector, se restringe el derecho ciudadano de acceso a la pluralidad informativa. Una política que favorece a los actores comerciales.
13 de febrero de 2019
Analistas de medios y trabajadores de prensa, quienes padecen las consecuencias de la política hacia el sistema de medios de comunicación del Estado, coinciden en señalar que los funcionarios que llegaron al gobierno invocando «pluralismo y diversidad» no trajeron ningún proyecto alternativo, más bien se dedicaron a arrasar con lo anterior: despidos masivos, desmantelamiento de áreas de género y corresponsalías, achicamiento en la generación de contenidos, pérdida de audiencia y congelamiento de la pantalla. «No cuestionan un proyecto cultural determinado, su producción discursiva descansa en los grandes medios», define Martín Becerra, profesor e investigador del Conicet y las universidades nacionales de Quilmes y Buenos Aires. «Están vaciando de público a los medios públicos», agrega.
A su criterio, el gobierno de Macri nunca tuvo un proyecto de medios públicos. «Es errático, cambia las prioridades de un año a otro, modifica la programación, es una discontinuidad constante lo que se ve en la pantalla o se escucha en la radio. Hasta fines de 2017 vaciaron las señales estatales Encuentro, PakaPaka y DeporTV ofreciendo retiros voluntarios; pareció ser más dosificado en comparación con la violencia contra Télam», sostiene el experto al referirse al emblemático conflicto que atravesó la agencia nacional de noticias el año pasado. «Pasaron de decir “somos plurales y diversos, no somos 6,7,8”, a abonar el discurso del ajuste por una supuesta sobredotación de personal y la situación se hizo más grave, comenzó una política de vaciamiento explícito en Canal 7, en Radio Nacional y en Télam. Lo que al principio era carencia de proyecto, o más bien ensayo y error, se convirtió en vaciamiento porque a los despidos de los trabajadores hay que sumarles el congelamiento de la pantalla», sentencia Becerra.
Sin recambio
El autor de De la concentración a la convergencia supo ser crítico de lo que denominó la «gubernamentalización extrema» de las gestiones anteriores, pero admite que una parte de la audiencia encontraba atractivo en esa pantalla y en esa radio. «Es porque interpelaban a ese público, ahora quitaron a Encuentro la función pedagógica y educativa que tuvo desde su creación como canal. Y a Nacional y a la TVP (Televisión Pública) la vaciaron de público porque hay una programación totalmente errática, sin un perfil ni destinatario claros. En el prime time ponen documentales de la fauna en Alaska, bien hechos por la BBC, pero en este país todo el tiempo pasa de todo. Es la demostración más cabal de que están congelando la pantalla, no hay nada de recambio». Para Becerra, además del perjuicio a los trabajadores, hay una incomprensión preocupante del rol de servicio público que cumplen los medios del Estado, porque a muchos lugares del país no llegan los medios privados. «Si congelás así la pantalla perjudicás a la sociedad, no solo al laburante que echaste o con el que tenés pica porque estuvo identificado con un gobierno que a vos no te gusta. Es algo muy delicado, afecta a personas que viven en zonas alejadas que solo pueden ver TVP. No recuerdo ningún gobierno desde 1983 hasta ahora cuyo proyecto de los medios estatales sea lisa y llanamente vaciarlos», resume.
¿Algo para rescatar? «En ficción y en los informativos, cuando los pasan, tienen algunos programas interesantes, pero se pierden en el contexto de la grilla general. Productos como El Marginal o Cuéntame cómo pasó, tienen inversión y creatividad, pero se desdibujan porque el canal pone la fauna de Alaska y enseguida un programa al que apostaron todo. La pantalla fría no pasa de golpe a una caliente, lo sabe cualquier programador. En Radio Nacional lo mismo, es una especie de encefalograma con picos y depresiones, la audiencia no se ve atraída a sintonizarla».
