El notable incremento en el costo de la energía, el agua, el gas, los combustibles y los viajes urbanos beneficia a las grandes empresas prestadoras en detrimento de los sectores populares, pymes y producciones regionales. Recorte de subsidios y manifestaciones de rechazo en todo el país.
10 de mayo de 2018
A media luz. Contra los aumentos: vecinos, dirigentes sociales y empresarios pyme, en el «velazo» convocado frente al Congreso Nacional. (Guido Piotrkowski)
Las megasubas de tarifas de servicios públicos (agua, gas, electricidad), y el anticipo de nuevas rondas de aumentos a lo largo del año, desbordaron el mero impacto en los ámbitos económicos y sociales y se convirtieron en un eje del debate político del país. Usuarios y empresas, proveedores y consumidores, nadie queda fuera de la discusión. Las provincias, a su vez, fueron convocadas a respaldar mediante bajas de sus impuestos el modelo gubernamental de transferencia de ingresos hacia las compañías petroleras, generadoras eléctricas, transportistas y distribuidoras.
El intento del Congreso por frenar la exacción a los sectores populares ya fue amenazado de veto por el Poder Ejecutivo. La iniciativa opositora busca retrotraer los aumentos a noviembre del año pasado y aplicar hasta 2019 actualizaciones según la variación salarial o los precios mayoristas (para pymes y cooperativas de trabajo). Este proyectado alivio pasajero, sin embargo, es aún incierto, ya que deberá atravesar con éxito la sanción del Senado, donde pesa fuerte la presión de la Casa Rosada sobre los gobernadores. Y al presidente Mauricio Macri le resta la última carta del pulgar hacia abajo.
Mientras tanto, a favor de la continuidad de las subas, y de que la rentabilidad de las empresas energéticas salga de los bolsillos de la población, se pronunció el Foro de Convergencia Empresaria, representación del capital concentrado local y extranjero agrupado en entidades como la Asociación Empresaria Argentina, la Asociación de Bancos, las cámaras de Comercio y de la Construcción y la Sociedad Rural, entre otras.
El impacto se verifica en distintos episodios. Usuarios que se ven obligados a solicitar planes de pago, o a pedir préstamos personales, para saldar facturas que en poco más de un año y medio aumentaron entre 500% y 1.200%. Cientos de talleres y pequeños comercios que cierran sus puertas ante la drástica alza de costos eléctricos. Se reparten gratis 5.000 kilos de pan ante la violenta suba de insumos y tarifas. Grandes empresas (muchas de ellas, electrointensivas) también acusan el golpe y sugieren postergar los incrementos hasta 2019.
En Mendoza el consumo energético para abastecer los pozos de bombeo de agua para riego agrícola se encareció a punto tal que paralizó el uso de los equipos que abastecen a las cadenas arroceras, del olivo y de otras actividades. Los impagos de usuarios en distintas localidades los exponen al frío y la oscuridad. Pero además, resquebrajan la cadena de pagos y las distribuidoras empiezan a trasladar la demora al mayorista energético. Los incumplimientos, en el caso extremo, podrían hacer caer las tarifas sociales que benefician a cientos de miles de familias.
La incipiente ola de protestas populares originada por este panorama, alertan observadores de distinto signo, seguramente se extenderá durante los próximos meses, cuando se registren los picos de consumo de gas por la temporada invernal. Apagones, ruidazos, marchas de velas, camionetazos y otras iniciativas se repiten en distintas ciudades del país.
El problema sacudió incluso la interna del oficialismo: los radicales de Alfredo Cornejo y la Coalición Cívica de Elisa Carrió recomendaron opciones que amortigüen la escalada. Difícil desafío, en tanto se admite que el gobierno todavía no terminó de «normalizar el atraso tarifario heredado de la gestión anterior», y se adelanta que después de los próximos shocks vendrán las «actualizaciones» ligadas con el nivel de la inflación y con las variaciones del tipo de cambio (nada menos). Por lo pronto, el Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana (Ota-Umet) calculó que entre 2015 y lo que va de 2018 la energía eléctrica se encareció entre 776% y 1.600% para el consumo residencial, y 894% para el comercial e industrial pequeño. Durante el mismo período la suba acumulada en el servicio de agua y cloacas fue de 287% a 656%, mientras que la tarifa de gas se incrementó entre 466% y 547%.
