Los 16.968 cuerpos de hielo relevados en el inventario elaborado por el gobierno constituyen importantes reservas de agua. Pese a la ley que los preserva, siguen siendo objeto de amenazas. Organizaciones proteccionistas denuncian la intención de favorecer a las multinacionales.
11 de octubre de 2018
(Ignacio Martín)
En Santa Cruz, el glaciar Blanco se confunde con las nubes: solo los picos de la montaña distinguen a la tierra del cielo. En cambio, en Tunuyán, Mendoza, otra masa de hielo se camufla debajo de una capa de partículas de roca desgastadas por la erosión: bajo una fina cobertura de color marrón claro, un glaciar se esconde. En los Nevados de Cachi, Salta, las piedras pueden engañar a primera vista, pero allí, un glaciar de escombros se desplaza por acción de la gravedad por la cadena montañosa, la más alta de los valles Calchaquíes.
Los tres glaciares, de distintas categorías, forman parte de los 16.968 cuerpos de hielo que hay en la Argentina: 16.078 sobre la Cordillera de los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur. Los tres, además, son importantes reservas de agua. Los datos surgen del Inventario Nacional de Glaciares presentado en mayo, un relevamiento fundamental si se piensa en contar con información para que las provincias puedan proteger estos cuerpos de hielo y los científicos puedan estudiar su comportamiento.
El inventario, ordenado por la Ley Nacional de Glaciares, fue presentado por el gobierno nacional como «un hito en el fortalecimiento de la política de Estado en materia ambiental». Pero las organizaciones ambientalistas cuestionan la metodología con la que se realizó, afirman que está «incompleto» y advierten de una amenaza: la intención del oficialismo y las provincias mineras de modificar la norma que protege el ambiente glaciar y periglaciar en favor de los grandes proyectos mineros.
Escasez y superávit
Un argumento que se repite sobre los glaciares es que se trata de reservas hídricas. ¿Pero en qué momento funcionan de esa manera? «El glaciar te entrega más agua durante la sequía y ese es un hecho científicamente comprobado –dice el geólogo Juan Pablo Milana–. Lo hemos estudiado durante épocas de escasez hídrica y de superávit hídrico y producen más del doble de agua que lo normal porque hay un proceso de absorción de energía». Investigador en el Instituto de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de San Juan (INGEO-Conicet), Milana explica ese proceso: «El hielo está más sucio debido a que el viento deposita partículas de polvo. Entonces, el hielo que es expuesto es más oscuro, absorbe más energía y como resultado se funde más rápido. Nosotros estimamos que en una sequía, en un año de necesidad hídrica, los glaciares pueden aportar hasta un 70% o más del caudal total del río San Juan, el principal de la provincia».
Milana no cree que sea casualidad que el movimiento de protección a los glaciares haya surgido en San Juan, en donde las lluvias escasean y en donde, en 2005, la empresa canadiense Barrick Gold comenzó a explotar la mina Veladero. Desde ese año, además, se confirmaron tres derrames de cianuro –la sustancia utilizada para extraer los minerales de las rocas– que fueron a parar a los valles y al río Jáchal. En este contexto, un movimiento a favor de la protección de los recursos naturales dio origen a «Jáchal no se toca», una asamblea popular que, bajo el lema «el agua vale más que el oro» y «los glaciares no se tocan», inició una campaña y promovió una causa judicial en la que ya están procesados tres exsecretarios de Ambiente. Como ocurre en San Juan, Chubut, Catamarca, Mendoza y La Rioja, otras asambleas se levantan en defensa de los recursos naturales de su entorno.
(Daniel Ferreira Leites/Alamy Stock Photo)
La defensa de los glaciares como recursos hídricos llegó al Congreso en 2008 de la mano de la entonces diputada Marta Maffei. Ese año, la primera ley de protección de estos cuerpos de hielo recibió el veto presidencial de Cristina Fernández. Dos años después, el diputado Miguel Bonasso presentó su proyecto: se habló de una iniciativa antiminera, pero, tras un acuerdo con Daniel Filmus, el proyecto se convirtió en la ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Entre sus puntos más importantes, la norma establece la realización de un inventario con «todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional», a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Asimismo, la ley indica que el relevamiento debe actualizarse cada cinco años y prohíbe la actividad minera en glaciares y en los ambientes periglaciares, definidos estos últimos como el «área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico». Una disposición, además, señala que el IANIGLA tenía 60 días para presentar un cronograma sobre la ejecución del inventario y que 180 días después de promulgada la ley, el relevamiento debía estar hecho en zonas consideradas prioritarias, allí donde había o hay todavía actividades (como la megaminería) prohibidas por la legislación.