En la mirada del periodista, docente e investigador Washington Uranga, las decisiones del gobierno de Macri generaron graves restricciones al derecho a la comunicación y ampliaron las atribuciones de los actores comerciales del sistema de medios. Uranga habla de «desguace» de la comunicación pública, y recuerda que en diciembre de 2018 los trabajadores de Radio Nacional, la TV Pública y la agencia Télam fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad cuando reclamaban contra la decisión oficial de imponer «paritaria cero» para el sector. El episodio desencadenó, entre otras consecuencias, la renuncia de la directora de Radio Nacional, Ana Gerschenson. «Esta periodista, que desde febrero de 2016 fue la encargada de desarticular la propuesta anterior de la radio estatal generando la significativa pérdida del nivel de audiencia, argumentó ahora: “No puedo acompañar la decisión de no otorgar una paritaria en un año difícil como el que termina”», sostiene Uranga.
«El gobierno nos declaró la guerra», dice Agustín Lecchi, delegado de la TV Pública, secretario de organización del SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), quien trabaja en el Canal 7 desde 2007. «Junto con Radio Nacional somos Radio y Televisión Argentina, y siempre sucede lo mismo: bajo la figura de contratos artísticos hay precarización laboral», explica. «En diciembre de 2017 hubo 200 compañeros y compañeras cesanteados en las señales digitales, luego hubo 16 despidos en Radio Nacional. El segundo domingo de enero del año pasado, en La Nación, Pablo Sirvén publicó “Comienza la batalla en la TV Pública”. No somos ingenuos, pero no nos estábamos preparando para una guerra, aunque es evidente que el gobierno sí», recuerda Lecchi. Lo que siguió fue una campaña de estigmatización contra los trabajadores de la TV Pública y los sindicatos. «Dijeron que teníamos salarios de 86.000 pesos, que no estaría nada mal, pero estaba muy alejado de la realidad», explica el dirigente del SIPREBA.
«Pretendían, y siguen pretendiendo, que aceptemos una paritaria cero, bajo la amenaza de modificar el convenio colectivo de trabajo y de los despidos. Nos negamos a modificarlo, quisieron imponer en Canal 7 la reforma laboral que el Congreso no votó, y que es un guiño para todos los canales privados; apuntan al convenio de prensa televisada 124/75», resume Lecchi. Durante el año pasado hubo un recorte de horas extra en el canal y dejaron de salir noticieros los fines de semana, generando de este modo un vacío informativo. Algo similar sucedió con las emisoras de Radio Nacional, que son 46, quedaron sin capacidad operativa para su propia grilla y en muchos casos deben reproducir los contenidos de Buenos Aires. Lecchi es enfático al decir que no se niegan a discutir cómo abordar las nuevas tecnologías (drones, mochilas 4G), pero aclara que no lo harán en esta situación con la que buscan, sostiene, «arrasar con nuestras conquistas y no mejorar la capacidad profesional».
Miradas parciales
«Desde SIPREBA decimos que el ajuste en los medios es censura, y en los medios públicos tiene el agravante de que deben ser los garantes de la información pública. Hicimos un noticiero en vivo desde la puerta del canal, sustentado por los trabajadores. Viajamos a Azul cuando estaban cerrando Fanazul, porque con la excusa de que no hay presupuesto fue un conflicto silenciado, como el de Río Turbio, el de Ledesma, la explosión de la escuela de Moreno y tantos otros», señala Lecchi. Según el delegado, mientras la gestión dice que hay que federalizar, el canal estatal se limita a los márgenes de la Ciudad de Buenos Aires y hace periodismo de oficina. El noticiero autogestionado apunta a mostrar que los fines de semana falta la voz de la TV Pública. «El gerente de noticias, Néstor Sclauzero, es además el presidente de FOPEA, donde hablan de la libertad de expresión, pero en la TV Pública la censuran. Por ejemplo, el canal eligió tomar la señal de Diputados TV cuando se trató el proyecto de ley que habilitaba el derecho al aborto, y no hubo ni una voz de las miles de mujeres que salieron a la calle».
