20 de septiembre de 2018
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA consideró que los miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, de Villa Mascardi «se encuentran en situación de riesgo con motivo de un uso presuntamente excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales en el marco de operativos judiciales». Como se sabe, allí fue asesinado el joven Rafael Nahuel por la Prefectura, en noviembre pasado. Precisamente, la CIDH ya solicitó al gobierno informes sobre la muerte de Nahuel. Por su parte, el abogado Fernando Cabaleiro pidió que sean beneficiarios de la cautelar que presentó, y a la cual la CIDH dio curso, un grupo de mapuches, entre ellos Fausto Jones Huala y Lautaro González, testigos del crimen y al tiempo imputados por el mismo, en lo que se consideró un claro acto de persecución política. A la vez, Cabaleiro sostuvo que: «La situación de estos testigos es alarmante y por ello la urgencia en que se tomen medidas, sabiendo las represalias que el personal policial toma contra los testigos y personas que denuncian estas situaciones consideramos que existe la posibilidad cierta de que se esté efectuando una maniobra por parte de autoridades judiciales y efectivos policiales para amedrentar y sembrar impunidad».