Un puñado de ganadores
Los argumentos oficiales, que también se esgrimen para las subas en el transporte público (colectivos, trenes, subtes), los combustibles o los peajes, son invariados. Se insiste en el «retraso» padecido por los ingresos de los grupos concesionarios y productores, y en la imperiosa necesidad de eliminar subsidios estatales por su presunto efecto inflacionario. El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recomiendan que las familias «gasten menos y ahorren más», y ponen como ejemplo a Uruguay y Chile, cuya situación energética no es comparable con la nacional. Apelan además, como referencia indiscutible, a los costos de las petroleras, transportistas y distribuidoras eléctricas, y consideran irrefutable la urgencia de una «adecuada rentabilidad», a fin de que cumplan con las inversiones prometidas.
La nueva normalidad de largo plazo a la que se aspira instala como ganadores claros a un puñado de compañías y contratistas, muchas de ellas multinacionales, montadas sobre los hombros de millones de consumidores. Mientras, millares de pymes quedan fuera de juego en una nueva oleada de concentración económica. «Los desmesurados aumentos en las tarifas energéticas se ven reforzados por el efecto catarata de las alzas en los combustibles, con incidencia directa o indirecta (peajes, alquileres) sobre los insumos para la producción», advirtió Roberto Ratti Merchante, gerente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME). «Y como no se pueden descargar estos aumentos en un mercado interno deprimido –continuó el dirigente empresario– las pymes recortan sus ingresos, se dedican subsistir o directamente cierran».
El castigo
El razonamiento para defender las subas de tarifas sostiene que «generar energía y llevarla hasta los domicilios no es gratis, tiene costos que deben respetarse». De lo contrario, dicen en la Casa Rosada, solo quedan dos vías: distribuir subsidios «que generan desequilibrios presupuestarios e inflación», o tomar deuda pública. Hay que pagar, remarcan los funcionarios, y si se quiere suavizar el mazazo, la vía es evitar el encendido de luces, desenchufar aparatos, apagar hornallas y estufas. El oficialismo rechaza a quienes sugieren supuestas «insensateces» como, por ejemplo, pedir a las empresas que ganen menos. Peña y Aranguren simplifican y enmascaran así decisiones políticas que implican fuertes transferencias regresivas de recursos, a partir de unas determinadas relaciones de poder.
(Enrique García Medina)
«El tarifazo aplicado como castigo a la clase media y sectores populares carece de toda racionalidad desde la perspectiva de la macroeconomía, ya que su intensidad conspira contra el ataque a la inflación que se supone una política esencial del esquema económico gubernativo», sostiene Marcos Rebasa, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO). «Los precios de la energía, el gas y la electricidad –agrega– desalientan cualquier avance de la industria y el comercio en materia de competitividad, y hacen insustentable el desarrollo económico». Demuestran asimismo «una gran insensibilidad con la población, ya que el ajuste la somete a un cambio sustancial de sus hábitos de vida sin estar preparados para ello».
Rebasa. «La intensidad del tarifazo conspira contra el ataque a la inflación.»
Ratti Merchante. Impacto sobre el costo de los insumos para la producción.
emás, su formación real a partir del valor del barril de crudo en un mercado global plagado de todo tipo de intervenciones políticas, guerras, invasiones, desestabilizaciones de gobiernos, lobbies de poderosísimos monopolios, descubrimientos y cambios tecnológicos políticamente orientados, como explica el economista Ricardo Aronskind, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y en la misma vía se convalidan costos internos artificialmente encarecidos como consecuencia de estructuras financieras, industriales, comerciales y logísticas concentradas.
Paso a paso
Para que esa conformación monopólica u oligopólica de los mercados se mantenga o se amplíe, trabajadores, jubilados y pymes deberán afrontar nuevos aumentos. El cronograma gubernamental prevé, en el caso del transporte público, que a las subas de febrero y abril les siga otra en junio. Para los trenes, el aumento depende de cada línea: en febrero fue de entre el 36% y 38%; en abril, de 8% a 14%; y en junio se sumará otro 8%. Para el transporte automotor de pasajeros de corta distancia del área metropolitana de Buenos Aires, la tarifa mínima pasó de $6 a $8 en febrero, luego a $9 en abril y será de $10 en junio (con algún descuento para más de un viaje en el lapso de dos horas). En tanto, una medida judicial logró frenar el aumento del subte porteño de $7,50 a $11. El incremeno previsto, del 66%, se completaría en junio, llevando la tarifa a $12,50.
