8 de enero de 2016
Los crímenes de guerra, el genocidio y la tortura, entre otros delitos, podrían ser juzgados en cualquier país apelando a los principios de la jurisdicción universal. El trabajo de juristas argentinos y españoles.
Encuentro. Zaffaroni, Menchú y Garzón en el segundo Congreso sobre Jurisdicción Universal realizado en la ciudad de Buenos Aires en setiembre de 2015. (Télam)
El trabajo iniciado hace casi 2 años en Madrid, España, por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, terminó su primera etapa en Buenos Aires, en setiembre pasado con la declaración de los nuevos principios de jurisdicción universal del siglo XXI. En un mundo cambiante donde los delitos van tomando nuevas formas, también el brazo de la Justicia debe ir acomodándose, extendiéndose más allá de las fronteras. Justamente el principio de jurisdicción universal, como lo explicó en el encuentro la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, considera que «es un derecho y un deber de los Estados juzgar crímenes aberrantes cualquiera sea el lugar de su comisión o la nacionalidad de los perpetradores o víctimas, cuando se trata de crímenes de guerra, contra la humanidad o genocidios. Este derecho y deber que tienen los Estados constituye una de las escasas excepciones al principio de territorialidad, según el cual cada Estado es soberano y tiene una competencia excluyente para juzgar los hechos ocurridos en su territorio».
La Argentina sabe bien de jurisdicción universal. Fue justamente a este principio al que apeló el juez español Baltasar Garzón en el ocaso de los años 90 para activar las órdenes de detención de represores como Adolfo Scilingo, amparado por las leyes de impunidad en la Argentina, y del dictador chileno Augusto Pinochet.
Ahora, tras el trabajo de un centenar de juristas tanto en España como en la Argentina, del que participaron además expertos de 40 países, los nuevos principios de la jurisdicción universal vieron la luz para invadir los vacíos legales que los crímenes contra la humanidad aprovechan. Así, el genocidio, los crímenes de guerra, la piratería, la esclavitud, la desaparición forzada, la tortura, el tráfico de seres humanos, las ejecuciones extrajudiciales y los crímenes de agresión podrán ser juzgados apelando a ellos. También la jurisdicción universal podrá ser aplicable a los crímenes económicos y contra el medioambiente que por su extensión y escala afecten gravemente los derechos humanos de grupos o colectividades o supongan la destrucción irreversible de ecosistemas, a la especulación de precios o de productos de primera necesidad, a la explotación laboral de menores y el incumplimiento de los derechos de los trabajadores reconocidos a nivel internacional, a la desviación de fondos internacionales destinados a paliar catástrofes humanitarias, a la fuga de corporaciones o extracciones masivas de fondos que traten de eludir las responsabilidades pecuniarias derivadas de la comisión de los crímenes contenidos en estos principios y al aprovechamiento ilícito de bienes de las víctimas de los delitos mencionados.
«Queremos que estos nuevos actos se conceptúen como crímenes internacionales. Las agresiones al medioambiente, los desarrollos ilícitos económicos o financieros que ponen en la ruina o en el hambre física a cientos de miles de personas. Tenemos que poner coto a esa fuga permanente de fondos que por intereses estrictamente especulativos van como las langostas de un país a otro porque se les exige cumplir el derecho y abandonan a miles de personas simplemente para que la cuenta de resultados cuadre mejor en otro lugar donde haya menos presión. Proponemos que la protección universal se extienda a estos nuevos crímenes», aseguró Baltasar Garzón durante el Congreso de Jurisdicción Universal celebrado en Buenos Aires.
Mientras en Buenos Aires se elaboraban estos nuevos principios, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba por 136 votos a favor los principios propuestos por la Argentina para limitar las acciones de los denominados fondos buitre. Estas normas buscan poner límites a los fondos especulativos y constituyen un paso previo para la configuración del marco global para reestructuraciones de deudas soberanas. Pese a no tener implicancias judiciales directas para el país, la decisión de la ONU podría beneficiar a países como Grecia, Portugal, Ucrania y Puerto Rico, que afrontan problemas con sus deudas externas y que necesitan reestructurar sus pasivos sin las draconianas condiciones de los acreedores. «Creo que es un primer paso, gracias al esfuerzo de la Argentina y a su lucha constante frente a lo que a todas luces era una agresión a todo el pueblo argentino y un abuso de derechos», aseguró el juez español consultado por la resolución de la ONU.
Contra el medioambiente
Los delitos contra el medioambiente también fueron incorporados en los nuevos principios de jurisdicción universal. Héctor Sejenovich, Premio Nobel de la Paz compartido con el Panel Intergubernamental de Cambio climático en 2007, fue contundente al hablar de este fenómeno y sus efectos: «Si en este momento se congelaran todas las actividades productivas y no se emitieran más gases de efecto invernadero, se necesitarían 50 años para tener un efecto benéfico, por lo tanto, deberíamos organizar a la población ante estos cambios que van a ser catastróficos. La prevención debería ser un punto importante, el problema es que no se está haciendo. ¿Es posible pensar que una civilización se suicide? El G20 ya se dio cuenta y comenzó a invertir dinero para reducir los daños medioambientales. La defensa de los derechos humanos es también la defensa del hábitat y de la naturaleza que habitan los hombres».