Ocho años después de sancionada la ley, en mayo de este año, el entonces ministro y actual secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, presentó el inventario y aseguró que se terminó con «el pasivo ambiental». El trabajo se organizó en cinco regiones y se dividió en 69 subcuencas. La totalidad de los cuerpos de hielo en nuestro país, si se los uniera, ocuparía una superficie igual a 41 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) cree que «es importante que se haya hecho la primera publicación» de lo que es «la herramienta clave de los recursos hídricos». «Esto hay que resaltarlo porque venía con mucha dilación», apunta. Sin embargo, Marchegiani también destaca algo que no pasó inadvertido para las organizaciones ambientalistas: más allá de la demora con que se presentó el inventario, el relevamiento dejó afuera a los glaciares de menos de una hectárea y, dentro del ambiente periglaciar, solo incluyó a los glaciares de escombros, aunque hay otras geoformas. Organizaciones como Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, además de FARN, también aseguran que el relevamiento está «incompleto».
Desde el IANIGLA, a cargo de la elaboración del inventario, respondieron que el umbral mínimo fijado para incluir o no un cuerpo de hielo tuvo que ver con la elección de una metodología reconocida por organismos científicos internacionales. Para Marchegiani, en cambio, establecer un «piso», cuando la norma habla de «todos los glaciares y geoformas periglaciares», es «muy funcional a la política que está promoviendo el gobierno nacional, en sintonía con algunas provincias mineras, que es justamente sacar cualquier tipo de obstáculo para atraer inversiones». «Es una decisión política achicar el área de protección», afirma.
En peligro. Activistas de Greenpeace reclamaban en 2016 en Plaza de Mayo el cierre definitivo de la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold. (Télam)
Lucas Ruiz es investigador del Conicet en el IANIGLA y cuenta que él y el resto de las especialistas de la institución están orgullosos del trabajo realizado para el inventario, que incluyó no solo la visualización de imágenes satelitales, sino también salir en búsqueda de los glaciares en lugares de condiciones extremas. «Estamos convencidos de que hay un antes y un después en el conocimiento no solo de los glaciares, sino también de la Cordillera de los Andes», dice Ruiz, quien trabajó en el inventario y en el cronograma del proyecto. El investigador no esquiva la polémica en torno a la cuestión del tamaño de las superficies de hielo: «Los ambientalistas dicen que hay miles de glaciares de menos de una hectárea, pero nadie me lo ha mostrado y no hay ninguna evidencia de su existencia». Un elemento, además, se suma a la discusión, para hacerla más compleja: pueden existir cuerpos de hielo estacionales, o sea, que se derriten tras algunos meses. «Para llamar a eso glaciar hay que entender el proceso por el cual se forma, y si dura lo que tiene que durar para funcionar como una reserva de agua, pero nadie habla de eso», dice Ruiz.
Milana, por su parte, también es muy crítico del inventario y plantea: «En San Juan cada forma y cada cuerpo de hielo es importante porque muchos chicos suman como uno grande. Son miles de glaciares muy pequeños que suman su pequeña gotita todos los días para formar un caudal que es el que mantiene la vida en los valles».
Seguí. «Es inmenso el deterioro del río Jáchal. Ya nadie toma agua de la canilla.»
Marchegiani. «La política es sacar cualquier obstáculo para atraer inversiones.»
Ruiz. «No hay evidencia de la existencia de glaciares de menos de una hectárea.»
Milana. «En San Juan, cada forma y cada cuerpo de hielo es importante.»
Sin embargo, Ruiz cree que los cuestionamientos tienen que ver con otras motivaciones. «Esas críticas parten para mí de la falta de comprensión global del problema y de no contextualizarlo: es un trabajo a lo largo de todo el país, involucra mucho tiempo, tenemos la mitad de la gente contratada, que no es de planta permanente, y eso desde que iniciamos el inventario. Y no es que no hayamos reclamado, hemos mandado notas, y a todas las autoridades les hemos manifestado este problema. La crítica lo que hace es en realidad atacar el inventario, pero más que nada por una cuestión política». Y, ante los comentarios negativos, que incluso los vinculan con las empresas extractivistas, agrega: «Nosotros también tenemos una puja con la minería, que quiere coartar la Ley de Glaciares, y quiere sus propias interpretaciones de la ley».
