Guatemala en llamas

La movilización popular logró que el Congreso suspendiera la aprobación del Presupuesto 2021 que preveía ajustes en salud, educación y lucha contra la pobreza. El pedido de renuncia a Alejandro Giammattei, quien solicitó la intervención de la OEA.


Activos. Líderes indígenas exhiben carteles de repudio contra el Gobierno, en una de las jornadas de protestas en la capital del país. (Johan Ordonez/AFP)

En 2019, durante la campaña electoral para la presidencia, Alejandro Giammattei dejó una frase para el recuerdo: «No quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de este país». Con ese tipo de declaraciones –y con un discurso de mano dura, a favor de la pena de muerte y en contra del aborto y del matrimonio igualitario– concretó aquel anhelado objetivo que había visto frustrado en tres oportunidades: convertirse en presidente de Guatemala. Lo que nunca imaginó este médico de 64 años es que, a menos de un año de asumir el cargo, miles de personas saldrían a las calles para exigir su renuncia.
Las manifestaciones comenzaron hacia fines de noviembre, poco después de que el Congreso guatemalteco aprobara, entre gallos y medianoche, el Presupuesto 2021. La ley contemplaba un gasto total de 99.700 millones de quetzales (12.800 millones de dólares) y, aunque se trataba de una cifra 25% mayor a la de este año, no estipulaba aumentos en áreas que deberían ser consideradas prioritarias, sobre todo en tiempos de emergencia social y sanitaria: educación, salud (el país registra más de 4.100 muertos por la pandemia de coronavirus), combate a la pobreza (que alcanza al 59,3% de los 17 millones de habitantes) y desnutrición infantil (afecta al 46,5% de los chicos y chicas menores de 5 años). Por el contrario, la mayor parte de los fondos sería utilizada para financiar proyectos privados de infraestructura.
Giammattei defendió el Presupuesto argumentando que permitiría «reducir gastos de funcionamiento» para «atender las prioridades del país». Pero los guatemaltecos no le creyeron. Al igual que en otros países de la región –como en Costa Rica, donde la presión social tiró abajo un acuerdo con el FMI–, un variopinto movimiento que aglutinó a sindicatos, campesinos, indígenas, estudiantes y ciudadanos de a pie se volcó a las calles para rechazar el plan de ajuste. El clima estaba tan caldeado que, en una de las movilizaciones, un grupo reducido de manifestantes prendió fuego un sector del Congreso. La policía reprimió no solo a quienes atacaron el edificio legislativo, sino también a quienes se manifestaban pacíficamente a diez cuadras de allí, lo que generó críticas de organismos internacionales como la ONU y la CIDH.
Ante ese panorama, al Gobierno no le quedó otra salida que dar marcha atrás. En una sesión escandalosa que casi termina a los golpes, el Congreso anuló la aprobación del Presupuesto «con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social», dijo el diputado oficialista Allan Rodríguez. Al cierre de esta edición, todavía no se había definido si se buscaría aprobar un nuevo proyecto o si seguiría vigente el Presupuesto de este año.
Pese a que la decisión del Gobierno puso algunos paños fríos, muchos manifestantes aseguraron que no sacarían los pies de la calle hasta que Giammattei renunciara. Además, pedían la cabeza del ministro de la Gobernación y el director de la Policía, señalados como responsables de la represión.

Precipitaciones
El presidente, que asumió en enero de este año, cargó contra las marchas y sostuvo que sus participantes eran «grupos minoritarios que buscan forzar un golpe de Estado». Con ese argumento, solicitó la intervención de la OEA al invocar la Carta Democrática Interamericana, instrumento de resguardo del orden institucional ante una amenaza de ruptura democrática. Y así fue que la OEA envió a Guatemala una misión encabezada por el argentino Fulvio Pompeo –exdiputado y actual secretario de Relaciones Internacionales del PRO– para empaparse sobre la crisis política desatada.
La llegada del organismo conducido por el uruguayo Luis Almagro le valió duras críticas a Giammattei. Una de las más fuertes fue la de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, quien aseguró que no había motivos para invocar la Carta Democrática (ver recuadro).


Congreso. Incidentes y represión. (Orlando Estrada/AFP)

Otra figura importante que cuestionó la jugada fue el vicepresidente del país, Guillermo Castillo, convertido hace ya unos meses en el principal opositor a Giammattei. Castillo sostuvo que recurrir al organismo internacional fue «una decisión precipitada» y contradijo al presidente sobre el supuesto golpe de Estado en marcha. «Los golpes de Estado ya no los da la población. Muchos se los dan los mismos gobernantes», lanzó.
El desgaste en la relación del binomio presidencial se profundizó con el estallido de la crisis por el Presupuesto. En declaraciones a los medios, Castillo había dicho que Giammattei «hizo mal las cosas» y hasta le sugirió a su jefe que ambos debían presentar la renuncia «por el bien del país». Giammattei no se quedó atrás y respondió con artillería pesada: «El problema del vicepresidente es que durante las últimas cuatro semanas no se acercó jamás a ningún ministerio a ver qué estábamos haciendo. Si alguien se ha estado rascando la barriga, que se quede con la boquita callada». El cruce entre ambos excompañeros de fórmula solo echó más leña al fuego en el marco de una preocupante crisis política, económica y social.
Durante la campaña electoral de 2019, Giammattei estaba obsesionado con el legado que dejaría en caso de arribar a la presidencia. Quizás todavía sea demasiado temprano para predecir cómo será recordado. Pero lo cierto es que, de continuar por el mismo camino, probablemente no sea de la mejor manera.