La proliferación de causas por corrupción elevó la tensión en los tribunales federales. Al mismo tiempo, dos jueces cuestionados dejaron el cargo, y el gobierno impulsa una reforma que enciende la polémica. Crisis en uno de los ámbitos donde la dirigencia política aún está en deuda con la ciudadanía.
12 de mayo de 2016
(Reso/Rex Shutterstock/Dachary)
Cuando Néstor Kirchner asumió su cargo, en mayo de 2003, una de sus primeras acciones fue descabezar la Corte Suprema, una de las más desprestigiadas de la historia argentina por la cobertura legal que les había dado a las escandalosas privatizaciones de los 90 y los casos de corrupción del menemismo. No hizo falta empujar mucho para que renunciaran los que tenían mayor vínculo con ese período de la vida nacional, y se conformó un estrado que recibió el apoyo masivo de la sociedad. Ni bien Mauricio Macri llegó al poder, intentó nombrar por decreto a los jueces que se necesitaban para completar el supremo tribunal, reducido al mínimo por la muerte de dos de sus miembros y la jubilación de otros dos. No pudo por el rechazo incluso de sus propios aliados. Ahora, el gobierno intenta una ambiciosa reforma judicial en uno de los sectores del Estado más cuestionados por la sociedad y que goza de beneficios que casi lo ponen al margen del resto de la ciudadanía.
Es que el Poder Judicial está en crisis, y como fruto de esa crisis, su credibilidad está entre las más bajas de la historia. Para las grandes mayorías, los jueces no cumplen con la función que se reclama desde las calles y a veces parecen ser cómplices de los delitos que deberían combatir.
«Entran por una puerta y salen por la otra», dice el presentador televisivo con los labios fruncidos de indignación ante un robo violento. «Es una operación mediática en mi contra», se queja el dirigente envuelto en una causa judicial. «Que la Justicia investigue», se desentiende el funcionario acosado por denuncias. La sensación es que un buen abogado y sólidos contactos con el Poder Judicial garantizan impunidad. Y los intentos por dar transparencia y efectividad a uno de los tres poderes del Estado chocan con una realidad: si hay un consenso en la sociedad es que los jueces investigan solo a los que dejan el poder, que un empresario que evade impuestos y vacía una empresa nunca paga y que el habitante de un barrio privado con dinero no suele quedar preso por homicidio. ¿Habrá modo de resolver la cuestión?
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intentó modificar el Código Penal y pudo ponerle punto final al Código Civil y Comercial. En el primer caso, ese intento se frenó porque el diputado Sergio Massa logró cuestionar el alcance de las penas que deberían tener los condenados por delitos ligados con el narcotráfico. Fue en época de campaña y en un escenario en que arreciaban mediáticamente los casos de inseguridad. Muchos de los mismos juristas que habían apoyado la reforma se echaron atrás y se obligaron a bajar el tema de la agenda.
Donde sí hubo avances fue en el Código Procesal Penal que, montado en el cambio de paradigma hacia un sistema de acusación para dejar atrás el sistema inquisitivo, puso a la defensiva al establishment más tradicional del Poder Judicial. «La idea de un sistema acusatorio con un fiscal protagonista del proceso, con un juez que no investigue y con un defensor que pueda defenderse de la contraparte y no también de los jueces, nunca pudo cumplirse porque lógicamente estamos ante jueces omnipotentes que no quieren resignar su poder», dice Félix Crous, fiscal de la Procuración General de la Nación y uno de los fundadores de la Asociación Civil Justicia Legítima, quien acota que el actual sistema inquisitivo resulta en la práctica «muy útil para aquellos que quieran conseguir la simpatía, hospitalidad y beneplácito» de esos magistrados.
Este comentario genera tres apuntes al margen: qué modelo judicial es mejor, qué jueces integran ese club del rechazo a la reforma y quiénes son los encargados de «gestionar» esas simpatías judiciales. A la primera pregunta se puede responder que, como suele ocurrir en Derecho, hay media biblioteca de un lado y media del otro.
El sistema inquisitivo, que por su nombre despierta inmediato resquemor, proviene del Derecho Romano Germánico y luego de una institución católica de triste fama como la Inquisición. Un juez tiene potestad para iniciar una investigación sin necesidad de que haya denuncia o acusación previa. Es el sistema que rigió desde la colonia en los países que estuvieron bajo el dominio español o portugués y por tanto en la Argentina.
