10 de enero de 2018
El 28 de julio de 2016 Pedro Pablo Kuczynski asumió como presidente del Perú con pleno conocimiento de que su triunfo en segunda vuelta sobre Keiko Fujimori no le garantizaba la gobernabilidad deseada. No solo porque había ganado por apenas 40.000 votos, sino porque su contendiente había logrado mayoría propia en el Parlamento con 73 escaños sobre un total de 130, mientras que la bancada de Kuczynzki era la tercera fuerza compuesta por solo 18 congresistas.
El apellido Fujimori no es cualquiera en la política peruana de los últimos 30 años y la hija del expresidente que gobernó entre 1990 y el año 2000 siempre manifestó que uno de sus objetivos era la liberación de su padre, preso desde 2005 y condenado a 25 años en 2009 por violaciones a los derechos humanos, entre otras tantas condenas.
La fragilidad del poder presidencial se reveló cuando se dieron a conocer los negocios del gigante brasileño Odebrecht también en el Perú, y que involucraban a Kuczynski mientras cumplía funciones en gobiernos anteriores, lo que sirvió como excusa para que una mayoría parlamentaria propusiera destituirlo por «incapacidad moral».
El jueves 21 de diciembre estaban dadas las condiciones para su destitución. Sorpresivamente, una parte de la bancada fujimorista se abstuvo y «salvó» al presidente. Y, sorpresivamente también, tres días después, el presidente anunció el indulto a Fujimori, lo que provocó rechazo incluso en sus propias filas, dado que Kuczynski durante la campaña electoral desestimó una amnistía. Así, su decisión provocó protestas y renuncias en su bancada y de varios funcionarios de primera línea.
En poco más de dos semanas un presidente que parecía fuerte y con proyección regional ha comenzado a caminar por la cuerda floja. De ahí que no le será fácil recomponer el prestigio perdido ante la sociedad y sus partidarios. Habrá que ver si lo logra.
