Con una agenda y un Gabinete progresista, el primer Gobierno de coalición desde el retorno de la democracia apuesta a poner fin a décadas de neoliberalismo. La oposición de derecha y el conflicto catalán, principales desafíos. Impacto en América Latina.
15 de enero de 2020
Madrid. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se dan la mano luego de cerrar el acuerdo político en el Congreso, a fines de 2019. (AFP/Gabriel Bouys)
Hubo idas y vueltas, avances y retrocesos, negociaciones interminables y hasta acusaciones cruzadas. Pero, finalmente, se dio. Después de meses de parálisis política, dos elecciones y varias votaciones en el Congreso, el PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos más importantes de la ancha avenida progresista española, lograron formar el primer Gobierno de coalición desde el fin de la dictadura de Francisco Franco.
El inédito acuerdo se cocinó a fuego lento. Las primeras conversaciones datan de mediados de 2017, cuando ambas formaciones entendieron que, sin unidad, sería imposible desbancar a la derecha del Gobierno. Sin embargo, las distintas trayectorias de cada partido y los desencuentros entre sus principales dirigentes demoraron mucho más de lo imaginado el esperado abrazo entre Pedro Sánchez, líder del PSOE, y Pablo Iglesias, de Podemos.
Finalmente, sucedió el 7 de enero. Tras una reñida votación, Sánchez fue investido definitivamente como presidente de Gobierno. Su presencia en el Palacio de la Moncloa no constituye una novedad: el socialista ocupa el cargo desde mediados de 2018, cuando Mariano Rajoy tuvo que renunciar a la presidencia tras una moción de censura. Lo relevante es que ya no lo hace de forma provisional y que su alianza con Podemos marca también la llegada, por primera vez desde el retorno democrático, de un partido de izquierda al poder.
En un país acostumbrado al bipartidismo y a la repetición de funcionarios, el flamante Gabinete está poblado de caras nuevas. Entre ellas, la del propio Iglesias, que inició su meteórica carrera política al calor de los indignados y ahora ostenta el cargo de vicepresidente segundo, encargado especialmente de Derechos Sociales. En el Ministerio de Igualdad fue designada su pareja, Irene Montero, otra de las fundadoras de Podemos. El destacado sociólogo Manuel Castells se hizo cargo del nuevo Ministerio de Universidades y Alberto Garzón, de reconocida militancia comunista, se quedó con la también flamante cartera de Consumo.
Pero no se trata solo de figuras ligadas con la izquierda. El programa de gobierno presentado por el PSOE y Podemos también marca el comienzo de una nueva etapa progresista en materia económica y social. Entre las primeras iniciativas se destaca la creación de un Ingreso Mínimo Vital para familias vulnerables y un aumento del sueldo mínimo, que pasaría de los 900 euros actuales a los 1.200 en los próximos cuatro años. El plan incluye, además, un incremento del valor de los impuestos para los bancos y las empresas del sector energético, y la derogación de la reforma laboral que había sido impulsada por Mariano Rajoy y que fomentaba la precarización. Se trata de todo un paquete de medidas que, como dicen desde la Moncloa, tiene por objetivo reactivar la economía para recuperar las condiciones de vida de quienes más padecieron los efectos del modelo neoliberal.
Mesa de negociaciones
Por supuesto, esa tarea no será nada sencilla. Mucho menos si se tiene en cuenta que el Gobierno enfrenta una de las oposiciones más virulentas de los últimos años. La derecha del PP y de Ciudadanos, en alianza con los ultras de Vox, intentó minar el acuerdo entre el PSOE y Podemos desde el primer minuto, con un discurso que mezcló racismo, vivas al rey Felipe VI y ataques al movimiento independentista catalán. Antes de su investidura, Sánchez debió soportar un festival de agravios: «traidor», «estafador», «sociópata» y hasta «presidente fake», le dijeron. A coro con los grandes medios, Pablo Casado, líder del PP, aseguró que la coalición con los «comunistas» de Iglesias llevará el país a la quiebra. Santiago Abascal, de Vox, habló de un «matrimonio entre la mentira y la traición».
La derecha también fue especialmente crítica de los acuerdos que Sánchez selló con las fuerzas independentistas catalanas y vascas. Pero lo que para Casado constituyó un «pacto con terroristas y golpistas», en realidad fue una maniobra política imprescindible para allanar el camino en el Congreso hacia la formación de gobierno: sin el apoyo de la Esquerra Republicana de Catalunya y el partido vasco EH Bildu, eso habría sido definitivamente imposible.
Además, el acuerdo con los independentistas catalanes es un intento por resolver, a través de mecanismos institucionales, el delicado conflicto que se vive desde hace años en esa tierra. Según lo acordado, habrá mesas de diálogo e instancias de negociación constantes. Nadie sabe si eso será suficiente para poner fin al problema, pero sin dudas se trata de un giro de 180 grados respecto de la política de acciones judiciales y represión policial con la que Rajoy abordó este tema durante su gobierno.
Sánchez tendrá otros desafíos en el horizonte cercano. Aunque se trata de una fórmula interiorizada en muchos países de Europa, el Gobierno de coalición es toda una novedad para la política española. El gran reto del líder socialista será mantener la alianza con Podemos y manejar los eventuales desencuentros que puedan generarse en relación con los distintos puntos de vista que ambos partidos tienen sobre temas centrales como los vinculados con la economía y la política exterior. Cabe recordar que, antes de convertirse en socios, Sánchez e Iglesias supieron lanzarse artillería pesada por este tipo de cuestiones. La destreza política para tratar esas posibles diferencias será clave en pos de establecer un Gobierno sólido y aprobar las principales iniciativas de la agenda social.
La puesta en marcha de dicha agenda también deberá sortear importantes limitaciones. Por un lado, las impuestas por las cámaras empresarias, que al leer el programa del nuevo Gobierno expresaron su «honda preocupación» y se mostraron espantadas por la llegada del «populismo» al poder. Por otro, las planteadas por la Unión Europea, siempre presta a exigir «cuentas equilibradas» a los socios del bloque comunitario.
En una entrevista a poco de ser confirmado vicepresidente, el propio Iglesias reconoció que, por estos motivos, el programa de gobierno es «moderado» y fue elaborado «pensando en Europa». Pero, también, avisó: «No nos vamos a olvidar de dónde venimos».
