La misma receta

Luego de 12 años en los que el país se mantuvo al margen del control del organismo financiero, el nuevo acuerdo stand by impone un fuerte ajuste de las cuentas públicas y la profundización del modelo neoliberal. Una historia de condicionamientos para la economía nacional.


(AFP/Dachary)

E n medio de la corrida más costosa –en términos de reservas– de la historia argentina, el gobierno adelantaba en mayo que recurriría al Fondo Monetario Internacional (FMI) como prestamista de última instancia. Hasta ese momento, nada hacía prever –incluso dentro de la propia comunidad financiera– que habría un nuevo acuerdo con el organismo multilateral de crédito. Incluso el gobierno buscó minimizar el impacto mediático a través del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien aseguró que se trata de un FMI «muy distinto al que conocimos hace 20 años». Sin embargo, tal como se reflejó en encuestas que establecieron más de un 75% de rechazo al acuerdo, en la población reavivó la huella de ajustes y crisis ya vividas y reeditadas a más de una década del alejamiento de las condicionalidades del Fondo.
Los primeros lineamientos del acuerdo stand by con el Fondo por 50.000 millones de dólares, presentado por Dujovne y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger en el CCK, establecen que en «consenso» con el gobierno se hará efectiva una reducción del gasto público de 3,8 puntos del PIB entre 2018 y 2020 –lo cual implica más ajuste, caída de la actividad económica y la consecuente recesión–. El acuerdo contiene también «cláusulas de salvaguarda» (un relajamiento de las metas fiscales del 0,2% del PIB por año), en caso de que sea necesario aumentar el gasto social (la cara humana del Fondo). La vigencia es de 36 meses y deberá ser reintegrado en los dos años posteriores, excediendo 2019 y condicionando al gobierno que suceda a Cambiemos.
La relación de Argentina con el FMI comenzó durante la década de 1950, con la denominada Revolución Libertadora, que solicitó un crédito de 75 millones de dólares. Pero, sin lugar a dudas, el momento de mayor sumisión al organismo surgió como correlato de un proceso de feroz endeudamiento y un modo de acumulación basado en la valorización financiera que comenzó a aceitarse durante la última dictadura cívico-militar y continuó durante los gobiernos constitucionales que la sucedieron, especialmente durante el menemismo, cuando la deuda externa trepó hasta la mitad del PIB, en un marco de déficit fiscal y externo. La dependencia del FMI se mantuvo hasta que en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner canceló en un solo pago la deuda pendiente, librando al país de los «controles» cuatrimestrales del organismo. Hasta hoy.

Desde el origen
La fundación del FMI se realizó después del desembarco aliado en Normandía, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944, en la Conferencia de Bretton Woods. Argentina se incorporó el 20 de julio de 1956 como miembro número 59, bajo el gobierno militar encabezado por el general Pedro Aramburu, que recibió un crédito de 100 millones de dólares del Eximbank, 75 millones del FMI, más otros 80 millones de bancos y empresas estadounidenses, iniciando una cadena interminable de préstamos que se sucedería por cinco décadas. «Durante el gobierno de Arturo Frondizi, en diciembre de 1958, se pide un stand by para sostener el programa económico de apertura al capital externo, aunque durante el primer año usa muy poco, porque ya en el período previo de medidas que precede a un acuerdo con el Fondo, se había empezado a devaluar. En esa ocasión –y en todas– para lo único que el Fondo pide reducir el déficit primario es para que el Estado pague los intereses de deuda y atienda la deuda», señala Noemí Brenta, investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y autora de Argentina atrapada. Historia de las relaciones con el FMI (1956-2006). En los años posteriores, el vínculo siguió cultivándose mediante acuerdos con diferentes grados de condicionalidad, con un interregno de nula relación durante el gobierno de Arturo Illia (1963-1966) y con ciertas tensiones durante la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía (1966-1970).


Manzanelli. Es para hacer aparecer el ajuste como una obligación externa.


Brenta. Funciona como un sello de garantía para mercados internacionales.


Vanoli. Si no hay cambios profundos, los desembolsos se van a ir a fuga.

