El país enfrenta las consecuencias de la aplicación de programas neoliberales y se ponen en discusión las estrategias para recuperar derechos, superar la crisis económica y social y proyectar un desarrollo sostenible. Pobreza, deuda y justicia, entre los principales desafíos.
11 de marzo de 2020
Un viejo mito dice que todo nuevo Gobierno goza de 100 días de luna de miel con la sociedad y los medios antes de recibir las primeras críticas a su gestión. En el caso de Alberto Fernández puede decirse que esos 100 días expiraron aún antes de que asumiera y que entre el discurso inaugural del 10 de diciembre y el de apertura de las sesiones del Congreso, el 1º de marzo, la oposición mostró que el nuevo inquilino de la Casa Rosada no las tendría fácil en un contexto por demás adverso.
Desde que se oficializó su candidatura presidencial, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner planteó que un punto esencial de su agenda es terminar con la división y el enfrentamiento en la sociedad, eso que periodísticamente se definió como «grieta». De ahí su insistencia en presentar su plan de gobierno como un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social sobre el que gire la administración de la cosa pública en los cuatro años que tiene por delante. Los sectores más duros de Juntos por el Cambio, con todo, no parecen dispuestos a hacerle fácil ese camino.
En ese contexto, Fernández habla claro acerca de la situación económica del país. «Esta primera etapa –dijo ante los legisladores– (la propuesta) consistió y aún consiste en detener la caída de argentinos en la pobreza, tranquilizar la economía, recuperar el trabajo y recomponer los ingresos de quienes menos tienen».
En un escenario donde los medios concentrados reflejan con asiduidad la posición de los bonistas en torno a la negociación de la deuda, llevar calma a las afiebradas aguas de los mercados parece una tarea ciclópea. Aun así, mientras se lleva adelante la renegociación de los pagos (ver Frentes abiertos) el mandatario eligió varios desafíos en estos primeros días, fundamentalmente tratar de encauzar la economía y reducir la pobreza. Es así que una de las figuras más requeridas en este tramo seguramente sea el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien comandó la entrega de tarjetas del plan alimentario para cuatro millones de personas y enfrenta la tragedia de la comunidad wichi de Salta, donde murieron 9 niños por desnutrición. Los medios parecen haber descubierto recién que esas poblaciones carecen de agua potable.
Entre sótanos y fugas
Para enfrentar una pobreza que trepó al 40% en la última gestión, además, Arroyo anunció la reactivación de la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) con la que aspira a otorgar créditos no bancarios destinados a la compra de insumos para producción, herramientas y maquinarias. De ese modo articularía un proyecto que, entre otros objetivos, propone vincular los planes sociales con el empleo formal. Otra iniciativa en esa área está dedicada a los jóvenes catalogados como Ni-Ni, que no trabajan ni estudian. Se trata de cerca de un millón de jóvenes que podrán acceder a un «esquema de empalme» por el cual quien cobra un plan y consigue trabajo pueda mantener ambos ingresos por seis meses, como una forma de ir estabilizando su situación personal.
Otro tema ineludible, en términos de institucionalidad democrática, es el de los cambios en el sistema judicial (ver Reforma en disputa). En esa línea, el Gobierno desclasificó testimonios y archivos de la causa AMIA y modificó la Ley de Inteligencia, prohibiendo que la AFI intervenga en investigaciones judiciales. Una cuestión ríspida en un área que en su mensaje Fernández englobó bajo el concepto de «sótanos de la democracia».
El presidente también anunció una investigación para conocer la ruta del dinero de la deuda externa. «Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero», sostuvo en referencia a los créditos otorgados por el FMI al país durante el macrismo.
La generación de divisas y la productividad es uno de los ejes en los que Fernández suele hacer hincapié. En tal sentido, a su juicio, una herramienta fundamental para el crecimiento pasa por la educación y el fomento del área de ciencia y tecnología. Un rubro que quedó en la banquina durante la gestión macrista. «Somos un Gobierno de científicos y no de CEO», dijo el presidente, despertando respuestas de la oposición, pero también críticas de algunos sectores del oficialismo que le reprochan olvidar que para hacer política se necesitan políticos.
En la presentación de su agenda, el titular del Ejecutivo se dio tiempo para anunciar un plan de desarrollo hidrocarburífero y minero. La apuesta por Vaca Muerta choca con la inestabilidad mundial provocada por la epidemia de coronavirus, que hizo caer el precio del petróleo y los minerales. Otro problema que repercute fronteras adentro y con consecuencias no solo sanitarias.
En el sector especifico de la salud, el Gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para legalizar el aborto. Al mismo tiempo, Fernández propuso el Plan de los 1.000 días «para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida».
