28 de octubre de 2015
Consensuado por el Consejo de Administración, el texto fija posición sobre la orientación que deben tener las políticas públicas hacia la economía solidaria y la jerarquización del órgano que la rige.
Incidencia. Las empresas cooperativas y mutuales constituyen la principal expresión de democracia en la economía argentina. (Archivo)
El Consejo de Administración de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) aprobó, en setiembre último, un documento en el que la entidad de tercer grado fijó posición sobre la estructura que debe tener el Estado para encarar una política de democratización de la economía en todos los sectores y territorios del país.
El documento, titulado Criterios para la institucionalidad de las políticas de promoción de las cooperativas y mutuales, expresa el resultado de los debates y los análisis realizados internamente por la confederación y apunta a optimizar el diseño institucional que debe darse en la órbita del Poder Ejecutivo para sumar toda la potencialidad de la economía solidaria a las distintas políticas públicas.
En tal sentido, Cooperar se pronunció por un Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) jerarquizado, dependiente de la Presidencia de la Nación, con capacidad para articular con todos los ministerios, que esté cogestionado por el Estado, las cooperativas y las mutuales y que tenga una representación ampliamente federal. El texto señala que «la clave es lograr un adecuado equilibrio entre la promoción de las cooperativas y mutuales en forma orgánica en cada uno de los sectores, y su convergencia en una política integral dirigida a la democratización de la economía en todos los espacios».
«Las 35.000 empresas cooperativas y mutuales constituyen la principal expresión de democracia en la economía argentina. Se trata de empresas democráticamente gestionadas por sus propios usuarios, sean ellos consumidores, trabajadores o productores, al servicio de las necesidades de sus miembros, sus familias y sus comunidades, y no al servicio del capital», reza el documento en relación con la incidencia y el rol que cumplen las entidades solidarias a lo largo y ancho del territorio nacional.
Tomando manifestaciones del papa Francisco que expresan que el objetivo del cooperativismo es «poner la economía al servicio de los pueblos» y la Recomendación a los gobiernos del mundo de la Organización Internacional del Trabajo (Nº 127) y la Resolución 64/136 de la ONU de «crear un entorno propicio al desarrollo de las cooperativas», dada la contribución que estas organizaciones hacen a la democratización de la economía y la distribución equitativa de excedentes, el texto indica que «resulta oportuno, en tiempos de recambio en la conducción política y a la luz de la experiencia acumulada en las primeras tres décadas del retorno a la democracia, discutir los mecanismos institucionales concretos que permitan articular la tarea de las cooperativas y de las mutuales como expresión principal de la economía solidaria, con las distintas instancias de la política pública».
En ese marco, el Consejo de Administración de Cooperar propone cuatro ejes primordiales a tener en cuenta. En primer lugar, sostiene que la promoción de las cooperativas y mutuales debe formar parte orgánica del conjunto de las políticas públicas. En este punto pone el acento en que «la democratización de la economía, la participación efectiva de los consumidores, usuarios, trabajadores y productores a través de sus cooperativas y mutuales no pude ser responsabilidad solo de una agencia de gobierno». En cuanto a la democratización, el documento plantea la promoción, el acceso y los derechos para cada sector: sistema financiero, medios de comunicación, desarrollo agropecuario, defensa del consumidor, servicios públicos, inclusión social, derechos de trabajo, educación, juventud, género, seguros, vivienda, turismo, pymes y salud.
Debate. Confección del escrito que plasma las ideas y propuestas del sector. (Gentileza Cooperar)
Con respecto a la propuesta para la promoción del sistema financiero, el escrito señala que «es necesario que el Ministerio de Economía y el Banco Central incorporen al cooperativismo de ahorro y crédito como una herramienta para garantizar que las distintas comunidades y regiones puedan captar sus propios ahorros y gestionarlos al servicio de las necesidades del desarrollo local, confrontando con la concentración financiera y la especulación». Del mismo modo, señala la necesidad de impulsar políticas públicas destinadas a las micro, pequeñas y medianas empresas; dice que «se debe incorporar en forma central la promoción de cooperativas como estrategia asociativa empresarial en todos los ámbitos, desde la producción de software hasta las carpinterías, desde la pesca hasta la industria farmacéutica». Por otro lado, según el texto de Cooperar, la promoción de los derechos laborales debe incluir la consolidación de la cooperativa de trabajo como instancia alternativa e incluso superadora del trabajo asalariado o autónomo. Del mismo modo destaca que las cooperativas de todo tipo pueden ser un aliado fundamental para las distintas agencias del Estado en la creación de empleo con todos sus derechos y protecciones.
Otro de los criterios plasmados en el documento estipula que la articulación de las políticas de promoción de las cooperativas y mutuales requiere de la jerarquización de la autoridad de aplicación de la legislación cooperativa y mutual. «Debe depender directamente de Presidencia de la Nación –sostiene–, a los efectos de poder estar en condiciones de articular con todas las áreas de gobierno que requieren consolidar sus políticas de promoción de las cooperativas y mutuales». «Esta jerarquización requiere que el funcionamiento del actual Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) sea regido por una ley nacional, que recoja la experiencia acumulada por este organismo. La aprobación de una “carta orgánica” de este Instituto le dará mayor consolidación institucional y previsibilidad en su relación con el resto del Estado y con los distintos actores de la economía nacional», asegura.
El tercer criterio sugiere la consolidación y la ampliación de «la cogestión de las políticas de registro, fiscalización y promoción de las cooperativas y mutuales». Esta iniciativa apunta a propiciar una conducción colegiada integrada por los funcionarios públicos y los representantes del cooperativismo y del mutualismo. Es decir, que el INAES se constituya en un espacio de coordinación entre el Estado y las cooperativas y mutuales. Para ello establece que todos los representantes del cooperativismo y el mutualismo deben ser designados por el Poder Ejecutivo entre ternas de candidatos que propongan sus confederaciones más representativas.
Por último, el documento indica que las políticas nacionales de registro, fiscalización y promoción de las cooperativas y mutuales deben ser articuladas en forma federal con cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. «Dentro de la organización del INAES –reconocido por ley– debe incluirse la creación de un Consejo Federal integrado por la autoridad nacional de aplicación de la legislación cooperativa y mutual y los órganos locales competentes, con una reunión mensual obligatoria, para armonizar las políticas de promoción, registro y fiscalización», apunta. A tal efecto propone fortalecer a los órganos locales competentes, para lo cual estos deben estar conformados como organismos autárquicos, y ser conducidos con la participación de representantes de las cooperativas y mutuales, a semejanza del organismo nacional, «y así –concluye el documento emitido por Cooperar– poder garantizar que los fondos originados en la ley 23.427 tengan efectivamente como destino la educación y promoción cooperativa».