Causa judicial
Más allá de la discusión sobre la metodología del inventario, los ambientalistas advierten que, aun con el mapeo tal como está, proyectos mineros como Veladero, de Barrick Gold y la firma china Shandong Gold, o Pascua Lama, de Barrick, en San Juan, deberían cerrar o trasladarse definitivamente por estar ubicados en zonas de ambientes glaciar y periglaciar, identificados previamente en los estudios de impacto ambiental que la misma minera hizo cuando se instaló.
Una causa, mientras tanto, avanzó en Comodoro Py: iniciada por la asamblea de Jáchal, los exsecretarios de Ambiente Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi se encuentran a la espera del juicio oral por violar la Ley de Glaciares. Durante la etapa de instrucción, el juez federal Sebastián Casanello los procesó por el delito de abuso de autoridad. Según el magistrado, los tres exfuncionarios generaron «un ámbito de desprotección de los cuerpos de hielo del ambiente glaciar y periglaciar» en los proyectos mineros de Barrick. Casanello señaló, entre otras irregularidades, que las minas se encuentran en la zona de los glaciares Amarillo, Guanaco, Potrerillos y Canito; y que «en el camino minero a Veladero se hallaba el glaciar Almirante Brown, el cual fue “cortado” para hacer el camino». «Todas estas actividades prohibidas –indicó el juez– no fueron impedidas ni abordadas por la autoridad de aplicación», la Secretaría de Ambiente. El retraso en la publicación del inventario también contribuyó a esta desprotección, concluyó Casanello. Además, el extitular del IANIGLA, Ricardo Villalba, se encuentra a la espera del juicio oral en la misma causa, también por abuso de autoridad, como responsable del inventario de glaciares presentado, y que hoy los ambientalistas critican.
A comienzos de 2018, antes de presentar el inventario, Bergman ya había admitido diferencias «en la interpretación» de la Ley de Glaciares, aunque negó que fuera a realizarse alguna modificación de la norma. Sin embargo, según consignó la agencia Télam en marzo, el entonces secretario de Minería, Daniel Meilán, hizo públicas dos metas oficiales: impulsar un nuevo Acuerdo Federal Minero que asegure inversiones y cree «escenarios de previsibilidad» y avanzar en una modificación de la Ley de Glaciares, para que considere a las actividades extractivas. La visión que rige en provincias como San Juan, Catamarca o Mendoza es que la legislación actual tiene «limitaciones» para el desarrollo de la actividad extractiva y uno de los aspectos a reescribir apuntaría al ambiente periglaciar que, para los funcionarios de minería, no constituye una reserva hídrica de importancia. «En esta política de inversión y reprimarización de la economía, esta Ley de Glaciares le molesta al gobierno, entonces están queriendo bajar cualquier tipo de estándar, pese a que en su discurso se incorpore muy bonito lo ambiental», cuestiona Marchegiani.
Santa Cruz. A medida que avanza, el glaciar Perito Moreno deja huellas en la montaña. (Ignacio Martín)
Diego Seguí, abogado de la asamblea «Jáchal no se toca», por su parte, sostuvo que, con la iniciativa de modificar la ley, «van de atrás para adelante, quieren ajustarla a lo que han hecho. En realidad, lo que quieren no es solo satisfacer el interés de las empresas mineras, sino también consagrar la propia impunidad de Bergman. No hay que olvidarse de que ya están procesados sus tres antecesores por lo mismo, por violar la ley de glaciares», añade Seguí.
Quien anunció que daría un paso sin esperar lo que disponga el gobierno nacional es el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Después de pedir un debate «con madurez» para reformar la ley, Uñac anunció que el inventario nacional será cotejado con un relevamiento de su provincia. No es la primera vez que San Juan o las empresas que allí operan intentan desconocer la Ley de Glaciares: en 2010, los reclamos de Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas S.A. contra la norma tuvieron su eco en la Justicia sanjuanina, que suspendió su aplicación. En 2012, finalmente, la Corte Suprema declaró la plena vigencia de la Ley de Glaciares.
Las organizaciones ambientalistas adelantan que buscarán que el inventario incluya las zonas que quedaron fuera de este trabajo, pero que también defenderán la ley actual. «Un proceso de reforma sería un retroceso inadmisible desde el punto de vista de la política ambiental», dice Marchegiani. Para la Secretaría de Minería, los proyectos son otros: aseguran que el litio y el cobre son los dos minerales que harían ingresar al país millones de dólares a través de las exportaciones, y desarrollar a las provincias del Interior. Un modelo económico que choca con la defensa del medio ambiente.
