Un amplio movimiento reclama mejores condiciones de vida y la renuncia del primer ministro Abdel Abdul-Mahdi. El Gobierno respondió con represión en un país que sufre el caos provocado por la intervención militar estadounidense. El factor petróleo.
27 de noviembre de 2019
En marcha. Activistas jóvenes con banderas iraquíes, en una protesta que incluyó cortes de calles en la ciudad portuaria de Basora. (Faleh/AFP/Dachary)
Al igual que Chile y Bolivia, pero a miles de kilómetros, otro país también arde. Irak, la castigada nación árabe que sufrió –y continúa sufriendo– los históricos tironeos de las potencias occidentales y regionales, es escenario de manifestaciones que pusieron en jaque a su Gobierno. En un territorio paradójicamente signado por la riqueza petrolera, los altísimos niveles de pobreza, exclusión y marginalidad –que se dispararon tras la invasión estadounidense de 2003– provocaron un estallido social de consecuencias impredecibles.
Las manifestaciones comenzaron a principios de octubre en las derruidas calles de Bagdad, la capital del país. En las protestas confluyen ciudadanos de distintos sectores sociales y ramas religiosas, pero los protagonistas son, sin dudas, los jóvenes, principales afectados por el creciente desempleo. Movilizados en esa suerte de moto-taxi que son los característicos «tuk tuk», reclaman trabajo y cuestionan a una dirigencia política que fue modelada a piacere por Estados Unidos. Se trata, casualmente, de la misma dirigencia señalada hoy por los altos niveles de corrupción que, según denuncian los manifestantes, provocaron que el funcionamiento de los servicios de agua, luz y transporte sea cada vez más precario.
En un inicio, el primer ministro Abdel Abdul-Mahdi respondió a las manifestaciones con un paquete de medidas económicas para brindar asistencia social a las familias de más bajos ingresos. Al mismo tiempo, asumió el compromiso de renovar su Gabinete y reformar el complejo sistema electoral nacional, que beneficia a los partidos más grandes y excluye a los pequeños. Dijo, además, que estaba dispuesto a convocar a elecciones anticipadas para formar un nuevo gobierno.
Las medidas lanzadas por Abdul-Mahdi tuvieron gusto a poco entre los manifestantes, quienes advirtieron que se quedarían en las calles hasta la caída del Gobierno. Ante esa situación, el primer ministro decidió responder al movimiento de protesta con la punta de los fusiles. Al cierre de esta edición, y según datos de la Alta Comisión Independiente para los Derechos Humanos en Irak, la brutal represión desatada había dejado un saldo de más de 300 muertos y 15.000 heridos. Fue, de acuerdo con Amnistía Internacional, un «baño de sangre»que no sirvió para aplacar los ánimos.
El Gobierno estadounidense, con jugosos intereses en Irak, se hizo eco de la crisis inmediatamente. A través de un comunicado, la Casa Blanca instó al Gobierno árabe a detener la violencia contra los manifestantes y cumplir la promesa de celebrar elecciones anticipadas. Luego, el secretario de Estado, Mike Pompeo, subió el tono y advirtió que su país podría aplicar sanciones.
Presiones conocidas
La dureza del mensaje no resulta sorpresiva si se tiene en cuenta la tirante relación que mantienen los presidentes Donald Trump y Abdul-Mahdi, perteneciente a la rama chiita del islam y, por ese motivo, más cercano a Irán. Desde la llegada al poder del iraquí, en octubre de 2018, hubo varios cortocircuitos entre ambos, incluidas reuniones oficiales canceladas a último momento. La relación se tensó nuevamente en noviembre pasado, cuando el Ejército iraquí sostuvo que no autorizaría alojar en su territorio a las tropas estadounidenses que se retiraran de Siria, una idea que había sido propuesta por el propio Trump.
Sin embargo, las tensiones no llegaron a poner en discusión la presencia de la Casa Blanca en Irak. A pesar de que en el pasado consideró que la intervención militar de 2003 había sido un «gran error», Trump todavía mantiene a unos 5.200 soldados en el país árabe y no tiene pensado retirarlos, al menos en el futuro cercano. Según dijo, la existencia de bases militares estadounidenses es importante para «observar» los movimientos de Irán, país al que considera el «verdadero problema» de Oriente Medio. Al motivo geopolítico se suma, por supuesto, el económico: Irak es uno de los más grandes productores mundiales de petróleo. Trump sabe eso mejor que nadie. De hecho, varios años antes de ser presidente había dicho que no podía «creer» que EE.UU. hubiese dejado Irak «sin llevarse petróleo». Por eso ahora precisa de un gobierno permeable a sus intereses y que, además, se mantenga alejado de la influencia de Teherán.
Eso mismo fue lo que buscó George W. Bush cuando invadió Irak, con la recordada excusa de las «armas de destrucción masiva». El derrocamiento y asesinato de Saddam Hussein fue seguido por la ocupación del país y la posterior apertura a la inversión extranjera, allanando el camino a la instalación de petroleras como ExxonMobil y Shell. Por entonces, Bush prometió «liberar» a la nación e instaurar un «modelo de democracia para la región». Sin embargo, lo único que dejó la aventura militar fue caos: guerra civil, nuevos grupos terroristas, fragmentación política, una industria destruida y más de 100.000 muertos. A 17 años de aquella incursión, las huellas de la devastación todavía están presentes.
