25 de abril de 2014
El proyecto elaborado colectivamente en 2003 vuelve a ser presentado en Diputados. Una oportunidad para afrontar definitivamente un problema de salud pública y derechos.
Juntos. Más de 60 legisladores de distintas fuerzas políticas apoyan la iniciativa. (Télam)
Con más de 60 firmas de legisladores de distintas fuerzas políticas fue presentado el 9 de abril en la Cámara de Diputados el proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que también prevé la presentación en el Senado en mayo. Así, el Poder Legislativo tendrá la oportunidad de dar curso y debatir sobre una problemática que atañe a la salud pública y los derechos humanos en un país en el que, según se estima, se producen alrededor de 500.000 abortos por año.
El proyecto de la Campaña, que cuenta con la adhesión de 300 organizaciones de todo el país, es producto del debate que tuvieron sus integrantes a lo largo de un año y fue concretado en una reunión plenaria nacional realizada en Rosario en 2003.
La propuesta despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación y cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación o si se trata de un embarazo con malformaciones fetales graves.
El día de la presentación del proyecto, entre la marea de pañuelos verdes, activistas y una treintena de diputados y diputadas, una frase se repetía constantemente: «Llevamos 30 años de democracia y esta es una deuda pendiente». Desde que, en 2007, fue puesto a consideración del Congreso por primera vez, cada vez que volvió a ingresar a la Cámara de Diputados sumó nuevas adhesiones. En esta oportunidad, entre los legisladores que acompañan el proyecto se encuentran Juliana Di Tullio, Adela Segarra, Diana Conti, Adriana Puiggrós, Mario Oporto, Liliana Mazure, Mara Brawer, Horacio Pietragalla, Héctor Recalde, Carlos Heller, Juan Carlos Junio, Manuel Garrido, Margarita Stolbizer, Virginia Linares, Fabián Peralta, Alcira Argumedo, Victoria Donda, Claudio Lozano, Víctor De Gennaro, Roy Cortina y Ricardo Cuccovillo, entre otros.
Uno de sus principales fundamentos es que el aborto clandestino es un problema de salud pública y, además, es un reclamo de justicia social, ya que las principales víctimas son las mujeres pobres y jóvenes. También es un tema en el que están implicados los derechos y la autonomía de las mujeres, ya que, señalan, la maternidad es una elección, no un mandato.
Desde Neuquén, Ruth Zubrigen del Colectivo Feminista La Revuelta, señaló que la presentación «pretendió visibilizar el apoyo al proyecto», y destacó que «la dificultad está en bajar la cortina de hierro que hay en torno al tema. La firma, aunque es muy importante, es insuficiente. Es necesario que vaya acompañada de políticas ofensivas de parte de esos legisladores que muestren que se puede destrabar el debate».
Alrededor de 11 universidades nacionales adhirieron al reclamo y también figuras como Estela de Carlotto, Taty Almeida, Nora Cortiñas, además del CELS y Amnistía Internacional. Por su parte, Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA y referente de la Campaña, indica que «es erróneo» no dar debate sobre algo que ya está planteado en la sociedad, tal como paso con la Ley de Matrimonio Igualitario. «Después de que dimos esos debates mejoró la democracia al reconocernos diversos, sin que se impongan miradas de un solo color de la sociedad, y con el aborto pasa lo mismo». En ese sentido destaca que este debate «ha madurado y ha salido a la luz pública».
«Es poner en sintonía la ley con las prácticas sociales. Si pensamos históricamente, las mujeres deciden frente a cualquier situación, incluso poniendo en riesgo su vida, y lo hacen como un acto de responsabilidad, porque sabemos lo que es hacerse cargo del cuidado de los otros», indica. Este reclamo «habla también de la insistencia de la práctica del aborto, porque la penalización no impide que se haga, y se hace en situaciones de mucha desigualdad», agrega Zubrigen.
La cifra que se toma como referencia surge de una investigación realizada en 2005, con la participación de investigadores del Conicet y el financiamiento del Ministerio de Salud de la Nación, en la que se arribó a la conclusión de que el aborto inducido en la Argentina «oscila entre aproximadamente 486.000 y 522.000 casos por año».
Con la abierta oposición de la Iglesia y otros sectores sociales, el tema se debatió por última vez en el Congreso en 2011. Entonces, en la Comisión de Legislación Penal, Human Rights Watch, una de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, presentó públicamente un documento que indicaba que el 40% de los embarazos eran interrumpidos mediante abortos, en muchos casos practicados de forma insegura, y también sostenía que el aborto inseguro fue una de las causas principales de mortalidad materna en el país durante décadas.
Durante aquel debate, el titular de la Comisión de Legislación Penal, el diputado Carlos Vega, anunció: «Todo lo que en esta Comisión se abre se termina». No cumplió. A fin de 2011, cerró la audiencia diciendo que había habido dictamen, pero a los dos días se desdijo.
Ahora, el debate deberá circular por tres comisiones: Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Acción Social y Salud Pública. Hace falta que haya dictamen por mayoría en las tres para que el debate entre en el recinto.
«Para todas las mujeres este es un tema de igualdad, pero para las más pobres es un tema de vida o muerte», resume Díaz. El Poder Legislativo tiene ahora la oportunidad de reparar viejos errores y omisiones y encarar un tema que la sociedad le viene planteando hace años. Ojalá esta vez no haga oídos sordos ni mire para otro lado.
—María Sol Wasylyk Fedyszak
