7 de marzo de 2019
En vísperas del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, distintas organizaciones feministas presentaron una medida cautelar ante la Justicia en la que exigen que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires garanticen «la seguridad y el ejercicio pleno del derecho a la protesta y a la libertad sindical», a fines de que no se repita la represión del año pasado que culminó con detenciones arbitrarias, ilegales y violentas. El juez Martín Furchi ordenó al Gobierno porteño que garantice el respeto y protección de los derechos humanos de quienes asistan a la movilización del 8 de marzo. En el fallo judicial, Furchi recordó los postulados de la ley N° 5.668 de Seguridad Pública de CABA respecto a la actuación de la Policía sujeta a los principios de legalidad, oportunidad, proporcionalidad y gradualidad. A su vez, señaló que se imponía «la búsqueda de una medida que proteja el derecho a manifestarse libremente».