Para Eduardo Barcesat, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, colocar los delitos contra el medioambiente bajo la órbita de la jurisdicción universal resulta fundamental ya que, según consideró, «el acuífero Guaraní y los glaciares ciertamente pueden ser motivo de actos y guerras de agresión por parte de quienes se quieren apropiar de los recursos y riquezas naturales de este continente. Antes eran el oro y la plata en la conquista, ahora vienen por los minerales específicos de mayor valía para las ciencias informáticas, me refiero al litio, al sílice y al tungsteno, todos ellos de enorme presencia en este continente latinoamericano. La tutela de riquezas y recursos naturales tiene que ser entonces un ejercicio efectivo de los pueblos».
La esperanza de Guatemala
En diciembre de 1999, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum, haciendo uso de los principios de jurisdicción universal, denunciaba ante la Audiencia Nacional de Madrid a 8 personas, entre ellas al golpista José Efraín Ríos Montt, por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante las dictaduras en Guatemala. Muchos años han pasado y Ríos Montt, responsable del genocidio de más de 1.700 indígenas guatemaltecos entre 1982 y 1983, sigue libre tras haber sido condenado y absuelto alegando errores administrativos. No obstante, esta mujer cuya familia fue diezmada por las dictaduras de su país no pierde las esperanzas y recuerda cuando por primera vez pudo ver una posibilidad de justicia: «Cuando prosperó una denuncia en contra de Pinochet en Londres, parecía que para los guatemaltecos empezaba una nueva historia. El silencio sobre lo que había pasado no se podía romper con la enorme cantidad de evidencia a no ser que ocurriera algo más, y eso fue la detención de Pinochet. Esa mañana sentimos una sensación maravillosa de pensar que si se había podido agarrar a uno, podíamos intentar agarrar a otro y otro más».
Según relató la activista, el genocidio guatemalteco fue silenciado por años. «Siempre nos habían dicho mentirosos, inventan, esos indios que siempre inventan las cosas. Cualquier persona que tomaba el liderazgo para denunciar era desacreditada, se ridiculizaban sus propias palabras. Queríamos ver una verdad jurídica, institucional, de un tribunal donde pudiéramos dar un ejemplo de cumplimiento del debido proceso. Nosotros no sabíamos nada del debido proceso, sin embargo, cuando está la posibilidad de que en algún rincón del mundo exista un tribunal que te permita hablar, empezamos una nueva educación sobre la defensa de los derechos humanos».
Actualmente, la Argentina es sede de diversos planteos invocando el principio de jurisdicción universal. El 14 de abril de 2010 varias personas, invocando su calidad de víctimas del franquismo, junto con organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros, denunciaron hechos de genocidio y crímenes de lesa humanidad en España durante el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
«En un primer momento, eran 6 las víctimas y luego se sumaron decenas que han dado su testimonio. Durante mayo de 2013, se fijaron audiencias de declaración testimonial a través de videoconferencias en el consulado argentino en España. En setiembre de ese mismo año, el juzgado a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría ordenó detenciones preventivas con fines de extradición que fueron rechazadas por la Audiencia Nacional de España. En mayo de 2014, autoricé al fiscal (Ramiro) González a viajar a España a fin de participar de las declaraciones que se tomaron a víctimas que por su avanzada edad o por problemas de salud no podían viajar a la Argentina. Esa causa sigue en pleno trámite», relató Gils Carbó.
Por otra parte, en agosto de 2013 se denunció a nivel local la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en la república del Paraguay a partir del golpe de Estado ocurrido el 9 mayo de 1954 hasta el 3 de febrero de 1989, que se atribuyen al régimen dictatorial implantado por el general Alfredo Stroessner. «Se denuncia que se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos y en especial contra la comunidad indígena Aché. En la Argentina se inicia la causa, alegando que no se había iniciado esta investigación o que no había sido satisfactoria, por lo cual se libró un exhorto al Paraguay a los fines de que informen si existen procesos penales pendientes en ese país, pero aún no ha sido contestado», aseguró la procuradora general de la Nación.
Tal vez una síntesis de lo que significan los principios de jurisdicción universal lo constituya el testimonio de Darío Rivas, hoy de 94 años, cuyo padre fue asesinado por el franquismo: «España sigue gobernada por las leyes del criminal más grande del siglo XX, el general Franco, con lo cual es una ilusión hablar de jurisdicción universal. Tengo esperanza de que tengamos algún éxito con la querella que yo inicié, porque tenemos 115.000 desaparecidos y parece que en España se han olvidado de eso. Yo no pretendo venganza, quiero que se defiendan los derechos humanos, que es lo más importante para la humanidad».
—María Carolina Stegman