Protesta federal. Con gran participación hubo manifestaciones en diferentes puntos del país: Buenos Aires, La Plata, Neuquén, Córdoba y San Carlos de Bariloche. (Créditos desde arriba hacia abajo: Alejandra Freitas, Sebastián Casali, Télam, Télam, Télam)
La propuesta de «adecuación tarifaria» formulada por la empresa de agua AySA, en tanto, contempló un alza de 26% a partir del 1° de mayo, con una sustitución progresiva de los subsidios zonales vigentes en los partidos del Gran Buenos Aires, «de forma tal de poder establecer una eliminación gradual del beneficio a partir de enero de 2019». Eso sí, habrá un aporte extra al Programa de Tarifa Social ($720 millones, es decir, menos de $100 cada mes por familia beneficiada).
En el caso de la energía eléctrica la próxima actualización se realizará en agosto, según la evolución de los precios mayoristas y del dólar. Al gas, en tanto, le faltan todavía tres aumentos más a pagar a los productores: en octubre y luego en abril y octubre de 2019, lo cual totalizará un acumulado de 36,3%. En la Patagonia, la Puna y Malargüe la suba será gradual y se extenderá hasta octubre de 2022.
El rechazo opositor al tarifazo derivó en un conjunto de proyectos en el Congreso Nacional, muchos de ellos para retrotraer y congelar facturas de energía eléctrica y gas natural; expandir criterios para aplicar la tarifa social; y que se incluyan beneficios por sectores y jurisdicciones. Con todo, lo único que hubo de parte del gobierno nacional fue la ratificación de que no habrá marcha atrás. Y la exhortación a las provincias a bajar tasas e impuestos provinciales y municipales. Pero en muchos casos esa sobrecarga no existe o es ínfima, y en Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal adhirió rápidamente a la propuesta, la rebaja será marginal. Sobre una factura bonaerense de luz de $2.200 se estima un descuento de apenas $96; y de solo $14 sobre una boleta del servicio agua de $1.340.
Consumo hogareño. Entre 2015 y 2018 la energía se encareció entre 776% y 1.600% (Jorge Aloy)
En cuanto a la contrapropuesta de una eventual rebaja del IVA por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda precisó de inmediato que eso implicaría resignar unos $40.000 millones, y al ser un impuesto coparticipable no solo perdería el Tesoro, sino las jurisdicciones provinciales (además de la ANSES). El ministro Dujovne, en tanto, rechazó las salidas «populistas» y estimó su costo en $200.000 millones.
Vulnerables
La discusión, en el caso de la tarifa social del gas, abarca otro elemento de claro tinte excluyente. El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, rechazó los cambios dispuestos en esta materia por el gobierno nacional, que «desvirtúan el beneficio, lo vuelven prácticamente nulo y perjudican una vez más a los sectores más vulnerables». Concretamente, Aranguren dispuso que las familias que recibían el beneficio paguen en adelante el gas a precio de mercado, con los aumentos correspondientes y con una bonificación que solo se aplicará a bloques mínimos de consumo. Esto es, el 100% sobre los primeros 87 m3 de gas consumido; el 75% sobre los 87 m3 siguientes; y cero, el beneficio desaparece, desde los 174 m3. El problema es que, según distintos análisis, una familia consumirá no menos de 300 m3 en invierno, por lo que un gran número de usuarios antes favorecidos terminarán pagando más. «Ya habíamos advertido que 7 de cada 10 personas quedaban afuera de la tarifa social porque les exigían requisitos inflexibles y alejados de la realidad. Ahora, además de la seguidilla de aumentos irracionales, le sacan a la gente el único beneficio que tenía y le dejan una bonificación mínima que no alcanza a cubrir la demanda invernal de una familia de cuatro personas», indicó Lorenzino.
En todo caso, el largo ajuste iniciado con las tarifas y que ahora se busca completar tras la corrida cambiaria, prefigura una plataforma de tan evidente conflictividad como difícil pronóstico.