Comodoro Py. El edificio de los tribunales federales, en la ciudad de Buenos Aires, se convirtió en el escenario de disputas políticas. (Télam)
El proceso acusatorio, en cambio, tiene su origen en los países sajones y nació en el marco de una cultura que buscó formas de impedir los abusos del poder monárquico sobre los ciudadanos. A primera vista, parece un modelo más amigable con el ejercicio de la democracia. Sin embargo, hay quienes sostienen que en países como los sudamericanos –donde desde hace un par de décadas ese modelo se viene imponiendo a instancias de reformas impuestas por el Banco Mundial y el bid–puede encerrar la paradoja de que si la víctima de un hecho no tiene dinero para investigar o no encuentra eco en la fiscalía, su caso puede quedar impune. El ejemplo más claro es que en ninguno de estos países la investigación de los crímenes de lesa humanidad se inició a instancias del Poder Judicial. «El secreto es que tanto en un sistema como en el otro, algún estamento debe investigar, caso contrario, no estamos haciendo justicia», sería el resumen de esta posición.
Proyecto. Gil Lavedra, Garavano, Guastavino y Pinedo en la presentación de Justicia 2020. (prensa@jus.gov.ar)
En el derrotero hacia un sistema acusatorio, sin embargo, no parece haber escollos. Tanto Justicia Legítima como el proyecto que quedó en el freezer y el que ahora impulsa el gobierno de Mauricio Macri, se basan en ese nuevo rol para los fiscales. De allí que muchos crean ver en esto el origen de la efervescencia que se percibe en el edificio de Comodoro Py 2002, la sede de los tribunales federales. Para los analistas, ese es un foco de resistencia y oposición tenaz a cualquier reforma que intente cercenar el poder que hoy ostentan esos doce magistrados que tienen como objetivo llevar adelante la investigación de los casos de corrupción en la administración pública.
Sistema de lealtades
Pero desde fines de 2014, el sólido sistema de lealtades en torno a los jueces federales asentados en Buenos Aires crujió a partir del desplazamiento del patriarca de los espías criollos, Jaime Stiuso. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues que el exjefe de la Secretaría de Inteligencia era el hombre que por décadas había canalizado la necesidad del sistema político de anuencias en el Poder Judicial, un método que la expresidenta decidió clausurar casi al final de su mandato.
El cambio de gobierno podría haber implicado nuevas relaciones con el poder de los irónicamente llamados «doce apóstoles» de Retiro, pero la diputada Elisa Carrió, seguramente la principal gestora del acuerdo entre la ucr y el pro que dio vida a Cambiemos, sostiene una tesis contraria. Para la dirigente chaqueña, el titular de Boca Juniors, Daniel Angelici, es la cabeza de un equipo de operadores judiciales que mantiene las riendas del poder político dentro del sistema judicial. El hombre cumpliría el mismo rol que en el gobierno de Carlos Menem tuvo Hugo Anzorreguy desde la side con los que el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, denominó «los jueces de la servilleta», los magistrados que obedecían ciegamente a los dictados de aquel gobierno.
«El presidente de Boca Juniors interfiere con la Justicia con el consentimiento del Presidente», dijo Carrió en televisión, para agregar luego, mirando a cámara con gesto adusto: «Angelici, no maneje la Justicia Federal porque voy a ir contra usted. Yo tengo una relación excepcional con el presidente Macri, pero nunca voy a acordar con nadie la impunidad ni el manejo político de la búsqueda de la justicia».
Impulsor. Enrique Zuleta Puceiro.
La legisladora señala no solo al titular del equipo xeneixe en ese entorno oscuro de presiones, sino al vicepresidente 3º de Boca y exvicerrector de la uba, Darío Richarte, y al secretario de Finanzas de la actual afi, Juan José Gallea. Todos ellos estuvieron en la side de Fernando de la Rúa, terminaron salpicados en la llamada causa Banelco y nunca se fueron del todo de los organismos de inteligencia nacional, a los que ahora volvieron oficialmente.
Pero hay coincidencia en que si bien la denuncia de Carrió –un tema que era vox populi desde antes– se basa en hechos reales, lo que se verifica ahora es una suerte de rebeldía del Poder Judicial. Una rebeldía que pone en jaque a la dirigencia política y para algunos, incluso, al modelo de convivencia democrática. «Comodoro Py es como un Estado libre asociado a la República Argentina», deslizan las lenguas más afiladas del edificio del barrio de Retiro. Enrique Zuleta Puceiro es uno de los impulsores de este plan de reforma judicial que el gobierno de Macri envió al Congreso, el proyecto Justicia 2020. El docente universitario y encuestador reconoce el ambiente levantisco entre los jueces más conservadores, pero al mismo tiempo cree que este proyecto tiene muchas posibilidades de llegar a buen puerto.
Crítico. Fiscal federal Félix Crous.
