27 de agosto de 2018
El gobierno, algunos jueces aliados y los medios afines seguramente habrán concluido que ya no alcanzaba con denuncias puntuales: era necesario producir una diversificación y acumulación mediática de estas denuncias en una escala hasta entonces inédita. El agravamiento de la situación económica y social, como consecuencia de los planes de ajuste implementados por el gobierno y los cuestionamientos resultantes, exigía una mayor espectacularidad para intentar lograr el cambio de agenda.
Todo comenzó con los cuadernos incinerados. Luego, siguió con los empresarios y funcionarios «arrepentidos». A partir de entonces, los grandes medios comenzaron a contar con una provisión diaria de acusaciones y «pruebas» renovadas permanentemente. La Argentina se transformó en un reality show judicial.
Hay una correlación significativa entre la intensidad del deterioro de la situación económica y social y la saturación de las denuncias de corrupción.
Carlos Pagni, en La Nación, lo adelantó con precisión el 16 de agosto: «Los providenciales cuadernos de Centeno aparecieron en un momento en que el programa general de Mauricio Macri está siendo desafiado por limitaciones que obligan a pensar en un cambio de diseño. El denominado gradualismo se sostenía en dos pilares. El endeudamiento externo, que permitiría un ordenamiento paulatino de las finanzas del Estado. Y la obra pública, que estimularía la economía hasta que el sector privado se comprometiera con nuevas inversiones. Estas dos condiciones se han vuelto problemáticas (…) La recesión será más larga y más pronunciada de lo que se había previsto».
De todos modos, lo venimos diciendo e insistimos: hay que avanzar con cada una de las investigaciones que sean necesarias. La transparencia de la acción gubernamental es un principio fundamental del pacto democrático. Allí donde hay denuncias debe haber investigaciones a fondo. Pero así como es imprescindible indagar lo que sucedió, es indispensable hacerlo con métodos transparentes. La contradicción entre objetivos de transparencia y metodologías no transparentes está lejos de contribuir a la legitimidad de los resultados.
Por eso, la creciente sospecha de alteración de los procedimientos judiciales para producir denuncias espectaculares lleva a confundir las acciones de la «Justicia» con operaciones políticas.
En esta perspectiva se enmarcan, también, las recurrentes declaraciones (supuestamente textuales, dado el entrecomillado) que aparecen en los grandes medios mientras rige el secreto de sumario, lo que introduce dudas adicionales sobre el funcionamiento de nuestras instituciones.
En Argentina, como en Brasil, se observa un apogeo de neto corte inquisitivo: la construcción de «la verdad» a toda costa o, dicho de otro modo, la utilización de la posverdad, que es la apelación a emociones desconectadas de los detalles de la política pública en donde los hechos son ignorados. En ella algo que aparenta ser verdad es más importante que la propia verdad. Así, se inician investigaciones sin necesidad de denuncia previa, sin la presentación de documentación fehaciente, y se estigmatiza al imputado. En este último punto, especialmente, parece sostenerse este sistema de producción de denuncias «a la carta» a partir del intercambio institucional de información por libertad.
En ese intercambio interno entre jueces que presionan y «arrepentidos» se habría impuesto una especie de «política de precisiones» que los habría conducido a estos últimos a un relato prefabricado y carente de pruebas. De allí que, paradójicamente, en la aparente búsqueda de verosimilitud estos acaben en lo inverosímil. Un ejemplo claro: Uberti describiendo el dormitorio de la expresidenta, cuando ni siquiera tenía trato con ella y habida cuenta de que había sido despedido del gobierno tres años antes.
Comodoro Py. El edificio del barrio porteño de Retiro alberga los juzgados federales. (Jorge Aloy)
Por eso, repetimos: queremos transparencia, pero a través de mecanismos transparentes. Por ello, también, ante las dudas que genera parte de este Poder Judicial, se ha propuesto conformar una Comisión Parlamentaria Bicameral para que lleve adelante una investigación exhaustiva de toda la obra pública: para saber todo lo que tenga que ver con lo que se hizo desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015. Qué pasó, si hay ilícitos saber cuáles fueron, quiénes se beneficiaron, quiénes ganaron los contratos, si hubo sobreprecios, cómo se repartieron las obras.
Si parte del Poder Judicial está bajo sospecha –según varios estudios de opinión pública no es creíble para alrededor de un 80% de la población–, entonces es necesario habilitar otros espacios institucionales para llevar adelante la búsqueda de transparencia.
