12 de agosto de 2015
Con el inicio de la dictadura cívico-militar en 1976, el movimiento nucleado en el IMFC comenzó una nueva etapa de lucha.
Solicitadas. En los principales diarios del país se publicaron textos en apoyo al reclamo del IMFC para poder operar bajo la forma jurídica cooperativa.
Con vistas a las reformas económicas necesarias para instaurar un modelo de corte neoliberal, la Junta Militar emprendió un proceso de reconversión de normas y, a pocos días del golpe, el 2 de abril de 1976, encomendó a su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, la elaboración de un diagnóstico de la situación económica. Ese análisis concluyó con las pautas básicas de un programa de acción que incluía, en el ámbito financiero, la anulación de la ley de nacionalización de los depósitos y la necesidad de un nuevo marco legal.
En dicho contexto, los técnicos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) elaboraron un anteproyecto de ley de entidades financieras. Orientado a facilitar la concentración bancaria, la norma proyectada proponía, según el boletín de diciembre de 1976 del Centro de Estudios Económicos y Financieros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), eliminar la forma jurídica cooperativa como base de la organización de servicios bancarios, reservándola exclusivamente para las sociedades anónimas. El texto prohibía así a las cajas de crédito la captación de depósitos a la vista, recursos que generaban el 70% de sus fondos prestables, reservando ese servicio solo para los bancos comerciales. De esta forma, el modelo de acceso al crédito para los sectores más desprotegidos que habían representado las cajas entraba en jaque a partir de un proyecto que buscaba posicionar a los grandes actores bancarios como únicos operadores financieros.
Con ese cuadro, el cooperativismo de crédito, que en conjunto ocupaba el tercer lugar en el ranking de depósitos y préstamos del sistema financiero, comenzó una ardua tarea de debate y confrontación contra el proyecto. A pesar de no haber sido inicialmente convocado a discutir sobre la norma que afectaba a su operatoria, el movimiento cooperativo enrolado en el IMFC emprendió un programa de acciones públicas para dar a conocer el conflicto y torcer la normativa restrictiva. La primera reacción fue la presentación ante el Banco Central de un anteproyecto de reformas elaborado por el IMFC que solicitaba el reconocimiento de la igualdad operativa entre los bancos comerciales y las cajas de crédito. El texto planteaba, entre otros elementos, que las entidades solidarias pudieran operar bajo forma jurídica cooperativa y que además pudieran obtener servicios de apoyo institucional y técnico-administrativo en condiciones de integración en un organismo superior.
Los dirigentes del IMFC, además de reclamar el apoyo de las dos centrales cooperativas argentinas –CONINAGRO y COOPERA– y de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), recurrieron a la publicación de solicitadas para evitar que las cajas de crédito terminaran vaciadas por la acción de la futura ley. El 22 de diciembre de 1976 apareció la primera de las solicitadas en los principales diarios del país. Al texto suscribieron alrededor de 6.500 entidades sin fines de lucro como cámaras empresarias y centros comerciales, asociaciones vecinales, de fomento y de servicios públicos y mutuales, entre otras. Casi un mes después, el 17 de enero de 1977, con el ingreso a la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) del proyecto de ley de la dictadura, comenzó a publicarse en el diario Clarín una extensa solicitada en donde pequeñas y medianas empresas reclamaban a los poderes públicos que no se obstruyera la fuente de crédito –las cooperativas– que hacía a su propia subsistencia y desarrollo. En su núcleo central, el texto expresaba: «Las cajas de crédito cooperativas realizan sus servicios en acción solidaria y recíproca sin fines de lucro, operan en ámbitos locales revirtiendo el ahorro de cada zona en los lugares en los que se genera, y oponiendo a la concentración del crédito una distribución equitativa del mismo, todo lo cual constituye un aporte positivo para una economía social y regionalmente más armónica». La iniciativa tuvo más de 45.000 firmantes. El impacto en la opinión pública que causó esa solicitada –ocupó, a lo largo de una semana, 35 páginas de Clarín– se completó con otro texto en el que 100 destacadas personalidades argentinas del arte, la ciencia, el deporte y la cultura reconocían la acción cooperativa y la necesidad de preservarla. Simultáneamente, el Consejo Intercooperativo Argentino emitió un documento en forma de comunicado de prensa y de solicitada en donde rechazaba la reforma. El documento exigía también que se mantuviera el estatus jurídico de las cooperativas de crédito.
Finalmente, y con el tema y la discusión instalados, el esquema original previsto por la dictadura no llegó a materializarse de forma completa. El 15 de febrero de 1977 el Poder Ejecutivo sancionó la «Ley» 21.526 de Entidades Financieras. La norma, si bien vedaba a las cajas de crédito la facultad de operar en el futuro con cuentas a la vista, les otorgaba la posibilidad de transformarse en bancos comerciales conservando su forma jurídica cooperativa. Para ello, se daba plazo de un año, extensible a dos, a partir del momento de su entrada en vigencia, para adecuar la estructura de las cajas al nuevo régimen legal.
Una vez conocido el texto definitivo, el consejo de administración del Instituto Movilizador evaluó sus principales características y llegó a la conclusión de un «empate». Si bien la ley representaba lo opuesto a la visión del sistema financiero que tenía el IMFC y no permitía la operatoria de las cajas de crédito, la posibilidad de transformar las entidades en bancos cooperativos era un logro a valorar si se consideraba el durísimo contexto en el que se había operado. Aproximadamente 300 cajas de crédito, de las 400 existentes en 1977, optaron por transformarse, dando lugar a 77 bancos cooperativos, entre ellos el Banco Credicoop. «En suma, se había logrado preservar la vida de las entidades, lo cual no era poco», reconocía el IMFC en un documento de 1988.
—Maximiliano Senkiw
Asesoramiento histórico: Daniel Plotinsky
Fotos: archivo Acción
Presencia en la Feria del Libro
Idelcoop, el Instituto Movilizador y el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico compartieron un stand en la XI edición de la Feria Internacional «El Libro. Del autor al lector». En ese espacio, las organizaciones exhibieron una amplia variedad de material cooperativo, además de revistas y libros.