Como ya se había visto el año pasado, el debate sobre una ley de aborto genera agrios enfrentamientos con la Iglesia Católica y un duro debate en la ciudadanía. Es difícil de prever cómo le irá a la propuesta en el Congreso Nacional. La diferencia sustancial con 2019 es que esa vez Mauricio Macri abrió el debate por recomendación de sus estrategas políticos, luego se declaró prescindente, para finalmente decir que estaba en contra. Ahora el compromiso presidencial es explícito. En aquella oportunidad la iniciativa pasó ajustadamente en Diputados pero naufragó en Senadores. Lo cierto es que no hubo un cambio muy grande en la composición ideológica de la Cámara Alta, al punto que el propio jefe de la bancada del oficialismo, José Mayans, adelantó que está en contra y que no acompañará la propuesta.
El Gobierno de Alberto Fernández enfrenta un complejo panorama internacional. A la distancia personal que mantiene con el presidente brasileño se agrega que desde el 1º de marzo del otro lado del Río de la Plata hay un Gobierno de derecha promercado, que la situación en Bolivia está comprometida y que para una negociación favorable por la deuda necesitará de la anuencia de la Casa Blanca.
En este panorama, resulta bastante osada su postura en relación con Evo Morales, cuando desde los medios hegemónicos le sugieren sin reservas que lo expulse del país. Sin explicitar razones que no sean de pura conveniencia política, es decir, para mejorar el diálogo con Donald Trump, Fernández recalcó que su vocación es «fortalecer una integración regional y global que a su vez sea una integración social, productiva y democrática de nuestros países». Además, pasó bastante inadvertido, pero en su mensaje ante la Asamblea Legislativa el presidente dijo lo que para los sectores del periodismo y el análisis político más cercanos a la derecha puede ser calificado como irreverencia: «Hemos abierto nuevos canales de diálogo con potencias de América y Europa (y) estamos trabajando activamente en reafirmar nuestras asociaciones estratégicas integrales con China y Rusia».
Grietas y tensiones
Así como el macrismo creció políticamente al amparo de una fuerte tensión con el kirchnerismo, hay núcleos duros de la coalición que triunfó en octubre pasado a quienes el tono medido y pragmático de Alberto Fernández les deja sabor a poco.
Para la oposición, en tanto, mantener latente esa «grieta» es una manera de cauterizar fisuras y solidificar el frente que llevó al poder a Mauricio Macri en 2015. Así, los grupos más duros se abroquelan en las redes sociales y aprovechan los generosos micrófonos de los medios hegemónicos para plantear disidencias. Del otro lado, esos mismos medios enfatizan las diferencias de criterios entre fracciones de la coalición gobernante y buscan abrir una hendija entre Alberto y Cristina Fernández para de esta forma horadar al oficialismo.
La votación de la reforma en el sistema jubilatorio de jueces y diplomáticos, que pasó por Diputados con quorum ajustado, mostró cómo se aplican esas estrategias. El intenso debate parlamentario quedó relegado por la discusión acerca de la legitimidad o no de la presencia de Daniel Scioli en el recinto. El exgobernador bonaerense, designado embajador en Brasil, en ese momento aún no había renunciado a su banca ni asumido en el nuevo cargo.
La liberación de exfuncionarios kirchneristas encarcelados representa otro duelo mediático que repercute en la Casa Rosada, porque el presidente en cierto modo se niega a calificarlos de presos políticos.
Otra crítica de la oposición es que el Gobierno aún no tiene un plan económico, que –dicen– solo habla de generalidades. Según el diputado nacional Carlos Heller, «para muchos tener un plan es el plan del Fondo Monetario, lo que implicaría recortes en los gastos. Como ese no es el plan, dicen que no hay plan».
El lockout de las patronales del campo es un capítulo de esta disputa por la bitácora presidencial. Un primer análisis podría enmarcar a la medida en la estrategia de unificar a los propios entre las huestes macristas. Es cierto que muchos de los convocantes son dirigentes del PRO o movilizaron en favor de Macri. Pero también es necesario percibir que muchos de ellos tal vez ya no se sientan representados por el macrismo. Después de todo, el aumento de retenciones se inició en septiembre de 2018. Productores como el cordobés Alejandro Dalmasso, de la localidad de Altos Fierro, quien se puso al frente de los tractorazos en la provincia mediterránea y explicó su posición en algunos reportajes radiales: «El dinero de las retenciones, en los últimos años, se puso en manos de los políticos. Prueben dejar la plata en manos de quien la genera y no de los políticos que nos llevaron a este desastre económico». Un discurso más afín a José Luis Espert y sus huestes libertarias que al expresidente.