Mientras, el deterioro económico y social y el avance de los planes de ajuste continúan su marcha al ritmo que les marca el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Hay una paradoja global con las recetas del FMI: si sus desempeños son exitosos ello lleva a la crisis a los países donde se aplican y a la mayoría de sus habitantes.
Una nota reciente del diario La Nación describe con detalles lo que estamos diciendo para el caso de Grecia: en este país, «en tres planes sucesivos (2010, 2012, 2015) Atenas recibió 289.000 millones de euros en préstamos. A cambio, las reformas exigidas por el FMI y las autoridades europeas pusieron al país de rodillas. Si bien el crecimiento regresó en 2017, en ocho años se evaporó un cuarto del PBI y el desempleo viene de descender apenas por debajo del 20% después de un pico de 27,5 en 2013». Agrega que a pesar de todo ello «Grecia no es libre» y sus autoridades debieron legislar nuevas reformas para 2019 y 2020, y que continuará la vigilancia del Fondo por varios años más.
Los especialistas afirman que la deuda griega, que está cerca de alcanzar el 180% del PBI del país, no es la única no resuelta en Europa: Italia, con un endeudamiento que representa el 130% de su PBI; Francia, que alcanza al 96,5%; España, que se eleva al 99%; y Portugal, también con problemas agudos, son casos de deudas explosivas que anticipan crisis y nuevos deterioros de las condiciones económicas y sociales en estos países.
Los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional y de las autoridades europeas llevaron a Grecia a un achicamiento abrupto: perdió un 25% de su PBI entre 2008 y 2016, cerraron miles de pequeñas y medianas empresas, el desempleo se disparó y 300.000 griegos –sobre 11 millones de habitantes– dejaron el país.
Lo anterior es, por un lado, una descripción precisa de las consecuencias de esas políticas. Por otro, un espejo de nuestro futuro: es razonable suponer que el mismo modelo aplicado en nuestro país producirá resultados similares. Entonces: algo parecido a lo sucedido en Grecia es lo que podemos esperar si los planes del Fondo tienen éxito. Es decir: si los legisladores opositores que tienen que oponerse terminan dándole apoyo al gobierno para que apruebe los presupuestos que el FMI exige, y si logran avanzar con las reformas laborales y previsionales que este organismo plantea, esa foto de Grecia es una imagen anticipada de nuestro futuro cercano.
La principal batalla política del gobierno, en el corto plazo, es lograr los alineamientos parlamentarios que le permitan aprobar el presupuesto del año próximo que contiene el recorte fenomenal acordado con el organismo internacional. El gobierno se propone bajar el déficit primario del 2,7% al 1,3% del PBI. Este es el objetivo que el FMI no negocia. Para ello tienen que restringir los salarios de la administración pública y de los docentes, las inversiones en Ciencia y Tecnología, en el sistema previsional y la seguridad social, en el sistema educativo y el de salud, en las obras de infraestructura y en las transferencias a las provincias, entre otros ajustes. No estamos discutiendo errores de la política del oficialismo. Estamos señalando las previsibles consecuencias de su modelo de país.
Estos procesos nunca terminan bien. El costo social para la ciudadanía en general, los trabajadores, las pymes, los jubilados, las familias, es incalculable.
Por ello, el gobierno intenta aplicar estas recetas judicializando a la oposición para neutralizarla. Se trata de un modelo que debe ejecutarse velozmente, pero estando el menor tiempo posible en la agenda pública. Las políticas que se aplican no deben ser las que se discuten. De allí que esta agenda sea dual: aceleración de los planes de ajuste, por un lado, y un conjunto de «arrepentidos» con sus discursos filtrados a los grande medios, por el otro.
En esta lógica, algunos jueces acuden hoy a prácticas emparentadas con las antiguas penas infamantes. El nombre procede de la palabra infamia, una institución del derecho romano cuyo efecto menoscababa el honor de los condenados.
Saturar la agenda pública con denuncias infamantes sobre las máximas referencias del gobierno anterior parece ser la nueva modalidad de aplicación de las medidas de ajuste por parte del oficialismo y el FMI.
Entonces: investigar a fondo. Pero sin que ello suponga la neutralización de la oposición política con procedimientos no transparentes para llevar adelante, sin discusión, el modelo acordado con el FMI.
Mientras, la articulación de los sectores sociales afectados por este modelo junto a sus representaciones políticas deberá generar propuestas alternativas en línea con las expectativas y la movilización del pueblo argentino.