Tras el golpe de Estado de 1976 y la apertura económica puesta en marcha por el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo de Martínez de Hoz, se logra cierto control en los precios, pero a costa de un endeudamiento que se volvió insostenible. La inflación cayó del 386% anual en 1976, a 150% en 1977, pero con un crecimiento de apenas 1,5%. Mientras que la deuda saltó de 7.800 millones de dólares en 1975 a 27.100 millones en 1980, acompañada por una histórica fuga de capitales y una febril especulación financiera. «La dictadura cívico-militar contrajo dos acuerdos stand by, en 1976 y 1977. En 1978 ya no accede porque la administración de James Carter votó en contra de Argentina en todos los organismos internacionales por la violación de los derechos humanos. Como dato saliente, el acuerdo de 1976 es el único que habla claramente de bajar el salario. No acuerdan más desembolsos, pero contratan a un experto del Fondo para que los asesore con el endeudamiento externo», relata Brenta. La historiadora explica además que este tipo de acuerdos, como el último obtenido por Argentina, actúan como «catalizadores de la confianza de los mercados internacionales. Funciona como un sello de garantía». De hecho, Argentina firmó 21 acuerdos de alta condicionalidad con el FMI, de los cuales nueve se firmaron sin crisis de balanza de pagos y no se utilizaron. «Fueron solo para sostener programas económicos, para legitimarse», detalla la autora del análisis de la relación FMI-Argentina.
En 1982, en plena Guerra de Malvinas, México entra en cesación de pagos externos y comienza a vislumbrarse una inexorable crisis financiera regional. Las elecciones de 1983, que consagraron a Raúl Alfonsín como presidente, no trajeron el bálsamo que la economía nacional necesitaba para despegar, y continuó el endeudamiento. El primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Grinspun, intentó limitar los condicionamientos del Fondo y propuso crear un club de deudores para afrontar las negociaciones con los acreedores externos. Pese a su buena voluntad, las relaciones de fuerza no permitieron avanzar en ese camino y fue reemplazado por Juan Vital Sourrouille, quien llegó al cargo con un plan de estabilización monetaria «sugerido» por el FMI bajo el brazo.

La última vez
El expresidente Carlos Menem, de la mano de su ministro de Economía, Domingo Cavallo, utilizó como ancla inflacionaria la paridad cambiaria 1 a 1, sostenida a la par de numerosas renegociaciones con el FMI. La deuda externa llegó a 144.600 millones de dólares a fines de 1999, lo que representaba cerca del 50% del PIB, estimado en 272.000 millones (1998), en un marco de déficit fiscal y externo. «En los años 90 el FMI tuvo un rol muy importante, ya que formó parte del financiamiento para el canje de los bonos. Y después quedó como vigilante, como gendarme de las finanzas. Incluso los países que firmaron el Plan Brady, que fueron 17, debían establecer acuerdos con el FMI, como condición sine qua non», recuerda Brenta.


Sin lugar para Festejos.
El 25 de mayo último se reestrenó en el país el clásico No al FMI. (Kala Moreno Parra)

En ese momento, además, se aplicaba el paquete neoliberal completo con el libreto del Consenso de Washington: disciplina fiscal, inflación como parámetro central de la economía, prioridades en el gasto público, reforma tributaria, tasas de interés altas, tipo de cambio apreciado, política comercial aperturista, inversión extranjera directa, privatizaciones y desregulación del sistema financiero. «La función del FMI también era supervisar y presionar para que los países firmantes del Brady adoptaran las reformas estructurales del Consenso de Washington. Era el paquete perfecto», añade Brenta.
La expectativa de un default de las obligaciones externas era inminente. Cuando el expresidente Fernando de la Rúa convocó a Cavallo como ministro se implementaron los aumentos de impuestos y recortes presupuestarios exigidos por el FMI, que no lograron salvar las cuentas públicas del rojo fiscal. La situación se agravó dramáticamente en diciembre de 2001, cuando el propio Fondo le negó a Argentina un nuevo financiamiento por 1.264 millones de dólares. Recién en septiembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Lavagna, lograron cerrar un acuerdo de tres años con el organismo, los últimos créditos stand by por 2.174 y 8.900 millones de dólares. Finalmente, el 3 de enero de 2006, Kirchner canceló en un solo pago la deuda con el FMI –más de 9.800 millones de dólares–, lo que permitió un ahorro de 842 millones de dólares en intereses y recuperar, por primera vez en casi cinco décadas, soberanía política e independencia económica. Poco tiempo antes había hecho lo mismo el entonces presidente brasileño, Lula Da Silva.