Lecchi sostiene que «todas las gestiones tienen una mirada parcial, pero en momentos de ajuste brutal pasa a ser censura lisa y llana. El macrismo pretendió mostrar que se desligaba de la línea editorial, pero atacó nuestros puestos de trabajo. Así no se puede hablar de libertad de expresión ni del libre ejercicio de nuestra profesión».
En Télam hubo cuatro meses de paro, que fue levantado cuando la Justicia ratificó las reincorporaciones al fallar favorablemente a las cautelares pedidas por los dos sindicatos ante los 354 despidos. Pero no hay ofertas de incremento salarial. Luego de un año en el que los salarios perdieron por goleada contra la inflación y la devaluación, el Estado ofreció en la TVP un 5% de aumento en enero, rechazado por los gremios. En Radio Nacional la oferta fue del 15%, tras un año sin paritaria.
Ariel Bargach fue delegado en Télam (Telenoticiosa Americana), la agencia de noticias fundada en abril de 1945 por Juan Perón, y vivió en primera persona el histórico conflicto. «Desde mitad de 2017 la comisión gremial interna venía denunciando un proceso de achicamiento: se dejaron de hacer viajes al Interior y también al exterior. Al Mundial de Rusia fuimos con un cronista y un fotógrafo. Se achicaron suplementos y se cerraron secciones», dice. «No lograron hacer lo que querían, si es que sabían qué querían. Trajeron apenas dos agencieros, el resto no sabía cómo reaccionar», describe Bargach.
El latiguillo oficialista de que «sobra personal», que radica en el hecho de que con cada gobierno ingresan personal a la agencia, también es rebatido por el representante sindical. «El promedio de trabajadores de Télam siempre fue 600 a 700. Ahora serán poco más de 800. La agencia clásica de 200 cables y 30 fotos no existe más. La gestión del kirchnerismo sumó gente pero diversificó los productos, hoy las agencias son audiovisuales, multiplataforma, tienen servicio de radio, video, redes, celulares, web».Recursos humanos
Lo cierto es que los trabajadores de Télam ganaron todos los frentes judiciales. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi estableció el año pasado que no hubo toma de los edificios, solo una protesta sindical. En tanto, en la Justicia laboral el juzgado 22 de Ricardo Tatarsky resolvió que los despidos eran ilegales porque si la empresa pensaba despedir a más del 10% del personal debió abrir un recurso preventivo de crisis. Los afiliados al SITRAPREN (Sindicato de Trabajadores de Prensa) obtuvieron fallos en segunda instancia que determinaron que sus despidos habían sido discriminatorios.
En este contexto, Uranga rescata el rol de los trabajadores de los medios públicos que no se quedaron callados ante el sistemático achicamiento en las empresas del sistema, y marca como una consecuencia directa de esa política la evidente pérdida de audiencia de los medios estatales, en el marco de un sostenido favorecimiento de las grandes empresas de la comunicación. El periodista manifestó en una nota publicada en Página/12 que la política de medios públicos del macrismo atenta contra una verdadera comunicación democrática. «Sin Defensor del Público designado, sin que exista siquiera un borrador de la prometida ley de “convergencia digital”, mientras se desguaza el sistema de medios públicos y con la industria editorial en crisis, el oficialismo impulsó la aprobación en ambas cámaras del Congreso de una ley para eliminar la regulación sobre el papel para diarios que favorece a la principal empresa productora de ese insumo en el país, Papel Prensa, de la que son socios Clarín, La Nación y el Estado nacional». A su criterio, «son componentes de un escenario comunicacional cada día más lejano al ejercicio efectivo del derecho a la comunicación, que no refiere ni siquiera exclusivamente a la libertad de información y de comunicación, sino que está claramente atravesado por condiciones efectivas para garantizar derechos ciudadanos de acceso y participación restringidos por motivos económicos de grupos y empresas aliadas con intereses políticos y culturales que afectan seriamente a la democracia».
