30 de junio de 2016
Niña, discapacitada, wichi, violada, embarazada: Juana tiene 12 años, fue sometida a una cesárea de urgencia y su historia es una sucesión de maltratos, abandonos y violencia que explica, quizá mejor que ninguna otra, el sentido de la palabra vulnerable. Según denuncia el delegado salteño del INADI, Álvaro Ulloa, a Juana el Estado la abandonó mucho antes de haber sido violada por un grupo de al menos ocho criollos en Alto de la Sierra, departamento salteño de Rivadavia, un lugar sin cloacas ni agua potable, muy cerca del límite con Bolivia y Paraguay, donde vive con sus padres y sus ocho hermanos. La niña padece una discapacidad severa. No habla español y nunca fue a la escuela ni cobró la asignación universal para la niñez.
Después de la violación y la denuncia, nadie se acercó a ella ni a sus padres para explicarles que tenían derecho a un tratamiento de anticoncepción de emergencia y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Menos, que podía acceder a un aborto no punible por tratarse de un embarazo producto de una violación de una menor discapacitada. Obligada a continuar un embarazo de alto riesgo, tampoco recibió atención médica, asistencia psicológica ni información. Cuando ya cursaba el sexto mes de gestación, especialistas de la Fundación Cultura Nativa, del folclorista Jorge Rojas, que viajan todos los años a Rivadavia para atender a la gente de la comunidad, diagnosticaron una malformación en el feto. Solo entonces la niña se enteró de que estaba embarazada. Fue sometida a una cesárea de urgencia –la beba murió a las pocas horas– el mismo día en que, en todo el país, miles de personas salían a las calles a reclamar «Ni una menos».