«Son cuestiones que se vienen debatiendo en la sociedad desde la época de Raúl Alfonsín y que ahora se pueden poner en marcha porque este es un gobierno sin amplia mayoría legislativa», considera. Para Zuleta Puceiro, los proyectos que presentó el kirchnerismo «resultaron conflictivos porque hubo ciertos puntos álgidos que fueron exacerbados al extremo» y eso volteó los consensos que se habían alcanzado. En esto, Crous difiere: «En algún punto es hasta contradictorio un proyecto con el otro». El tema de controversia más dramático, cree, está en la reforma del Ministerio Público.
Fiscales en la picota
La Constitución de 1994 creó una Procuraduría General como un órgano extrapoder en el Estado nacional, pero las leyes constitutivas quedaron por resolverse en el futuro. En estos 22 años hubo algunos avances, hasta que la ley del kirchnerismo definió una institución con un poder ahora cuestionado por el propio presidente y su ministro de Justicia. Germán Garavano es hombre de la Fundación Fores, el foro de estudio sobre la Administración de Justicia, un think tank creado en tiempos de la dictadura para elaborar proyectos sobre el único de los poderes que no se presenta a comicios en los sistemas democráticos occidentales. En Fores y con la dirección de Garavano se elaboró el proyecto Justicia 2020.
«En lo que hace a los fiscales, el proyecto busca recortar el poder de Alejandra Gils Carbó», se queja Crous, haciéndose eco de las protestas de toda la oposición contra las fuertes presiones que sufre la procuradora por parte de Cambiemos. Tanto Macri como Garavano no se anduvieron con vueltas: pidieron públicamente que Gils Carbó diera un paso al costado y ante la negativa enviaron un proyecto de ley que literalmente desguaza su cargo en cuatro subprocuradores.
Zuleta Puceiro no coincide en que ese plan tenga como único objetivo forzar la renuncia de la funcionaria, pero señala que en todo caso «es una propuesta, y para que salga aprobada deberá contar con consensos legislativos. Toda reforma que en esa área se establezca deberá contar con consensos, es la única forma de que permanezcan en el tiempo». La mesura del sociólogo tiene un fundamento: el proyecto no cuenta con un apoyo contundente entre los radicales, los principales socios políticos del macrismo, pero no lo pueden decir abiertamente para no crear fisuras puertas adentro de la alianza gobernante. Ya tenían bastante con Carrió y ahora Margarita Stolbizer se sumó a las críticas en este hecho puntual.
Pero el proyecto Justicia 2020 apunta a algo más que a la Procuraduría. Se trata de un corpus legal que integran 140 leyes dividido en siete ejes y que incluye al Consejo de la Magistratura, el organismo también creado en 1994 para el control y la designación de jueces y que nunca cumplió debidamente su función. La última reforma de 2013 fue cuestionada porque «torció» la balanza hacia un lado que el establishment leguleyo y la oposición de entonces no aceptaron. Es otra de las deudas pendientes de la democracia, que no termina de consolidar un funcionamiento adecuado a las necesidades de la ciudadanía.
Nada nuevo. Reclamo de 2002, en medio de la mayor crisis económica y política del país. (Claudio Herdener)
En las últimas semanas dos magistrados severamente cuestionados como Norberto Oyarbide y Raúl Reynoso renunciaron a sus cargos cuando sus casos estaban en la mesa de debates del Consejo de la Magistratura. El caso de Oyarbide es más conocido: era uno de los «jueces de la servilleta» y lleva años de denuncias por actuaciones irregulares, cuando no escandalosas. Reynoso apareció como un adalid de la lucha antidrogas en Salta hasta que se descubrió su connivencia con las bandas de narcotraficantes. La renuncia no evitaría una investigación por su responsabilidad penal, pero como en el caso de su par porteño, le deja a salvo una onerosa jubilación, lo que despertó las quejas de algunos de los integrantes de ese cuestionado organismo.
Un editorial del diario La Nación previo a conocerse esa definición dejaba muy en claro la sensación que despertaba incluso en los sectores afines a Cambiemos. Una definición a la que no sería ajeno el titular de Boca Juniors: «Si se acepta su renuncia, (Oyarbide) se habrá burlado una vez más de la ley y de la ética judicial. Se reirá de todos los ciudadanos y será un pésimo ejemplo para todos los corruptos, empezando por muchos de sus pares». El editorialista buscaba que Macri dejara seguir el curso de los hechos en el Consejo de la Magistratura. Pero aceptó la renuncia al otro día de enviada.
Luego, Garavano dijo en un reportaje a Clarín que esperaba que hubiera nuevas renuncias en el Poder Judicial. Así se entendería el apuro en los casos Oyarbide y Reynoso. Podría ser una señal para que otros se bajen sin necesidad de derramamientos de sangre.