Noticias de ayer
«No hay un nuevo Fondo. Lo más parecido a un cambio fue en la época de la presidencia de Dominique Strauss-Kahn (2007-2011), cuando el organismo planteaba políticas más neokeynesianas. Eran momentos en que Estados Unidos tenía desequilibrios y se permitió un aumento del gasto público y políticas anticíclicas. Pero cuando Estados Unidos comenzó a crecer, el FMI volvió con sus políticas de siempre. Como sucedió con Grecia» (ver Grecia en ruinas), sostiene el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.
Durante los 36 meses de vigencia del acuerdo, el gobierno se compromete a recortar el gasto en obra pública y las transferencias a las provincias, continuar con la quita de subsidios, reducir las erogaciones salariales estatales y ajustar el sistema de la seguridad social. «Acelerar el programa de convergencia hacia el equilibrio fiscal», afirmó Dujovne en el CCK para referirse a un ajuste equivalente a 3,7 puntos del PIB, 19.300 millones de dólares o cerca de 480.000 millones de pesos.


Primer contacto. Lagarde recibió a Dujovne al día siguiente del anuncio presidencial. (AFP/Dachary)

La búsqueda de apoyo del Fondo responde a la constante y acelerada sangría de dólares que vive la economía argentina. La plaza financiera, el único canal de ingreso de dólares a la economía, comienza a ser menos atractiva y más riesgosa para los especuladores, quienes ven que la «bicicleta» parece haber dado todo lo que podía. Además, la suba de tasas de interés en Estados Unidos aceleró un final preanunciado. Los esquemas de valorización financiera requieren que en las economías centrales haya bajas tasas de interés para que no compitan en el financiamiento. «Un acuerdo con el FMI implica el reconocimiento de que en este momento no hay margen para un financiamiento voluntario en el mercado de capitales. En el mercado perciben que los desequilibrios económicos en estos momentos no son financiables», agrega Vanoli, titular de la consultora Cinfin.
Otro de los motivos de la decisión de solicitar el acuerdo tiene que ver con la pérdida de credibilidad del gobierno y del rumbo económico, a lo que se suma la incapacidad para coordinar sus políticas fiscales y monetarias. «El aspecto más importante de la vuelta del FMI no es el simple hecho de generar oxígeno a este modelo en un momento de corrida cambiaria y de crisis en el sector externo, sino principalmente lograr imponer el ajuste que siempre quisieron hacer desde que llegaron al gobierno y que no pudieron hacer por la resistencia social. Y el FMI juega ahí una carta en hacer aparecer al ajuste como una obligación externa, como una imposición generada desde afuera ante la necesidad de cubrir el déficit con deuda externa», sostiene Pablo Manzanelli, coordinador del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) y docente de de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
«Más allá del monto del acuerdo, la preocupación es que en los últimos dos meses el Central perdió más de 11.000 millones de dólares en reservas. Si no hay cambios profundos, el desembolso se va a ir en fuga de capitales. El Fondo pide meta en acumulación de reservas, y flotación pura del dólar. Pero con esta dinámica cambiaria no se van a resolver los desequilibrios», prevé Vanoli. «El ajuste fiscal es recesivo y puede reducir el déficit de cuenta corriente. Pero la Argentina es un país con una economía altamente dolarizada, con lo cual el pass through (traslado de la devaluación a precios) es inevitable. Entonces el sacrificio de recesión no redundará en mejoras del perfil exportador ni equilibrará la cuenta corriente», agrega el exfuncionario.
«Está claro que la vuelta al FMI es un regreso a las condicionalidades, para este gobierno y también para el próximo, pero también tiene resultados inciertos en la medida en que el límite que tenía el gobierno, que era un límite político y social, va a seguir operando en la sociedad», comentó Manzanelli. Sin embargo, como sostuvo la titular del FMI, Christine Lagarde, el día del anuncio del acuerdo, las medidas se sostienen en pos de restablecer «la confianza del mercado».
«El Fondo constituye una garantía de sostenibilidad, aunque es una condición necesaria del ajuste, pero no suficiente. El pedido de salvataje al FMI no es un mensaje para la sociedad, sino para el poder económico local y el capital financiero internacional, quienes no solo se alinean en el planteo del ajuste sino también en no perder plata. Se convierte en una señal de debilidad del gobierno que no logra alterar las expectativas del mercado», asegura Manzanelli.
«Estamos en una situación muy delicada, en la que el gobierno mostró que no tenía más herramientas aunque las reservas siguen siendo muy importantes, y donde el pedido del FMI es un recurso de última instancia», concluyó el docente de FLACSO. En tanto, para el extitular del Central, «la solución para la restricción externa no es seguir tomando deuda sino terminar con la política importadora, estimular el mercado interno y evitar la extranjerización de la economía, para que la actual crisis cambiaria no se transforme en una crisis de deuda».