8 de febrero de 2018
La Gendarmería continúa con la estrategia del gobierno de acusar a las víctimas y desligarse de su responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado. Mientras en la causa se desarrollan medidas clave para establecer el rol de los agentes en la persecución de un grupo de la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen, que culminó con la muerte del joven, la fuerza que responde a la ministra Patricia Bullrich presentó una denuncia en la que pide que se investigue lo que considera una presunta asociación ilícita y tres supuestos falsos testimonios (de dos mapuches y un amigo de Maldonado). El expediente está a cargo de la fiscal Silvina Ávila, que también interviene en la causa sobre la muerte, y del juez Guido Otranto, que fue apartado de ese expediente por parcialidad. Desde enero tramitan otra denuncia en sintonía del Ministerio de Seguridad, que pone en duda ocho testimonios y sugiere una suerte de complot. «Es una denuncia claramente intimidatoria», dijo Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado.
